El rol de las mujeres que participan en el contrabando de estupefacientes, es disímil al del varón, ya que se dedican casi en forma exclusiva al ingreso o egreso al territorio –esto es al traslado- de la droga. Siendo en la mayoría de los casos en el último eslabón de la distribución de estupefacientes, y por la poca retribución que reciben, es indirectamente proporcional a la gran vulnerabilidad que sufren teniendo en cuenta las grandes sumas de dinero que reciben el primer eslabón –los Carteles de la Droga-. Y es así que los datos brindados establecen la gran vulnerabilidad de estas mujeres, ya que son detenidas, quedando en total impunidad los grandes carteles dedicados al narcotráfico.
En virtud de ello, es importante que los fallos que se dicten en los tribunales se analicen estas cuestiones, es decir necesitamos “juzgar con perspectiva de género” sobre todo teniendo en cuenta esta gran desigualdad de poder expresada. Como antecedente en los autos “T.H.A.R.I., F.G.E S/ INFRACCIÓN LEY 23.737 (EXPEDIENTE FCB 12459/2019/TO1), del Tribunal Oral Federal n° 1 de Córdoba, Argentina, en un fallo disminuyó el mínimo de la escala penal para el delito de comercialización de estupefacientes y condenó a la pena de 3 años de prisión en suspenso a una mujer acusada por narcomenudeo como cómplice.
Para ello tuvo en cuenta la vulnerabilidad de la imputada, expresando que también fue víctima de violencia de género, por lo que decidió que ella no se encontraría encarcelada. El magistrado consideró “que se trata de mujeres violentadas y con altos índices de vulnerabilidad que resultan criminalizadas por delitos relacionados con estupefacientes,” así también agregó: “Este escenario planteado cobra especial sentido al entender que la sobrecarga de responsabilidades en la imputada y la falta de recursos económicos para afrontarlas, pudieron motivar a la imputada a involucrarse en el tráfico ilícito de sustancias” que “ la carencia de posibilidades reales de la imputada para afrontar la satisfacción de necesidades diversas de todo un grupo familiar a cargo”, y también analizó que “resulta incuestionable la asunción de roles de cuidado de niños –propios y ajenos-, de su madre como adulta mayor con problemas de salud y de su hermana adicta a estupefacientes y diagnosticada con HIV, con más la responsabilidad de procurar los recursos económicos para subsistencia de todos y afrontar los costos de tratamientos médicos, incluso propios”. En definitiva, todo ello debe ser contemplado en ocasión de decidir el monto y modalidad de pena que le cabe a la imputada, en consonancia con las recomendaciones efectuadas en instrumentos internacionales”
Como conclusión, entiendo que la recopilación de datos -cuantitativos como cualitativos- de los sistemas penitenciarios de mujeres permitirá reflexionar sobre la eficacia de las políticas actuales sobre drogas y sus consecuencias, así como efectuar las recomendaciones para la formulación de políticas públicas y las reformas legales pertinentes, desde un enfoque de género, desarrollo y derechos humanos.
(1)El autor es Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y
Género, de la Segunda Circunscripción Judicial, Huinca Renancó, Córdoba. Especialista en Niñez, Juventud y Violencia Familiar.
Posgrado en Prevención de las Adicciones (RAAC).
PosGrado en Asistencia a Varones que ejercen Violencia (UPC Córdoba, Argentina).
PosGrado en Comunicación Judicial (UNC, Centro Nuñez, Córdoba, Argentina).
Bogotá, Colombia. 2021. Premio «Lideres Internacionales que Dejan Huella», entregado por (COLADCA).
España, Tenerife 2022. Premio Internacional a la “Comunicación Judicial, Innovación y Uso de los Medios”.
España. 2021. Distinción: en los Premios de Internet, en la categoría “Resiliencia
Digital” en el marco del Día Mundial de Internet.
España. 2022. Distinción en los Premios de Internet, en la categoría “Emprendimiento e Investigación: Innovación Social” en el marco del Día Mundial de Internet.
