CC-PNC-AHÍ, con sendas enmiendas de PP y ASG, ha presentado la iniciativa a petición de la ONG Equalia, instando a la aprobación de una proposición no de ley en la comunidad autónoma de Canarias, para la instalación de cámaras de videovigilancia en todos los mataderos de las islas
Tras la presentación de la iniciativa por parte de la ONG Equalia a todos los grupos parlamentarios, CC-PNC- AH registró una proposición no de ley que hoy ha sido respaldada por unanimidad, instando al Gobierno de Canarias a presentar un proyecto de ley para la instalación de cámaras de videovigilancia en los mataderos canarios, como complemento a la función de control de los servicios veterinarios oficiales. Los grupos parlamentarios PP y ASG han presentado sendas enmiendas a dicha proposición.
La ONG Equalia inició a finales de 2018 la campaña Ley de Cámaras de Videovigilancia en Mataderos, para pedir la instalación obligatoria de cámaras de vigilancia en todos los mataderos españoles, con el objetivo de garantizar de manera efectiva y rigurosa el cumplimiento de las normativas de bienestar animal y seguridad alimentaria. Durante este tiempo, la ONG ha publicado seis investigaciones en seis mataderos diferentes, que desvelaron una violencia nunca antes vista en España: animales golpeados, pateados, degollados sin aturdimiento, una vaca colgada mientras un operario cortaba sus patas cuando aún estaba consciente, un trabajador orinando en los corrales donde alojan a los animales o corderos entrando en la cadena sin ser aptos para su consumo. Prueba de esta necesidad es el último vídeo presentado por la ONG de un matadero de Valmojado, en la provincia de Toledo. Las imágenes muestran una violencia desmesurada hacia los corderos y un flagrante incumplimiento de la ley de seguridad alimentaria e higiene.
Equalia ha arrojado luz a una problemática desconocida, ante la cual aportan una solución: cámaras de videovigilancia en mataderos, tal y como ya existe por ley en países como Inglaterra, Escocia o Israel, y en consonancia con la demanda del consumidor, esto es, conocer la procedencia de aquellos productos que consume. Prueba del gran apoyo obtenido se encuentra en la adhesión a la propuesta de grupos de interés como el sindicato Comisiones Obreras a nivel nacional o FACUA Castilla y León. Además, la industria cárnica, a través de ANICE (Asociación Nacional de Industrias de la Carne en España) solicita a la administración la instalación de cámaras de vigilancia, sin duda una propuesta de modernización y mayor transparencia de la industria cárnica.
La ONG ha colaborado con grandes empresas como El Pozo Alimentación o Carrefour, que pide ya a todos sus proveedores de marca propia y Calidad y Origen la instalación de cámaras. Para ello, la ONG ha elaborado un protocolo de acción, junto a veterinarios de la industria cárnica, con especial interés en las tres medidas estelares: implementación de cámaras en todas las zonas de manipulación de animales vivos, almacenamiento de las imágenes durante un mes, con estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y visionado de las mismas por parte del matadero y del Servicio Veterinario Oficial de la comunidad autónoma.
Por su parte, AESAN (la Agencia Española de Seguridad Alimentación y Nutrición), organismo perteneciente al Ministerio de Consumo, está trabajando en un proyecto de real decreto por el que se establecen medidas para el control del bienestar animal en los mataderos mediante la instalación de sistemas de videovigilancia. El 14 de abril de 2020, AESAN remitió a todas las comunidades autónomas el primer borrador de dicho real decreto. La Subdirección General de Higiene, Seguridad Alimentaria y Nutrición, unidad de la que dependen los veterinarios oficiales que habitualmente realizan los controles en los mataderos, remitió sus observaciones el 28 de abril. Hace unos días, el Ministerio de Consumo sacó a consulta pública previa dicho proyecto, cuyo plazo concluyó el 23 de octubre.
“Calculamos que, gracias a nuestra propuesta y al trabajo desempeñado tanto a nivel institucional como empresarial y sindical, en estos momentos el 70% de los mataderos españoles ya cuentan con un sistema de videovigilancia, y siguen el protocolo y las especificaciones marcadas por Equalia”, asegura María Villaluenga, portavoz de Equalia.
Equalia ha trabajado esta propuesta a nivel autonómico en trece comunidades. En diez de ellas, ya se ha presentado una proposición no de ley (Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Región de Murcia, Asturias, Castilla La Mancha, Navarra y Canarias), aprobándose, por ahora, en seis: Baleares, Navarra, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y ahora en Canarias.
