Desde que el pasado año la Consejería de Educación anunciara su intención establecer un recorte del tiempo de permanencia de nuestros mayores en la Formación Básica Inicial de Adultos sin proporcionarles alternativa alguna, el STEC-IC se ha posicionado en contra de tan injusta medida que afecta nada menos que a 5.000 personas.
Además del STEC-IC, se han pronunciado en el mismo sentido numerosas asociaciones sociales y vecinales, comunidades educativas de Centros de Adultos de todo el estado, así como decenas de corporaciones locales de toda Canarias. Recientemente se han unido a esta suma y sigue general dos instituciones de tanta relevancia como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Consejo Escolar de Canarias (CEC).
Efectivamente, el pasado mes de abril el Pleno de la corporación de la capital grancanaria aprobó por unanimidad una moción por la que se insta a la Consejería de Educación a suprimir la limitación temporal que establece para el alumnado de Formación Básica Inicial en los centros de educación de personas adultas (CEPA).
Igualmente, este mismo mes, el Consejo Escolar de Canarias (CEC), publicó un informe en el que asegura que limitar la permanencia del alumnado a cuatro años, extensible otro año adicional en casos excepcionales, es una medida que no sólo no está debidamente justificada, sino incluso que limita derechos fundamentales, ya que no se tienen en cuenta las necesidades de ese tipo de alumnado que no persigue titular, sino desarrollar competencias, adquirir conocimientos y permanecer activas en su derecho a la formación permanente a lo largo de la vida. También recuerda el CEC, que a partir de los 65 años se produce un declive paulatino de las capacidades no solo de adquirir conocimientos y competencias sino de mantener las ya adquiridas, lo que hace necesario que estas personas pueden continuar con sus estudios el tiempo que precisen.
El STEC-IC reitera su pleno apoyo a las comunidades educativas afectadas por este dislate que la Consejería de Educación se empeña en mantener, insta a las autoridades educativas canarias a cesar en su cerrazón, y si no lo hacen, exige la intervención del presidente del Gobierno de Canarias para evitar el daño que esta descabellada medida pueda causar.
