El avance de los datos relativos al número de casos de COVID-19 en las islas así lo deja entrever. Si bien hace dos meses, las cifras indicaban una relativa contención de la pandemia, gracias a las medidas de confinamiento, higiene, uso de mascarillas y distanciamiento, las prisas de este gobierno, claramente abducido por la elite empresarial turística, en cuanto a proceder a una apresurada reapertura y vuelta a una entelequia denominada “nueva normalidad”, trae consigo para Canarias una situación de segunda onda epidémica que, en este caso, supera a la anterior y nos llevará, sin duda, a un nuevo confinamiento.
Y es que, el grupo de irresponsables que integra el ejecutivo Canario, (PSOE y sus socios), con el flamante consejero de sanidad en la sombra, lejos de establecer desde el 21 de junio, fecha de finalización del estado de alarma, medidas y protocolos unificados para aplicar a través de todos los entes de la Administración Pública, como por ejemplo, controlar mediante pruebas PCR en origen a los turistas, se limita a aprobar, una suerte de improvisaciones que ya deberían estar vigentes, como el uso obligatorio de mascarillas, la limitación de las reuniones familiares o del ocio nocturno. Pero lo más grave, es que esto, además de realizarlo tarde, no se cuenta ni se ha dotado de los efectivos necesarios de vigilancia para exigir el cumplimiento de las medidas por parte de los empresarios y la ciudadanía, ya que, al menos, la presencia de los trabajadores de los servicios esenciales, tendría carácter disuasorio. Así, las plantillas de estos servicios y de salud pública, se mantienen absolutamente mermadas. De este modo, y poniendo como ejemplo cifras como las de la isla de Gran Canaria, las playas y lugares de ocio permanecen abiertas sin ningún tipo de control acerca del comportamiento de la población.
Más grave aún si cabe es que ha quedado en el olvido el objetivo de fortalecer la sanidad pública, el derecho fundamental de la ciudadanía a la salud y los derechos laborales. A día de hoy, los trabajadores no estamos totalmente seguros que vayamos a disponer de equipos de protección, la prevención de riesgos laborales sigue estando desmantelada y los Servicios de Salud siguen estando infradotados en cuanto a recursos humanos. Hay unidades de hospitalización cerradas en Canarias por falta de personal; la Atención Primaria de Salud se encuentra en algunas gerencias al borde del colapso y de continuar en esta dinámica ascendente de casos vendrán las consecuencias sanitarias derivadas de la segunda onda pandémica: tampoco se podrá atender la patología no COVID-19, volviendo al cierre de consultas y quirófanos con el riesgo resultante y el ejemplo lo tenemos en los datos recientemente publicados de las listas de espera. Para que hablar de las consecuencias socioeconómicas en esta tierra.
En cuanto a las pruebas PCR, los resultados en ocasiones se demoran hasta 48 horas y no existe un protocolo único, ni siquiera un sistema que garantice que los pacientes positivos para COVID-19, asintomáticos o no, cumplan con la cuarentena o el sistema de rastreo sea garantista.
Y es que, en la gestión de la emergencia sanitaria, los intereses económicos se han priorizado sobre la salud y la vida de la ciudadanía. La vuelta a una análoga Fase II es prioritaria para evitar en breves días, tener que recurrir al confinamiento total. Tenemos así, perversos síntomas de ineptitud y temeridad en los dirigentes del gobierno de Canarias, ante lo cual, lo que mejor que puede suceder a esta tierra es que se vayan.
