Hoy en día, tras los asesinatos de ETA, parece que ser agente de la autoridad en España, ser policía o guardia civil, podría generar peligro para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por el hecho de cumplir con sus funciones, en relación a agresiones, contagios mortales por Covid-19, objetivos terroristas, o faltas de respeto hacia nuestros policías, que trabajan a diario impecablemente en su gran esfuerzo por servir y proteger a los ciudadanos.
Por este concreto motivo, apoyo a la Guardia Civil que cumple escrupulosamente con su deber en Lanzarote. Yo creo a los guardias civiles en el caso del juez Ricardo Fiestras. Un juez ‘interceptado’ con una decena de personas por unos agentes de la Benemérita, en una presunta ‘reunión’, al parecer en un casoplón de esta paradisiaca isla, pero con la obviedad de unas restricciones impuestas debido a la pandemia por el Gobierno de Canarias, que prohibían de manera taxativa cualquier ‘fiestuqui’ para cualquier ciudadano, jueces incluidos.
Por este motivo, además de otra presunta confrontación de este juez con agentes de seguridad en el Aeropuerto de Lanzarote, desde el programa ‘La ventana indiscreta’, se ha interpuesto una solicitud de investigación ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las actitudes del juez Fiestras, en relación al incumplimiento del Código Ético para jueces y magistrados. Igualmente, se ha solicitado se verifique si existe una presunta conducta impropia por parte de este juez, respecto a enfrentamientos graves con autoridades y abuso de la condición de juez para obtener trato favorable, sancionable en base al Régimen Disciplinario, por parte del máximo órgano judicial en España. Estos hechos, objeto de la denuncia ante el CGPJ, serán detallados a continuación.
La Guardia Civil ‘pilla’ al Juez Fiestras. El pasado 18 de febrero, durante un severo confinamiento nivel 4 en la isla de Lanzarote, debido al elevado número de casos de contagio por Covid-19 en Canarias, unos agentes de la Guardia Civil, con la debida diligencia en su intervención, -según fuentes consultadas cercanas a este altercado-, sostienen que, estos guardias civiles, alertados por llamadas al 112 efectuadas por vecinos cabreados con el ‘boncho’, -afección canaria de guateque-, que se sucedía en un lujoso chalet, en el que se encontraba participando el juez Ricardo Fiestras, estos agentes de la autoridad, acudieron a esta cita por requerimiento ciudadano, para verificar in situ, estos hechos citados.
En este ‘boncho’, entre las amistades de este juez denunciado ante el CGPJ, se encontraba Fernando Becerra, quien estuvo imputado en el caso Unión, un proceso judicial de corrupción urbanística. Pero además, una cuestión pendiente de aclarar todavía, por cierto, es el nombre del pagador de esta fiesta ilegal increpada por los vecinos, el dueño del casoplón, el anfitrión, los invitados, sí hubo facturas de por medio…
Nadie mejor que este juez titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, para aclarar voluntariamente los detalles económicos de este escándalo.
Incumplimiento de las normas Covid-19. Al personarse en el lugar de estos hechos el Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Guardia Civil, tras constatar la gravedad del incumplimiento de normas Covid-19 en este boncho ‘prohibido’ por un Decreto del Gobierno de Canarias para todos los residentes, debido a la pandemia, los guardias civiles, para su sorpresa, vivieron como el juez Fiestras, trataba de ‘disuadir’ esta acción con una misiva bien construida ante los agentes: «Ya pasamos el Covid, esto es una reunión para comer y sus compañeros ya estuvieron aquí, yo pensé que esto ya había quedado claro», dijo este juez, según fuentes cercanas conocedoras de este asunto.
En este punto, ‘el honor es mi divisa‘, fue la premisa que afloró en este equipo de guardias civiles, que observando el conflicto que se sobrevenía por la actitud del juez Ricardo Fiestras y sus acompañantes, decidieron proseguir con el protocolo de esta intervención, como hubieran hecho con cualquier otro ciudadano en una situación análoga.
Respecto al cumplimiento con la Ley, cabe matizar que los guardias civiles, pueden grabar en vídeo intervenciones en procedimientos autorizados, máxime, cuando la verificación de esta situación no se produjo en el interior de la vivienda en la que se encontraba el juez y su grupo. Por tanto, sería muy discutible, sí realmente se produjo ‘alguna violación de la intimidad’, o ‘vulneración de la Ley de Protección de Datos‘, base del argumentario de Fiestras contra los agentes intervinientes en una queja interpuesta ante la Guardia Civil, asunto que se encuentra todavía en fase de ‘información reservada‘.
Es decir, el juez Fiestras se ha quejado en la Benemérita. Además, el citado ‘boncho’, había sido redirigido en Instagram, previamente a la intervención de la Guardia Civil, a cargo de los propios asistentes a esta fiesta ilegal, hecho subrayado por algunos vecinos ‘cabreados’, que posiblemente, guarden como un tesoro, algunas de las imágenes que el entorno del juez Fiestras, decidió difundir alegremente en Redes Sociales, a pesar, del estricto confinamiento en Lanzarote.
Máxima tensión durante la intervención. Ante la incuestionable intervención en este asunto de los agentes de la Guardia Civil, fuentes consultadas cercanas a este desagradable altercado, indican que el juez Fiestras se dirigió a una de sus acompañantes de la fiesta, y le manifestó, «Tranquila, yo entro de guardia el lunes», apuntando claramente a su condición de juez de instrucción. Fue entonces, cuando un agente interpeló a Fiestras: «¿Ústed lo dice en serio, cuando hay gente muriendo en los hospitales?«
Fiestras, al verse contrariado por los implacables agentes de la Benemérita, ordenó a los guardias civiles que se identificaran con sus datos personales, quienes al parecer, se sintieron intimidados por el juez. En un vídeo grabado que recoge estas escenas, además, se aprecia, explícitamente, la reacción de un Cabo Primero de la Guardia Civil.
