La organización llegó a explotar a más de 30 víctimas, captadas por el método del engaño aprovechando la situación de necesidad y vulnerabilidad que tenían en sus países de origen
Las víctimas estaban obligadas a pagar elevadas deudas y eran amenazadas con hacer daño a sus familiares en los países de origen si no accedían a lo impuesto por los tratantes
Todas ellas eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes, consiguiendo la organización no solo aumentar la supuesta deuda sino también crear una mayor dependencia hacia los tratantes
La Guardia Civil en el marco de la operación CHACAO, ha liberado a CINCO mujeres, de nacionalidades sudamericanas, que estaban siendo explotadas sexualmente.
En la operación se ha detenido a diez personas, cinco hombres y cinco mujeres (cuatro de nacionalidad dominicana, tres venezolanas, dos españolas y una colombiana) en las provincias de A Coruña, Toledo y Alicante, integrantes de la organización delictiva, que realizaban labores concretas de captación, traslado y control de las víctimas. Se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública.
Igualmente, se han realizado cinco registros domiciliarios en viviendas relacionadas con la estructura criminal, interviniéndose gran cantidad de documentación y efectos de interés. Entre los efectos intervenidos se encuentra una importante cantidad de sustancias estupefacientes, ya preparada para su entrega y consumo tanto a las víctimas como a los supuestos clientes.
También fueron hallados numerosos comprobantes de envíos de dinero a terceros países que evidenciaban, por un lado, el ingente montante económico que a través de las víctimas ganaba la organización criminal, y por otro, el modus operandi que utilizaban para blanquear estos beneficios.
La investigación se inició a finales de 2019 sobre una organización criminal dedicada a la captación de mujeres en países de Sudamérica, en mayor medida Venezuela y Colombia, utilizando para ello la fórmula del engaño y abuso de la situación de necesidad y vulnerabilidad en la que se encontraban en sus países de origen.
Para poder eludir los controles fronterizos, las víctimas, recorrían largos itinerarios en diferentes medios de transporte (aviones, autobuses, etc), por terceros países, hasta la llegada a su destino final en España donde eran explotadas sexualmente.
Explotadas en distintas provincias españolas
Si bien existen otras vinculaciones a nivel nacional o internacional, la organización operaba en las provincias de A Coruña, Alicante, Toledo y Álava.
Tras su llegada a España, a las víctimas, le era retirada la documentación y las encerraban en habitaciones bajo llave, obligándolas sistemáticamente a consumir sustancias estupefacientes para crearles una mayor dependencia hacia los tratantes y aumentar la supuesta deuda.
Para llevar a cabo la explotación de las víctimas, los tratantes publicaban anuncios en diferentes páginas de internet, más de 3.000, utilizando para ello números de teléfono que obligaban a comprar a las propias víctimas. La publicación de parte de estos anuncios se realizaba desde la República Dominicana.
El número total de víctimas detectadas y controladas por la organización, ascienden a más de treinta mujeres de distintas nacionalidades de Sudamérica, todas ellas en clara situación de necesidad y vulnerabilidad.
La investigación ha sido realizada por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO), especializados en este tipo de delitos, así como en el trato y toma de contacto con las víctimas de esta tipología delictiva, y del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Alicante, habiendo sido de gran importancia la aportación, propiciada por los habituales cauces de colaboración, de los distintos cuerpos policiales de los países de origen de las víctimas.
En la fase de explotación de la operación los investigadores han contado con el apoyo de personal de las Comandancias de la Guardia Civil de A Coruña, Toledo y Alicante, así como de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
