El Ayuntamiento de Guía aprobó hoy en Pleno una Propuesta Institucional de apoyo al Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Gáldar en su no conformidad con el punto 2.3 de la Orden publicada el pasado día 4 de noviembre en el BOC que modifica la organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas estableciendo que el alumnado de estos centros matriculado en la enseñanza de Formación Básica Inicial (FBI) podrá permanecer en esta modalidad un máximo de cuatro años.

La Propuesta Institucional aprobada por el Pleno celebrado en la mañana de hoy se suma al CEPA de Gáldar en su reivindicación  de una apuesta firme por una educación que ponga en valor y respete la formación permanente a lo largo de la vida y sin fecha de caducidad en la FBI. Las consecuencias de la entrada en vigor de la mencionada orden supondría la negación del derecho de matriculación, que en el caso del CEPA de Gáldar afectará a unas 500 personas de los municipios de Guía, Gáldar, Agaete y Moya.

La modalidad de enseñanza FBI en  este centro acoge actualmente 573 matrículas de alumnado de los cuatro municipios señalados anteriormente. El perfil generalizado es el de personas mayores  en proceso de envejecimiento activo, a quienes la ley ampara su derecho a recibir una formación permanente acorde a sus necesidades a lo largo de la vida. Por otro lado, se encuentra, también, el alumnado con necesidades educativas especiales que encuentran en esta modalidad una respuesta a sus demandas de socialización y aprendizaje. Además está el alumnado derivado de los servicios sociales municipales, en algunos casos, en riesgo de exclusión social; el  alumnado extranjero con dificultades de integración a causa del idioma y, finalmente, alumnado en otras situaciones a los que desde la Educación de Personas Adultas se les acompaña en su proceso formativo, diseñando una enseñanza de calidad adaptada a toda esta diversidad, dentro del sistema educativo público.

Es por ello, se recoge en la Propuesta Institucional,  por lo que se pone en cuestión el punto 2.3 de esta nueva orden de funcionamiento para los centros de educación de personas adultas, en tanto que discrimina a las personas más vulnerables de la sociedad, subrayando especialmente que muchos de estos mayores  no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación y son los centros de públicos de Educación de Personas Adultas los que les están facilitando el  aprendizaje de competencias funcionales para la vida, competencias adaptadas a sus necesidades, como la capacidad de desenvolverse en un mundo digitalizado.