La diputada del grupo nacionalista canario en el Parlamento de Canarias, Beatriz Calzada, denuncia que la consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario, Noemí Santana,  no actúa y se limita a declarar que desde el mes de mayo dan por precintado el centro, a pesar de que continúa operativo 

Beatriz Calzada señaló: ” Apelo a la responsabilidad, empezando por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pero también del alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, que igualmente permanece inmóvil. Actúen ya, que hasta ahora solo han ido a remolque de las denuncias de los vecinos de Guía y de Coalición Canaria” 

Los nacionalistas indicaron que el Cabildo de Gran Canaria tendría que haber habilitado, en los últimos 4 años, 1000 plazas socio sanitarias pero “no se ha dado respuesta y ante esta escasez de plazas, la ciudadanía se ve abocada a acudir a este tipo de centros”, apuntó Beatriz Calzada 

La diputada del grupo nacionalista canario en el Parlamento de Canarias, Beatriz Calzada, muestra su asombro y preocupación por la inacción manifestada por el Gobierno de Canarias al mantener aún abierta la residencia de mayores ilegal La Milla, investigada por la Fiscalía y situada en Santa María de Guía. “Nos encontramos ante un despropósito absoluto. Nuestros mayores continúan alojados en una residencia que no cumple con las condiciones necesarias, totalmente desprotegidos, y la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, se limita a declarar que han actuado desde el principio y que ellos desde el mes de mayo la dan por precintada. Es una vergüenza y de una gravedad extrema estas declaraciones”, apuntó la diputada nacionalista.

En esta línea, Beatriz Calzada declaró que, en lugar de limitarse a ofrecer ese tipo de declaraciones vacías, deben iniciar cuanto antes el procedimiento pertinente para cerrar la residencia de manera definitiva y reubicar a los mayores que hasta ahora residen en ella, “deben actuar con contundencia y urgencia. Nuestros mayores no deben permanecer ni un minuto más en La Milla, se están vulnerando sus derechos mientras la consejera de Derechos Sociales mira hacia otro lado al permitir que la residencia se encuentre abierta”, añadió.

Beatriz Calzada indicó que el Gobierno de Canarias debe perseguir la excelencia en el funcionamiento de las residencias de mayores para velar por el bienestar de sus residentes y afirmó: “Parecen haberse olvidado de las declaraciones de intenciones que hicieron cuando el Diputado del Común emitió un informe del estado de las residencias en Canarias y señaló algunas en las que las condiciones eran lamentables, como el caso en el que nos encontramos ahora. Apelo a la responsabilidad, empezando por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pero también del alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, que igualmente permanece inmóvil.  Actúen ya, que hasta ahora solo han ido a remolque de las denuncias de los vecinos de Guía y de Coalición Canaria”.

La nacionalista explicó que, según las inspecciones realizadas, el centro carece de licencias y las mínimas condiciones de habitabilidad y sanitarias para el cuidado de personas mayores y, por otro lado, que la Fiscalía fue clara y rotunda al pronunciarse y manifestar que las instalaciones no cumplen con los requisitos mínimos arquitectónicos y de cuidados de mayores.

Asimismo, la diputada señaló: “La Consejería que dirige Noemí Santana hace caso omiso a los informes que le ha trasladado la Fiscalía. En el último le advertían de la situación y le preguntaban sobre qué medidas iban a tomar. Parece que el Gobierno de Canarias no se decide a actuar y a pesar de este escenario, algunos de los internos de la residencia El Valle, que fue desahuciada, fueron trasladados a La Milla. Una situación del todo inexplicable, pues la residencia debería cerrar y en cambio, continúa funcionando e ingresando a nuevos mayores”.

Escasez de plazas y de inspectores

Al mismo tiempo, la nacionalista indicó que el Cabildo de Gran Canaria tendría que haber habilitado, en los últimos 4 años, 1000 plazas socio sanitarias pero “no se ha dado respuesta y ante esta escasez de plazas, la ciudadanía se ve abocada a acudir a este tipo de centros”, dijo. Igualmente, Calzada hizo referencia a la escasez de inspectores puntualizando que “aunque aún siguen haciendo falta más, se debería notar las nuevas contrataciones efectuadas”.