Teror aprueba definitivamente sus presupuestos para el ejercicio 2024

El Pleno desestima la alegación presentada por la oposición de NC-FAC a la aprobación inicial de los presupuestos del pasado 8 de julio.
 
El Pleno de la Corporación municipal llevó a cabo este viernes 9  de julio la aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Teror para el ejercicio 2024, que asciende a 19.461.113,90 €, tras desestimar el Gobierno municipal la única alegación presentada por la portavoz del grupo NC-FAC en la Oposición, Isabel Guerra. El presupuesto, que entrará en vigor tras su publicación oficial, asciende a  19.461.113,90 €, con un incremento de un 8,8 % con respecto a las cuentas de 2023, que permanecían prorrogadas desde 2022.
La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Teror, Mónica Nuez, manifestó en la sesión plenaria que “la desestimación de la alegación presentada por la Oposición se realiza en base a los fundamentos alegados en el informe emitido por la Interventora municipal, así como por el Jefe de Servicio de la Secretará General”. Al respecto, explicó además que «en la aprobación inicial del presupuesto el grupo de NC-FAC emitió su voto de abstención, por lo que no disponen de legitimación para formular las alegaciones presentadas, ya que su voto no fue en contra de la propuesta de acuerdo».
La portavoz del Grupo de la Oposición NC-FAC, Isabel Guerra, había anunciado que impugnaría los presupuestos. En la propuesta de enmienda presentada el pasado 23 de julio, se establecía reclamaciones «por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la Entidad Local; el presupuesto inicial no contempla incorporar la subida salarial del 2% acordada por el Consejo de Ministros celebrado el 25 de junio de 2024».
Por su parte, Mónica Nuez respondió que el Gobierno municipal «siempre ha aplicado las subidas salariales contempladas en las distintas leyes generales y también se realizará en este presupuesto. Existe crédito adecuado y suficiente a nivel de vincualción jurídica para hacer frente a las obligaciones económicas de los incrementos retributivos derivados del acuerdo con el Real Decreto-Ley del 26 de junio».