Y para remate, cuando se retiraban los agentes, se pudo apreciar la siguiente exclamación: «Se joden, porque me tuvieron que dar la identificación y ahora subo más la música«, pero eso sí, tan alto el comentario para ser escuchado, según relatan fuentes cercanas a estos acontecimientos. Un auténtico esperpento de situación, e incomprensible para el más elemental sentido común en plena pandemia mundial.
Parte a la Guardia Civil. El equipo de los agentes que intervino el ‘boncho’ del grupo del juez Ricardo Fiestras, en obligado cumplimiento de sus deberes, informó a sus superiores inmediatos de este servicio, anexando las imágenes de lo ocurrido en base a este procedimiento sujeto a las prerrogativas legales, desde su actuación impecable.
Responsabilidades. La conducta de este juez, bajo un análisis realizado por juristas consultados, podría tener como consecuencia «una infracción administrativa que tiene reincidencia acumulada debido a los muertos por Covid-19, por la falta de libertad de movimiento, el confinamiento en fase cuatro y la restricción de apertura comercial». En este sentido, hay que tener en cuenta que la fase cuatro fue específica para la contingencia virulenta en Lanzarote, lo que obligó al Gobierno de Canarias a tomar medidas altamente restrictivas en esta isla.
Los expertos consultados, advierten de la exposición pública de este juez en medios de comunicación, haciendo visible su imagen en este conflicto por sí mismo, al margen de los agentes, y a su vez, Fiestras «se arriesga a exponer una versión falsa sobre estos hechos, al explicar que fue responsable y colaborador, o que asumiera su error, cuando según las imágenes de este altercado, muestran otra actitud bien distinta, al tratar de esconder a algunos de sus invitados».
Algunos testigos relatan la situación de ‘obstrucción’ ante los guardias civiles, incluso, en un intento de amedrentar, al parecer, insinuó que «o se iban como se habían ido en días anteriores o habría consecuencias después«. Estas manifestaciones tienen el soporte documental en algunos videos, en respuesta a las afirmaciones de ‘colaboracionismo’ descritas por el juez Fiestras, para intentar ‘demostrar’ que el juez desvirtúa su versión.
Derecho a la Imagen. En el rifi-rafe de los videos que podrían ‘quitar la razón’ al juez Fiestras, es posible, que en base a un ‘cabreo monumental’ del juez, presuntamente, intentase atribuir a los guardias civiles hechos que tampoco se ajustan a la realidad descrita en los citados vídeos, matizan juristas consultados.
Sin embargo, esta premisa apuntada por el juez, es complicada de sostener, según aclaran expertos, porque la Ley 1/82 que regula el Derecho a la Imagen, expresa que si eres un cargo público o funcionario público, si tu imagen es captaba en un lugar público, como es el caso de la imagen de Fiestras, captada en la vía pública, entonces, ‘no se está revelando ningún secreto, no es un derecho contra la intimidad y el honor’.
Denuncia ante el CGPJ. Fuentes consultadas cercanas a la Comandancia de la Guardia Civil en Canarias, explican que en relación a estos hechos, se ha mantenido una conversación entre el Jefe de la Comandancia y el Decanato del CGPJ, sin mediar denuncia alguna sobre las actitudes del juez Ricardo Fiestras, ni información a los guardias civiles afectados.
Los interrogantes aún se encuentran sobre la mesa de trabajo, pues para calificar un delito contra el honor del juez, según algunos juristas consultados, argumentan que «ha de existir una base muy clara, cómo contar una mentira, sin embargo, aquí lo que relatan los agentes del GIR, es verdadero, en función de las imágenes que obran en este expediente».
Entonces, ¿por qué el juez Fiestras se queja de los guardias civiles? De hecho, es imposible saber quién trasladó estos videos compartiéndolos, porque este material lo tenía toda la cadena de mando completa. La Guardia Civil ha permitido abrir una reclamación en base a las quejas de este juez, sobre un procedimiento que recoge una actuación regular y limpia del GIR.
En relación a este debate social abierto por las actitudes del juez Fiestras, desde el programa radiofónico ‘La ventana indiscreta’, se ha interpuesto una solicitud de investigación ante el CGPJ, sobre una presunta reincidencia de este juez, respecto a altercados por el incumplimiento de las normas Covid-19 en la citada fiesta ilegal y en el Aeropuerto de Lanzarote al acompañar a una pasajera el pasado 31 de marzo, y por una supuesta confrontación del juez con agentes de la autoridad y seguridad en ambas ocasiones, según testigos presenciales.
Igualmente, se ha pedido al CGPJ, que requiera a AENA las grabaciones de sus cámaras en el Aeropuerto de Lanzarote, para esclarecer las actitudes del juez Fiestras, en uno de los conflictos denunciados. También se abra una investigación por presunta reincidencia del juez Ricardo Fiestras, al exhibir su condición de juez ante los agentes de la Guardia Civil y seguridad del aeropuerto, cuando se trataba de una actuación de los agentes de la autoridad por una cuestión personal del juez y no judicial.
Finalmente, se solicita, en relación al Código Ético y Régimen Disciplinario de Jueces y Magistrados, se investigue si la conducta del juez Ricardo Fiestras, en relación a los agentes de la Guardia Civil y a Aeropuerto de Lanzarote, presuntamente, pudiera ser constitutiva de la infracción calificada en el Régimen Disciplinario como falta muy grave, en el punto 3 sobre ‘la provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción en que el juez o magistrado desempeñe el cargo por motivos ajenos al ejercicio de la función jurisdiccional’, y punto 13 por ‘el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionario o profesionales‘.
