- Los grupos PP, UxGC-CC y Cs instan al gobierno insular a aprobar la liquidación del pasado ejercicio para poder liberar el 20% del superávit autorizado por el Estado y solicitan un Pleno extraordinario a fin de reorientar el Presupuesto 2020 al nuevo escenario económico y social provocado por la pandemia
- Las tres fuerzas políticas recuerdan que no existen razones legales, técnicas ni materiales que impidan celebrar comisiones informativas o sesiones plenarias durante el Estado de Alarma
Los tres grupos políticos de la oposición en el Cabildo de Gran Canaria (PP, UxGC-CC y Cs) han reclamado hoy al gobierno insular la inmediata elaboración y puesta en marcha de un gran Plan de Reactivación Económica con una inversión de 800 millones de euros en los próximos cuatro años para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus en la Isla.
Este Plan de Reactivación, consensuado previamente con los agentes sociales de la Isla, se basa en tres líneas de actuación prioritarias: la atención directa a los colectivos más vulnerables, el apoyo a empresas y trabajadores autónomos como impulso a la actividad productiva y la generación de empleo, y la compensación de tasas y cánones a los ayuntamientos para garantizar la prestación de servicios esenciales en todos los municipios.
“Nuestra propuesta pretende ampliar el paquete de medidas anunciado por el gobierno insular el pasado 23 de marzo y activar un plan mucho más ambicioso que contribuya a estimular la economía local y paliar las graves consecuencias que esta crisis sanitaria, económica y social está teniendo en miles de familias y negocios de la Isla”, explican los portavoces de la oposición.
Asimismo, las tres fuerzas políticas instan al gobierno insular a aprobar con la mayor urgencia la liquidación del Presupuesto 2019 para, según los dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de Medidas Urgentes Extraordinarias, conocer la cuantía exacta que se puede destinar a amortiguar el impacto social y económico de la pandemia, sin que este gasto afecte a los objetivos de estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de la regla de gasto.
Para los grupos de la oposición “es una necesidad urgente movilizar el 20% del superávit autorizado por el Estado a las Corporaciones Locales para dar apoyo a las familias y colectivos más castigados por la crisis del coronavirus, que tras la paralización de gran parte de la actividad económica han visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para hacer frente a los gastos más básicos para el mantenimiento de sus hogares”.
A su vez, PP, UxGC-CC y Cs abogan por reorientar el Presupuesto 2020 al nuevo escenario económico y social provocado por la pandemia, modificando aquellas partidas de difícil ejecución en el presente ejercicio o que han dejado de ser prioritarias ante esta nueva realidad, como por ejemplo los 4,1 millones de euros consignados para la compra de terrenos, los 5,2 millones para la adquisición de patrimonio o los 1,2 millones para la celebración de ferias y eventos en Infecar.
Así, los tres grupos de la oposición han solicitado hoy por escrito la celebración de un Pleno extraordinario para aprobar la liquidación correspondiente a 2019, movilizar el superávit disponible, reorientar el Presupuesto vigente y activar cuanto antes, con las aportaciones de todos los grupos políticos, el Plan de Reactivación económica con una ficha financiera anual de 200 millones de euros.
Reanudar comisiones informativas y sesiones plenarias
Los portavoces de la oposición han vuelto a exigir que se levante la suspensión de las Comisiones Informativas y las sesiones plenarias decretada el pasado 17 de marzo al objeto de garantizar el normal funcionamiento de los órganos colegiados del Cabildo de Gran Canaria y, en aras a una mayor transparencia, no obstaculizar la labor de control y fiscalización de los grupos de la oposición a la gestión del gobierno insular. “No existen razones legales ni técnicas ni materiales que impidan la celebración de estas sesiones por vías telemáticas”, subrayan.
Además, cabe recordar que el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, establece en su disposición final 2ª la obligación, en situaciones de excepcionalidad como el Estado de Alarma, de asegurar la participación política efectiva de todos los consejeros a través de medios electrónicos como la videoconferencia u otros sistemas tecnológicos audiovisuales.
