Un año más, y con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra el día 3 de diciembre, el sector de la discapacidad agrupado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) nos recuerda que este grupo ciudadano, del que formamos parte muchos, seguimos precisando de políticas específicas para alcanzar un umbral aceptable de derechos, inclusión y bienestar. Dichas acciones que reconocen los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias benefician, además, a toda la sociedad.
Hemos pasado en los últimos años por situaciones complejas que han empeorado nuestras condiciones de vida con nefastas consecuencias para todas aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión, dentro de la cual las últimas en recibir apoyos siempre son las personas con discapacidad y sus familias.
La crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID 19, así como el conflicto bélico en Ucrania a causa de la rusa, así como la inflación y subida de precios ha provocado una recesión global que es equiparada por muchos economistas, como la peor crisis económica mundial desde la Depresión del 29. Todo ello ha dado lugar a nuevas situaciones de desigualdad sociocultural y económica en el sector de las personas con discapacidad y sus familias.
Con todo ello, es normal que, como indica el CERMI, que las personas con discapacidad siempre estén en mayor riesgo de quedarse fuera cuando se une a esta circunstancia el género, la edad, la ruralidad, la condición de persona protegida internacionalmente, la etnia, la diversidad sexual, la situación de pobreza, entre otros. Es especialmente relevante la situación de las mujeres y niñas, el 60 % de la población con discapacidad en España.
El valor de la sociedad civil es incuestionable en la atención a las personas en una sociedad abierta avanzada. Las organizaciones representativas de la sociedad civil de la discapacidad siempre han ido por delante a la hora de ofrecer una red de apoyos y acompañamiento, sin los cuales la vida diaria de muchas personas y familias no sería posible. En los momentos de mayor gravedad, las organizaciones han sido las únicas que estaban ahí, reclamando, denunciando, atendiendo, acompañando, protegiendo vidas.
Por todo ello, el sector de la discapacidad sigue realizando un llamamiento a la sociedad civil en su conjunto, y a los poderes públicos a nivel local, autonómico, estatal y europeo, para que se siga apostando por medidas compensatorias que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
En el terreno educativo hemos de reseñar la oportunidad que supone la implementación de una educación inclusiva en nuestros centros educativos. Para ello, estos deben contar con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Desde la escuela echamos en falta una apuesta por la garantía de las acciones encaminadas a ello así como una dotación suficiente de recursos con los que promover un modelo educativo en favor de la inclusión para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Ya desde Plena Inclusión se advierte la ausencia de un verdadero Plan de extensión que anunciaba la LOMLOE y que coincidía con el artículo 24.2 de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Una vez más, “el derecho a la educación del alumnado con Necesidades Educativas Especiales no se ve respaldado con medios, pese a los discursos políticos y las buenas intenciones manifestadas. Esta situación limita, además, las oportunidades del resto del alumnado, ya que se está perdiendo la riqueza que el aprendizaje tiene cuando se da en un entorno diverso y en el que el sistema se ajusta a las necesidades de cada uno”, tal y como nos recordaban desde Plena Inclusión.
Por mucha LOMLOE que tengamos, y una ocasión más, se siguen produciendo incumplimientos de la legislación que ampara los derechos de las personas con discapacidad. Por todo ello, seguimos reclamando el cumplimiento de la normativa dirigida a promover la inclusión y vida independiente de nuestro grupo social, así como consenso político en torno al desarrollo de políticas que afecten a las personas con discapacidad. Es decir, que nos encontramos ante un nuevo 3 de diciembre para seguir recordando y reivindicando que, para las personas con discapacidad y nuestras familias, aún queda mucho por hacer.
Antonio Hernández Lobo
Profesor de Enseñanza Secundaria y miembro del sector de la discapacidad.
