Resulta increíble que, con todos los contratiempos a los que tenemos que enfrentarnos día a día por los fortísimos coletazos que ha dejado el coronavirus a su paso, lo que hoy tengamos sobre la mesa, para añadir aún más leña al fuego, sea un conflicto inesperado y sorprendente porque el Gobierno del Estado ha decidido asestar un duro golpe al Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.
Por todos es bien sabido que, hace unas semanas, el Ejecutivo central decidió desincentivar la realización de producciones audiovisuales en Canarias incumpliendo gravemente nuestro REF porque, para las productoras audiovisuales, por primera vez, una deducción es más favorable para el desarrollo de esta actividad en Península o Baleares que para Canarias.
Esto es inadmisible por diferentes cuestiones. Por un lado, porque el Congreso de los Diputados y el Senado han introducido cambios del REF sin consulta previa y, no contentos con ellos y tras varios avisos de incumplimiento por parte de Nueva Canarias y otras formaciones políticas de esta comunidad autónoma, desde el Gobierno estatal han preferido mirar hacia otro lado y mantener la enmienda que acaba con este diferencial fiscal para el cine en Canarias.
Por otro lado, me produce absoluta estupefacción que, desde las Cortes Generales y el Gobierno del Estado, piensen que nos están haciendo una especie de favor y que, como acertadamente ha señalado el presidente nacional de Nueva Canarias, Román Rodríguez, el REF no es una suerte de limosna sino un ejemplo de política compensatoria por las condiciones y singularidades de nuestra tierra. Y, por supuesto, sin olvidar que esta cuestión es, sobre todo, un derecho de todos los canarios y canarias. Un derecho innegociable, irremplazable e inquebrantable.
Sin embargo, parece que estos tres adjetivos pasan desapercibidos para el Gobierno central, como también parece haberse olvidado del acuerdo firmado en enero de 2020, ‘Bases para una Agenda Canaria en las Relaciones con el Estado 2020-2024’, con el que el PSOE y Nueva Canarias firmaban un documento en el que ambas formaciones se comprometen al desarrollo de los derechos y el fuero consolidado para el territorio singular del Archipiélago y el cumplimiento de la agenda canaria. Uno de esos compromisos recogidos en este acuerdo, indispensable para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, fue el respeto y desarrollo del Régimen Económico y Fiscal, haciendo una clarísima e inequívoca referencia al diferencial fiscal para el sector audiovisual canario en el que establecía que este debe ser un 80% superior al vigente para el resto del Estado.
Con este escenario, es impensable no posicionarse frontal y firmemente contra este incumplimiento del REF cometido por parte del Gobierno del Estado. Como lo ha hecho por unanimidad el Parlamento de Canarias y como lo ha hecho el Gobierno canario. No quiero que se juegue con el fuero canario, sus derechos, sus normas y, por supuesto, su gente. El REF se cumple.
