La Asociación Cultural Guía Se Respeta ve ilegalidades con respecto al último proyecto del Ayuntamiento en la Plaza Grande.
La legislación vulnerada es la Ley 11/2019 de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, en diversos artículos.
En primer lugar, la legislación establece que el proyecto debe de estar firmado por un especialista en Historia o Historia del Arte, además de que un equipo interdisciplinar con calificación suficiente en conservación, restauración o rehabilitación de bienes integrantes del patrimonio histórico.
Echando un vistazo a la plantilla de la empresa firmante no parece que así sea. Además, mirando sus anteriores proyectos en el Casco de Guía, como la obra realizada al final de Marqués del Muni (una obra que hubiera estado bien en lugares de arquitectura contemporánea) no conserva ni restaura esa parte de nuestro patrimonio histórico, por lo que podría considerarse también ilegal.
Como fruto de esa falta de conocimientos en Historia o Historia del Arte surgen otros incumplimientos legales, tal es el caso del atentado que se pretende hacer con el quiosco. La Asociación está a favor de la construcción de un quiosco. Su presencia le daría un mayor dinamismo a las plazas, siempre que este tuviera un diseño concorde con una parte neurálgica integrada en un Bien de Interés Cultural como es el casco de Guía, con un diseño, por ejemplo, de corte historicista.
Lo mismo sucede con las luminarias. La legislación establece que no se puede colocar cualquier tipo de diseño, sino que debe guardar armonía con el entorno. Diseños más modernos desentonan, al mismo tiempo que son ilegales. Se puede dar más iluminación, que es muy necesaria, con diseños historicistas.
Otro punto ilegal es el pavimento se pretende retirar de delante de la iglesia, aunque quieren reutilizarlo en otro lugar, como en los parterres, la legislación autonómica, así como también el PEPRI, establecen que se debe mantener.
Guía se merece que respetemos su patrimonio histórico y que hagamos de este nuestra herramienta para la creación de riqueza y empleo. Del mismo modo, malgastar más de 500.000€ del erario insular en una obra ilegal en la peor crisis que se ha vivido en décadas era una cuestión que podría haberse evitado si el Ayuntamiento se hubiera actuado con más cordura y hubiera convocado al Consejo Municipal del Patrimonio, sobre todo cuando se trata de obras de tal envergadura.
