Los gobernantes del municipio de Teror PP-PSOE incumplen la legalidad vigente de la ley de Contratos con la Administración Pública y la Ley de Administración Pública, y gastan 251.148 euros sin ningún procedimiento legalmente establecido, infringiendo los principios de libertad de acceso a las licitaciones y publicidad, así como la inaplicación del deber de salvaguardar la libre competencia y selección de oferta económica más ventajosa para el consistorio, que va en contra de la prohibición de fraccionar el objeto de los contratos para eludir la aplicación de la normativa de contratación pública y de la necesidad de que el expediente de los contratos se refiera a la totalidad de su objeto y no desglosado como hacen, al margen que los contratos se puedan hacer en lotes, todo ello para sortear la Ley de Contratos Públicos.
Los gastos no cuentan con el correspondiente expediente de contratación relacionado, en el que figure el informe de necesidad del servicio, el informe de contratación sobre la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y la propuesta de gasto aceptada. Sin acreditar previamente que existe crédito adecuado y suficiente. En la documentación obrante en los expedientes de referencia se constata que los servicios se encargaron sin el correspondiente expediente de contratación, esto es al margen del procedimiento legalmente establecido al efecto.
Esto que relata la intervención municipal ya se convierte en la práctica habitual de los concejales, contraer gastos sin asignación presupuestaria y lo que es más grave hacer contratos menores desglosados para sortear la Ley de contratos de la administración pública.
Desde Nueva Canarias Teror, advertimos que esta no es una forma lícita de hacer contratos menores, que la propia intervención pone sobre la mesa y que el alcalde de turno se limita a levantar el reparo porque considera que son necesidades de urgente necesidad, eso que algunas ocasiones son de gastos en comidas en restaurantes de sus señorías.
El alcalde debe ser consciente que está en la alcaldía para también respetar la ley y no se la puede saltar a la torera, ni dejar que el resto de concejales se la salten.
Por todo ello, Nueva Canaria en Teror ha pedido que se responsabilice a los concejales que gastan lo que no tienen, o siguen un procedimiento al margen de la ley. La organización nacionalista se reserva el derecho de actuar en consecuencia en su tarea de fiscalización del gobierno municipal y advierte a los dirigentes políticos que pueden estar ejecutando unos actos que pudieran inhabilitarlos para la función pública.
