La Covid- 19 se lleva por delante 29.757 personas de centros de mayores, algo que pone en evidencia el sistema de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta crisis sin precedentes sitúa en el centro del debate la necesidad de colocar el cuidado a las personas en el centro del diseño de las políticas públicas, rediseñar los modelos y formatos que han aparecido defectuosos y mal estructurados y fomentar la conciencia social sobre la necesidad de reforzar la economía de los cuidados.
Según proyecciones del INE de 2018 a 2068 la población mayor de 65 años estará en torno al 29,4% de la ciudadanía, un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país. Esta dimensión está dando un verdadero y revolucionario cambio social, económico y cultural, con la generación de nuevos servicios adaptados a la población, con la prolongación de la vida laboral productiva, con la satisfacción de las pensiones y con la atención a la dependencia, sin duda todo un reto que ya está aquí de manera subyacente.
Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que durante mucho tiempo España en su conjunto a carecido de una verdadera política de desarrollo de Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia. Los recortes y el atraso en el desarrollo legislativo han dejado patente y al desnudo una ley que pretendía atajar el problema de atención y asistencia a las personas mayores y dependientes. El desarrollo del cuarto pilar del bienestar social detrás de los pilares fundamentales de la educación, la sanidad y las jubilaciones son los cuidados, ni que decir tiene que España se ha convertido en el segundo país de Europa que más personas mayores han perdido la vida por la pandemia, poniendo en evidencia que tenemos un sistema de dependencia injusto, ineficaz y pagando los platos toda una generación de mayores que soportaron épocas pasadas de hambre y miseria cuando no de una sangrienta guerra civil.
En los próximos años se deberá rectificar el desarrollo de la ley, puesto que las ratios de envejecimiento en nuestro país están incluso por encima de otros países de la UE, somos el cuarto país de la UE en datos de envejecimiento, solo por encima están Alemania, Italia y Francia. Estos hechos nos deben de alegrar; sin lugar a dudas, nuestra sociedad ha avanzado gracias a mejores sistemas sanitarios dando lugar a mejores condiciones de vida, con descensos en la mortalidad infantil, en el progreso de una sociedad democrática, con mejoras sociales y coberturas económicas, así como mejorando las condiciones de protección de los más vulnerables.
Sin embargo, y por ello, vivir más no es sinónimo de vivir mejor, de hecho, lo hemos visto como de precario era el sistema que evidenciaba fallos estructurales de atención a las personas más vulnerables dependientes. Miles de ancianos han muerto en esta pandemia en condiciones infrahumanas en algunos casos y ello ha puesto en entredicho el sistema de residencias y centros cuyas gestiones estaban en manos especulativas. Amnistía Internacional advertía en los informes que se deben depurar responsabilidades del flagrante atentado a los derechos humanos de las personas mayores que se han cometido en esta época de pandemia.
El fenómeno de vivir más y vivir mejor no es una utopía. Otras sociedades han avanzado en los últimos años en este aspecto, con mejores servicios, apoyos técnicos y recursos humanos. Son los llamados retornos de la Ley de la Dependencia que en nuestro país se ha traducido en todo lo contrario, trabajo en precario, escasos servicios y negocios para algunos aprovechando la coyuntura social y la falta de plazas y residencias de atención a los mayores dependientes.
Ni que decir tiene en Canarias, con cifras elocuentes siempre en el ranking de los que peor estamos, peor en toda la carta de servicios de la ley de dependencia. Siendo significativo que en Canarias se vive más pero en peores circunstancias, rentas más bajas, coberturas sociales significativamente inferiores, pensiones no contributivas o pensiones de viudedad inferiores, que las alejan de acceder a los costos de una residencia o centros que todos superan una media de 2.000 euros, las pensiones en general en las Islas no permiten al 99% de la población de mayores acceder a un centro privado o residencia, ya que las medias de las pensiones son de las más bajas de todo el Estado español situándose por debajo de los 900 euros.
Asimismo, Canarias está en la cola del desarrollo de la Ley de Dependencia solo por encima de Melilla, los servicios de dependencia son miserables, no se presta el número de horas asistenciales en la ayuda a domicilio, no se realiza o es insignificante la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia que evitaría las institucionalizaciones, no se presta el apoyo y adaptación de los hogares para mantener a la persona el máximo tiempo posible en sus casas, no hay más que 133 residencias de mayores en la Comunidad autónoma con un residual cifra de plazas disponibles y casi para los mandamientos judiciales de asistencia obligatoria y unas lista de espera de dependencia de 5.341 personas y de las cuales murieron el año pasado 3.004 esperando por un servicio. Además de esos 924 que ya tenían el derecho reconocido, 2008 estaban en el limbo de la valoración, sin haber pasado el filtro de la dependencia, ni que decir tiene de las personas que ni tan siquiera hacen la solicitud y su cuidador principal es una mujer o su cónyuge, esos que ni tan siquiera están cuantificados. La paradoja es que desde las instituciones canarias se estén cuestionando los servicios que se prestan a las personas dependientes, teniendo pendientes las valoraciones, servicios en precario que prestan las entidades locales, ya que las valoraciones tardan hasta 2 años y medio y es la propia Administración quien bloquea las por la propia incapacidad.
La pandemia deja secuelas a toda la población que se ha visto confinada y frenada su actividad social y económica. Sin duda, el futuro de la recuperación tendrá que venir del apoyo del sector público. Pero la pandemia deja algo que ya no se puede recuperar y es todas esas muertes que se pudieron evitar y que afectan sobre todo a la población más vulnerable que son las personas mayores dependientes. La mitad de la población fallecida son hombres y mujeres que estaban en residencias o centros de dependencia. Amnistía internacional denuncia las violaciones de derechos humanos ocurridos en la segunda ola de la pandemia y Médicos sin Fronteras afirma que a muchas personas se las encontró sin vida al cabo de días.
El escaso desarrollo de la dependencia afecta principalmente a las mujeres que asumen como deber la atención y cuidado en su gran mayoría, postergan su vida laboral, su vida social y apenas tienen respiros. Con una dedicación de 24 horas diarias se les frustra la vida y cercena el estado anímico y muchas veces la salud mental, sufren los síntomas del cuidador quemado e que incluso algunas mujeres tienen que cuidar del que fue su maltratador.
Setenta personas han muerto en Canarias en residencias y no sabemos cuántas en sus casas en la más absoluta soledad, puesto que la soledad hace tiempo que está instalada entre las personas mayores, una soledad no deseada que evidencia una sociedad cada vez más deshumanizada. Sin embargo, son los que con sus pensiones raquíticas salvaron a las familias en la anterior crisis económica. Debemos poner en los próximos años todo el acento en mejorar y dar cobertura al desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, se lo debemos a una generación que ha levantado este país. No es una caridad, es una responsabilidad de la sociedad democrática que ha generado un derecho que debería estar contemplado en la Constitución Española. El derecho a una vida digna en la última etapa de la vida. “Porque no se trata de vivir mucho, sino de vivir mucho y mejor “.
María Isabel Guerra Sánchez.
Psicóloga y presidenta de Nueva Canarias Teror
