- La reducción de la movilidad por la crisis de la COVID–19 ha provocado una mejora general sin precedentes de la calidad del aire. No obstante, 42 millones de personas han seguido respirando aire contaminado durante 2020, en el Estado español.
- El informe anual de calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que el 88 % de la población y el 80 % del territorio estuvieron expuestos a un aire insalubre.
- En el año más cálido en España desde 1961, las medidas de lucha contra la pandemia han paliado los episodios de mala calidad del aire, salvo en Canarias.
- Pese a la caída de la contaminación, Madrid siguió incumpliendo el límite legal del dióxido de nitrógeno. Otra treintena de zonas rebasaron los objetivos del ozono.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas las de los principales aeropuertos y puertos estatales. Presenta datos exhaustivos de la calidad del aire, desglosados por comunidades autónomas y por sustancias contaminantes.
Entre sus principales conclusiones, destacan:
– Durante 2020 la calidad del aire ha mejorado sustancialmente en España, con una reducción notable de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico, y más matizada de los de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), en sus mínimos de la última década y seguramente también desde que existen mediciones, en 1990. El resultado ha sido una menor población y territorio afectados por la contaminación.
– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2020 a 42 millones de personas en el Estado español, el 88 % de su población, así como a 402.000 kilómetros cuadrados, el 80 % del territorio.
– Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 8,5 millones de personas, una quinta parte del total y 4 millones de afectados menos respecto a 2019. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó 210.000 km2, el 42 % del territorio español y 40.000 km2 menos que el año anterior.
– Las bajas precipitaciones y la estabilidad atmosférica de los primeros meses del año han activado los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. La primavera en cambio ha resultado inestable y húmeda, favoreciendo la dispersión y deposición de los contaminantes típicamente invernales (NO2 y partículas). El intenso calor estival no se ha traducido en un aumento de las concentraciones de ozono.
– El factor esencial para explicar la mejoría de la calidad del aire durante 2020 es la reducción general de la movilidad y la actividad económica derivada de los dos estados de alarma declarados para combatir la COVID-19, con la dramática situación sanitaria y social que todavía vivimos. El cierre de la mayoría de las centrales térmicas de carbón también parece haber contribuido localmente a la drástica disminución de las emisiones.
– La principal fuente de contaminación en las áreas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población, es el tráfico motorizado. En determinadas áreas fabriles y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire. El transporte aéreo y marítimo tiene gran repercusión en la calidad del aire del entorno de aeropuertos y puertos.
– El ozono es el contaminante que presentó un año más una mayor extensión y afección a la población. No obstante, la frecuencia de las superaciones de los estándares legal y de la OMS ha sido muy inferior a la de años precedentes, con un descenso de respectivamente el 55 % y el 41 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del Estado, y una caída drástica en las superaciones del umbral de información.
– Las partículas (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire afectaron a algo más de la mitad de la población del Estado. Pese al desplome general del NO2 en un 27 % respecto al nivel medio entre 2012 y 2019, Madrid siguió incumpliendo los límites legales de NO2, por lo que el Tribunal Europeo de Justicia sigue instruyendo un proceso contra España, que podría derivar en multas millonarias.
– Las partículas en cambio aumentaron en algunas comunidades, debido a la mayor frecuencia de los episodios de intrusión de polvo africano, en especial durante el primer trimestre del año. Canarias registró por este motivo el peor episodio de contaminación de la última década, durante enero y febrero, sin intervención alguna por parte de las administraciones. No fue hasta su finalización que la población canaria fue confinada, debido a la COVID-19.
– La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden. Cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Según el Instituto de Salud Carlos III, 10.000 de ellas fallecen en episodios de alta contaminación. La mejora de la situación en 2020 es en este sentido una excelente noticia.
– Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política. Una decena de Comunidades Autónomas siguen incumpliendo su obligación de elaborar planes de lucha contra el ozono en las zonas donde se exceden los objetivos legales. El Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto en 2020 esta negligencia administrativa.
– La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando el tránsito peatonal, la bicicleta y el transporte público limpio. También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión y declarar sin dilaciones un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el Mediterráneo, como las existentes en el Mar Báltico y el Mar del Norte.
– La crisis de la COVID–19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria son las únicas herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales. La dramática situación creada por la pandemia corrobora que la reducción de las emisiones urbanas mejora la salud pública y la vida ciudadana. Ecologistas en Acción está desarrollando en España la campaña europea ‘Clean cities’ para reclamar a las administraciones medidas en este sentido.
Durante el año 2020, se han recopilado los datos de 57 estaciones de control de la contaminación, pertenecientes a las redes de vigilancia del Gobierno de Canarias, de distintas instalaciones industriales, de AENA y de la autoridad portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, las dos últimas fuentes no consideradas por el Gobierno autonómico en su evaluación de la calidad del aire. La autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife carece de medidores de la calidad del aire propios.
Hay que notar que 18 de estas estaciones han registrado porcentajes de captura de datos para algún contaminante inferiores a los mínimos establecidos por la normativa, por lo que las conclusiones expuestas deben ser consideradas teniendo en cuenta esta insuficiencia de la información de partida. Además, la principal aglomeración de las islas, Las Palmas de Gran Canaria, carece de estaciones orientadas al tráfico, estando ubicada una de las dos estaciones existentes en la azotea de un mercado, incumpliendo las condiciones legales básicas para la ubicación de los medidores de la calidad del aire.
El cuadro general de las Islas Canarias presenta determinados puntos de contaminación importantes, cómo son las centrales termoeléctricas, la antigua refinería de Santa Cruz de Tenerife, el tráfico marítimo en los principales puertos de las islas, el tránsito aeroportuario y el tráfico rodado de las áreas metropolitanas de Santa Cruz de Tenerife – La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. La contaminación generada en estos focos se esparce por el resto de los territorios insulares alcanzando lugares alejados de estas fuentes. Un problema específico de Canarias es la proximidad al continente africano, que explica los elevados niveles de partículas PM10 por la frecuencia de los episodios de intrusión de polvo sahariano, que también es dañino para la salud.
Como consecuencia, toda la población canaria respiró en 2020 un aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la OMS (considerando afectada la zona Norte de Tenerife, sin mediciones como se ha comentado), siendo 930.000 los canarios (el 43% de la población) que viven en las tres zonas donde se superaron los límites legales de partículas PM10: Fuerteventura y Lanzarote, Sur de Gran Canaria y Sur de Tenerife. En cambio, por la caída del ozono la totalidad del territorio estuvo libre de niveles de contaminación que dañaran la vegetación.
Por otro lado, la página Web autonómica de calidad del aire sólo permite la descarga de datos horarios históricos para seguir la evolución de la contaminación en periodos máximos de un mes, mediante un sistema de selección por estaciones muy complejo, demorando asimismo la puesta a disposición de los ciudadanos de los datos completos disponibles. Resulta elemental por ello que el Gobierno de Canarias se esfuerce por mejorar la medición y la información de la calidad del aire en su Comunidad.
Informe completo y resumen: https://www.ecologistasenaccion.org/173915
Más información: Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe, 653 072 277