Canarias decide elevar un recurso de casación al Supremo por el rechazo del TSJC al toque de queda

En línea con un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad, el Consejo de Gobierno cree que existen argumentos “contundentes” para recurrir el auto del TSJC en su totalidad con el fin de restringir la movilidad de 0:30 a 6:00 en islas en nivel 3 y 4

El Ejecutivo estudiará la opción de vincular la movilidad en el interior de espacios públicos, como restaurantes o bares, a la presentación del certificado de vacunación, descargado ya por medio millón de residentes, un test rápido o una PCR negativa

El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido esta tarde en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, ha decidido elevar un recurso de casación ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que rechazó (este miércoles 14 de julio) la petición del Ejecutivo regional de que se permitiera un toque de queda de las 00:30 a las 6:00 horas en islas en niveles 3 y 4 por la pandemia de la COVID-19.

Tras la reunión del Consejo, el portavoz del Gobierno, Julio Pérez explicó que el recurso se presentará en el plazo de 3 días que estipula la ley y que los servicios jurídicos de la Comunidad han elaborado un informe que concluye que existen argumentos “contundentes” para ese recurso respecto al auto del TSJC en su conjunto.

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Pérez subrayó que, entre otras razones, los servicios jurídicos consideran que, frente a la tesis del TSJC, sí existe proporcionalidad entre la situación sanitaria de Canarias y esa limitación de la movilidad nocturna que propone el Ejecutivo. “A diferencia de lo que señala el Tribunal Superior, creemos que sí hay un peligro grave e inminente para la población de las Islas. El TSJC cree que eso no se ha acreditado atendiendo a la presión asistencial y hospitalaria, pero el Gobierno considera que eso se puede discutir y que el toque de queda puede ser defendido ante el Supremo”, indicó el portavoz.

El recurso también se fundamentará en que, si bien es cierto que medidas de legislación ordinaria sobre actividades clasificadas y de intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad ofrecen resultados para disolver concentraciones como la de los botellones, uno de los principales focos de los contagios ahora, el Ejecutivo cree que es mucho más efectivo evitar que esas situaciones se den si no se permite transitar entre las 0:30 y las 6:00 horas. Una franja horaria en la que, además, tampoco hay excesiva actividad social porque la restauración y los bares deben cerrar antes y porque, en islas en nivel 3 y 4, no se permite el acceso a sitios como las playas o parques públicos. “Es mucho más fácil evitarlo si no se puede salir de casa –indicó Pérez- que si se espera a que actúen las fuerzas de seguridad, levanten acta y se tramiten los procedimientos”.

El recurso también cuestionará la tesis del TSJC de que habría que tener confianza en que la mayor parte de la población cumple las normas y, por eso, no se debe restringir la movilidad. “Eso puede compartirse, pero los epidemiólogos nos dicen que comportamientos que pueden ser excepcionales, como los botellones, sí tienen incidencia sobre el conjunto de la población”, explicó Pérez.

Tanto el portavoz como el consejero de Sanidad advirtieron del aumento en las incidencias acumuladas de la COVID en la última semana en islas como Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura o La Palma. Por esta mala evolución, el Gobierno considera que está justificado el toque de queda en islas en niveles 3 y 4 o, en su defecto, en los municipios con mayor afección. Como el TSJC no respaldó ninguna de esas dos opciones, el Ejecutivo recurrirá su auto en su integridad.

Vincular la entrada en espacios públicos al certificado COVID, los PCR o los test rápidos

El Consejo de Gobierno también decidió hoy estudiar, la próxima semana y junto a la mesa sectorial de restauración, la posibilidad de que se vincule el acceso al interior de establecimientos en los que haya relación social, como los restaurantes y bares, a que se porte el certificado de vacunación de la COVID, una PCR negativa o un test rápido que demuestre estar libre del virus. Pérez recalcó que esto ya se ha hecho durante gran parte de la pandemia, con gran éxito, en los establecimientos alojativos de las Islas y considera que puede servir para frenar el aumento de contagios. El consejero de Sanidad, además, indicó que esto se reforzará con la decisión del Consejo de Ministros del próximo martes de que se puedan adquirir test rápidos en las farmacias a un precio de entre 10 y 12 euros.

Esa posible vinculación se adoptaría en el próximo Consejo de Gobierno y, previamente, se abordaría con los integrantes de la mesa sectorial de la restauración y el comercio. Según señaló Pérez, otros territorios ya han adoptado esta medida y el certificado de vacunación ha sido descargado por medio millón de residentes en las Islas con pauta completa, lo que demuestra la facilidad de su obtención en el sitio web de la consejería de Sanidad. Además, recordó que se han extendido prácticas de seguridad como la toma de temperatura en ciertos lugares, por lo que considera que puede ser muy bien aceptada por la población y los sectores afectados.

Pérez anunció también que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, volverá a dirigirse mañana (viernes 16 de julio) al delegado del Gobierno en las Islas, Anselmo Pestana, y a los alcaldes de los 88 municipios isleños para intensificar aún más los controles policiales, sobre todo teniendo en cuenta que llega un fin de semana que, además, incluye un viernes festivo en ciudades como Santa Cruz de Tenerife.

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