Nuestro país, es junto con los países del Este de Europa, el socio comunitario en donde las cuantías para reducir el riesgo de pobreza son de las bajas, según concluye un estudio publicado recientemente por la Autoridad Fiscal (AIREF), que advierte de la ineficacia de la redistribución de las rentas lo que implica poca eficacia en la reducción de las tasas de pobreza.

Está comprobado que en aquellas comunidades autónomas con niveles de renta superiores y que apuestan por la Renta de ciudadanía han aumentado la riqueza de las mismas, dando oportunidad de progresar y avanzar en las sociedades más igualitarias, y en reducir sustancialmente los niveles de pobreza. Tal es el caso de comunidades como el País Vasco y Navarra.

Canarias tiene una de las bolsas de pobreza mayores de España y de Europa. Sin embargo, hasta ahora se ha mirado con recelo cualquier tipo de ayuda continua, más se sentenciaba con “el que no trabaja es porque no quiere”, que por las verdaderas desigualdades existentes entre los que acceden a bienes y servicios y los que no pueden acceder de ninguna de las maneras.  Una culpabilidad calvinista que impera en gran parte de la sociedad y de algunos en la política.  El 38% de la población canaria infanto-juvenil se encuentra en riesgo de pobreza y es vergonzoso como la pobreza infantil no se aborda desde diferentes ámbitos, como el acceso a la educación, a políticas sanitarias de malnutrición, sociales y familiares como componentes estructurales y perpetuos de generación en generación, así como el derecho a la vivienda y acceso a bienes y servicios comunitarios.

En los años últimos, los niveles de desigualdad en nuestra comunidad se han acrecentado, mientras más o menos salimos de la crisis, muchas personas se quedaron en la cuneta y les ha sido imposible salir del ciclo infernal que perpetua la pobreza de generación en generación. La falta de acceso a vivienda pública en los últimos 11 años no ha más que ahondado el grave problema habitacional asociado a la pobreza. La escasa apuesta de los últimos gobernantes isleños, más preocupados por cambiar las leyes del suelo para seguir planteando un modelo abrasivo del territorio que por generar un parque de vivienda de alquiler para las clases menos pudientes. Por tanto, pobreza viene asociado a no tener los recursos necesarios para productos básicos, pero también por no tener expectativas habitacionales, llegando a ser agrupamientos familiares de más de dos generaciones (abuelos, hijos y nietos).

La pobreza tiene nombre de mujer y el perfil actual de la Prestación Canaria de inserción es de mujer, en siete de cada diez solicitudes, como media de 42 años, hogares monoparentales y madre soltera con hijos a cargo, 8 de cada diez solicitantes posee poca o ninguna formación académica y el 87% son desempleados. La problemática está en la escasa normalización del mercado laboral estable, la escasa normalización de la formación y la escolarización (altas tasas de fracaso escolar y jóvenes que no acaban la ESO), y los desajustes personales (personas con problemas mentales, ex drogodependientes, con problemas físicos y psíquicos, etc). La problemática principal es que carecen de los recursos necesario para la adquisición de alimentos equilibrados (verduras, frutas, carnes o pescados) y los problemas relacionados con la vivienda (desahucios por impagos, vivienda no asequible en precios y falta de vivienda de protección social).

Por otro lado, hay que destacar en las encuestas hechas a los trabajadores y trabajadoras sociales  que el 85% de los encuestados manifiestan, que hay una insuficiente red de recursos municipales  para llevar a cabo las medidas de integración social y laboral , los seguimientos de las personas que perciben las ayudas apenas se saldan con la entrega de curriculum en empresas y poco más, los planes individuales  no se le asiste en el seguimiento y las medidas de inserción social o laboral  no son efectivas . Además, el 65 % de las encuestadas consideran que los beneficiarios muestran poca motivación hacia el cambio, lo que se traduce en la falta de confianza en sus planes de inserción, como herramienta eficaz para mejorar su situación.

Existen tres instrumentos potentes en los próximos años para luchar contra la pobreza y son la Ley Canaria de Servicios Sociales, la futura Ley de Renta Ciudadana y la futura ley del tercer sector aún muy en pañales, estas tres leyes conjugadas pueden dar  pie a que en los próximo años podamos avanzar decididamente en abordar de manera integral el fenómeno multicomponente y multi-complejo de la pobreza en nuestra tierra, además deberemos avanzar de la mano de sectores como la innovación y el desarrollo y el tejido empresarial.

Por tanto, debemos consolidar un sistema de Renta de ciudadanía que cubra el derecho a una prestación económica para cubrir las necesidades básicas y el derecho a la inclusión social y laboral que de respuestas para no permanecer en el sistema por tiempo indefinido en aquellos casos que su inserción social y laboral sea viable.

Reforzar los servicios sociales a través de bolsas de empleo insulares que puedan realizar las valoraciones oportunas con la visitas domiciliaria es vital si queremos reforzar el sistema y llegar a más personas que realmente lo necesiten, pero además debemos reforzar los servicios de la comunidad autónoma con bolsas de empleo para la valoración de las instancias, se tendrá que conjugar servicios coordinados y planificados de intervención a través del Servicio Canario de Empleo, el Servicio Público Estatal de Empleo, Las áreas educativas y de formación profesional y la formación continua y a lo largo de la vida, además de reforzar programas y proyectos de seguimiento de las personas perceptoras para garantizar su derecho de inserción social y laboral.  Asociada a la pobreza viene la falta de iniciativa en materia de vivienda y es ahí donde la coordinación es necesaria, igual ampliando como dijimos el parque de vivienda pública o poniendo como prioridad la vivienda hecha y vacía al servicio del derecho fundamental recogido en la Carta Magna, no se puede concebir las viviendas vacías que tienen los bancos mientras haya familias en la calle o malviviendo en infraviviendas, eslogan de “Casas sin gente y Gente sin casas”. 

No podemos permitir que teniendo prepuestos para atajar la pobreza, no se ejecuten los presupuestos del año en este ámbito, y es pornográfico ver que sobraron 14 millones de euros destinados a eliminar la pobreza sin que se hayan ejecutado en él 2019.

El año 2020 vamos a tener que desarrollar y planificar de manera coordinada entre los ayuntamientos, la comunidad autónoma y otros servicios como los del empleo estatal para poder ejecutar el dinero que de pobreza tenemos, es fundamental esta organización para poder ser efectivos y eficientes en el gasto público.   La coordinación necesaria para crear bolsas de empleo de trabajo social y equipos multidisciplinares de psicólogos, y educadores sociales para poder en un futuro muy cercano bajar las tasas de pobreza de nuestra comunidad.

Isabel Guerra

Psicóloga. P-01894.