Históricamente, en los diferentes ámbitos de negociación, en sus acciones reivindicativas y en las calles, Intersindical Canaria ha venido luchando contra los excesivos niveles de precariedad y eventualidad a los que están sometidos el conjunto de trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS). Venimos abogando, no por el engaño de la estabilización, donde efectivamente, se estabilizan los puestos de trabajo, pero donde los profesionales que llevan en el Servicio Canario de la Salud más de veinte años en precario y sometidos al abuso de temporalidad de las Administraciones Públicas, sencillamente, o pierdan el empleo o vean aún más precarizada su situación.

A una situación de altísima temporalidad, la más alta del estado, hay que añadir la sobrecarga laboral, ya que en este Servicio de Salud, el número de profesionales de todas las categorías, en base a la población asistida y en un territorio fragmentado es el más bajo del conjunto del estado español.

Por si hubiese que justificar algo más, esos mismos trabajadores a los que ahora se pretende someter a un examen en una OPE al uso, han hecho frente, en un contexto de desmantelamiento del Servicio Sanitario Público por los sucesivos recortes a una situación de emergencia sanitaria sin precedentes y han luchado contra una pandemia, la del coronavirus, con sus derivaciones, sin apenas recursos ni medios de protección personal.

Por estas cuestiones, solo podemos entender en el contexto socioeconómico y de salud de la población canaria, primero, un proceso de transformación en interinos de trabajadores eventuales de más de tres años, una ampliación de la oferta de empleo y por último, una Oferta Pública de permanencia y consolidación en el empleo para todas las categorías profesionales del SCS, respetando las especificidades, de manera coordinada a través del Consejo Interterritorial para evitar el efecto llamada. Algo de sobra justificado por lo precario de la situación.