Independientemente de lo que pensemos todos, hagamos una recapitulación sobre la vicisitudes o vaivenes de este controvertido proceso
En enero de 2017, en Junta del Consejo Municipal del Patrimonio, el arquitecto municipal expone claramente que, con respecto a las plazas: “la idea es primero conservar, segundo restaurar, y tercero, ya en última instancia y si no queda otra, reformar”.
A lo largo del año 2017 se desarrolla un concurso de ideas. Son sometidos a votación tres diseños finalistas, sin posibilidad de poderse votar en contra de ellos. Sale ganador un proyecto, con 464 votos de 628 (un 5% del censo electoral). Este proyecto ganador va dotado de un premio de 30.000€, pero es un diseño que viola la legislación vigente de la ley de Patrimonio Histórico y del Plan de Ordenación.
En octubre de 2018 un ciudadano particular pide información sobre dicho proceso participativo. Recibe contestación a finales de enero de 2019 y en ella se le contesta que “se va a proceder a la realización del proyecto ganador.”
El 15 de febrero de 2019, con una campaña electoral en puertas, es convocado un pleno extraordinario con carácter de urgencia, en el que se anuncia que no hay proyecto, sino propuestas no vinculantes. Al mismo tiempo, el grupo de gobierno expone que se va a reabrir el proceso participativo en el que tendría cabida una Comisión de expertos especialistas en Patrimonio Histórico.
En agosto de 2019 se empieza a llevar a cabo unas obras en la Plaza Chica, una remodelación para un parque infantil, de la cual no se ha informado adecuadamente a la ciudadanía.
Para el 30 de junio de 2020 se convoca otro pleno extraordinario en el que, insólitamente, se plantea eliminar los acuerdos del pleno de febrero de 2019, y en él se anuncia la idea de reabrir la realización del proyecto ganador.
En esa misma mañana, a los pocos minutos de finalizar el pleno, el alcalde presenta en los medios un audiovisual en el que se reafirma en el compromiso del gobernante de velar por el patrimonio. Pero lo llamativo es que ese proyecto, que pudieron haberlo defendido en pleno, es completamente distinto (si bien algo más coherente con el respeto al patrimonio) al que ganó el concurso de 2017. ¿Pero por qué no lo presentó en el pleno ocultándolo a los asistentes?
Con independencia de que el nuevo proyecto pueda gustar más o menos, es cierto que cumple con la legalidad vigente. Pero ¿por qué anular el pleno extraordinario de febrero de 2019? ¿Acaso tiene miedo a un nuevo proceso participativo más democrático y coherente? ¿Acaso el miedo es a convocar a esa Comisión de expertos especialistas en Patrimonio Histórico? ¿Dónde están esos 30.000€ del premio de ese proyecto presuntamente ilegal no ejecutado?
Además de estas dudas, ¿la realización de este nuevo proyecto cuánto ha costado? ¿Cuánto va a costar? ¿A cuánto asciende la factura desde 2016 desde que empezó el proceso participativo? ¿Por qué no se constituye el Consejo Municipal del Patrimonio de esta legislatura? Desde luego hubiera sido mejor haber contado con dicho Consejo Municipal desde el primer momento, y de esa forma nos habríamos ahorrado miles de euros en tanto cambio, que nos vendrían de lujo en esta situación para la reactivación económica. Exigimos que la Concejalía de Transparencia se encargue de aclararlo, pues el pueblo lo merece.
