La Guardia Civil del Puesto Principal de San Mateo, en Gran Canaria, ha investigado el pasado día 09 de septiembre a un vecino de Santa Brígida de 33 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de simulación de delito, al denunciar falsamente la sustracción de su vehículo en la vía pública de dicho municipio.
Las pesquisas comenzaron el pasado día 14 de agosto, cuando el referido vecino acudió a dependencias de la Guardia Civil en San Mateo denunciando que alguien le había robado esa madrugada su vehículo tipo turismo, señalando en la misma denuncia la pérdida o extravío de la llave de arranque del citado coche, lo cual llamó la atención a los agentes.
Dos días después la Guardia Civil del citado Puesto Principal recibió unas diligencias de la Policía Nacional por un vehículo siniestrado, en el barrio de San Lorenzo de Las Palmas de Gran Canaria, durante la madrugada del mencionado día 14 y siendo el turismo el denunciado por el mencionado vecino. Los agentes de la Policía Nacional realizaron un atestado señalando que en el vehículo en cuestión no se apreciaba signo alguno de forzamiento que hiciera creer que hubiese sido robado.
Los indicios policiales recopilados y varias incoherencias reflejadas por el mencionado vecino hicieron que la Guardia Civil finalmente investigara al interesado el pasado día 09 del presente mes como presunto autor de un delito de simulación de delito.
El investigado y las diligencias policiales han quedado a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Penas por la simulación de delito
Cabe destacar que la simulación de un delito puede conllevar penas que van desde los 6 meses de hasta los 2 años de cárcel, o multas que irían desde los 3 hasta los 24 meses o inferiores, dependiendo del nivel de gravedad del falso delito y de falsas imputaciones a terceras personas, tal como aparece reflejado en los artículos 456 y 457 del Código Penal.
Este tipo de denuncias además causan un grave perjuicio a las unidades policiales que las reciben, puesto que motivan que se consuma una serie de recursos de personal, tiempo y material, afectando considerablemente al normal desarrollo de las investigaciones que se realizan por hechos reales.
