Las recientes y rechazables, por inoportunas declaraciones de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, han generado controversia tras la absolución del exfutbolista Dani Alves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Montero afirmó que: «no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres que, denuncian casos de violencia machista”.
Aunque luego aseguró que no cuestionaba al Poder Judicial, expresó claramente y en voz alta que, no compartía la decisión del TSJC y animó a éste a «hacer una reflexión sobre el avance de la sociedad española” … Y eso lo dijo sin sonrojarse, nada más y nada menos que ella, que es “doctora en Derecho por la Universidad Socialista Sánchista de la calle Ferraz 70, en Madrid, barrio de Argüelles”, además de poseer un master por la Junta de Andalucía, obtenido entre los año 2008 y 2018, al mismo tiempo que ejercía de consejera de Sanidad en el gobierno del también socialista, de Manuel Chaves González, al cual se le recordará, por haber sido el protagonista del mayor escándalo de corrupción de toda Europa; el caso de los ERE y en cuyo gobierno, ella; la misma María Jesús Montero, hoy convertida por la gracias de Pedro Sánchez en nuestra “super ministra”, dejó “un pufo” de 6.700 millones de euros; siendo tan grande el agujero, que todavía y con los años que han pasado, no se ha podido recuperar la Sanidad Andaluza.
Mira “Marilú” … “Calladita, estás hasta más guapa que, aunque parezca labor casi imposible, si algo salta a la vista, es que con lo guapas que son la “pibas andaluzas”, la naturaleza contigo, como que no se entretuvo mucho y así le saliste, chiquilla…torpe y fea y tirando para verdulera”.
Por otra parte, sus inoportunas palabras han sido interpretadas por algunos como una crítica indirecta al fallo judicial, lo que ha suscitado un debate sobre la independencia del tan cacareado “Poder Judicial” y la reconocida figura jurídica de la “presunción de inocencia”. Y vaya por delante y que quede claro que, el que suscribe, a lo mejor porque soy un humilde maúro de Telde, no le entra en su cabeza, el cómo un nuevo Tribunal Justicia, puede unos meses más tarde ver y decidir todo lo contrario de lo que dijo otro Tribunal de Justicia, también formados por jueces de prestigio y después de llevar a cabo un juicio riguroso al detalle y con todas las garantías para el procesado futbolista, a quien por el canto de un duro, solo les faltó aconsejar en el nuevo auto judicial, proponerlo al Vaticano para que fuera en un futuro beatificado y luego elevado a los altares, bajo el nombre de “San Violación”.
Pero dicho lo anterior, y dejando meridianamente clara mi postura, lo primero que hay que tener, es un respeto absoluto por la decisión del Tribunal y lo segundo recordar que la separación de poderes en España, es un principio fundamental del Estado de Derecho que, busca garantizar la independencia de las distintas ramas del gobierno.
Aunque en teoría, esta “división de poderes” se base en la clásica división de Montesquieu—legislativo, ejecutivo y judicial—en la práctica, la separación no es absoluta o por lo menos parece que es lo que persigue, hasta ahora sin éxito, Pedro Sánchez y los suyos, a juzgar por lo que hemos visto últimamente, y como como para ejemplo vale un botón, ahí tenemos a nuestra super ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno María Jesús Montero, largando por su boquita y criticando claramente la decisión judicial, y por otra parte al “figura” del fiscal General, Don Álvaro García Ortiz, trabajando destajo y descaradamente a favor del gobierno que lo nombró; como algo similar ocurre en el propio Tribunal Constitucional, donde existen dos bandos; uno de izquierdas denominado “progresista” y otro de derechas llamados “conservadores” y todos presididos, nada más y nada menos que por un ex ministros socialista, como es el Sr. Conde Pumpido, el cual como en la cartilla de “la mili, debía ponérsele “valor se le supone”. No me negarán ustedes, que es para pensárselo dos veces, eso de creerse, así sin anestesia, “la supuesta independencia” de sus miembros.
Pero si algo debe mantenerse como cierto; es que, los “tres poderes” en España son: el Poder Legislativo, representado por las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), cuya función es elaborar y aprobar leyes; el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente del Gobierno y sus ministros, encargados de la administración pública y la ejecución de las leyes y el Poder Judicial, compuesto por jueces y tribunales, cuya misión es interpretar y aplicar las leyes de manera imparcial.
Aunque al respecto, en España existen también tres particularidades; a saber:
La Interdependencia que, a diferencia de otros sistemas políticos, aquí el Ejecutivo depende del Legislativo, ya que el Congreso elige al presidente del Gobierno.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ que, es el Órgano de gobierno de los jueces, cuyos miembros son elegidos en parte por el poder legislativo, lo que ha generado debates y dudas sobre su independencia.
Y por último el Tribunal Constitucional el cual, aunque no forma parte del Poder Judicial, es clave en la interpretación de la Constitución y sus miembros son designados por distintos órganos políticos; cosa que desde mi punto de vista lo deja algo descafeinad y eso por ser generoso y no decir totalmente descafeinado.
Este modelo español, ha sido objeto de críticas en seno la CE y muy especialmente en lo que respecta, precisamente a la independencia del Poder Judicial
Las declaraciones de figuras gubernamentales sobre decisiones judiciales pueden generar un impacto significativo en la percepción del Estado de Derecho; ya que, en España la independencia judicial es un principio fundamental recogido en la Constitución, pero también es cierto que, ha sido objeto de debates en los últimos años, precisamente debido a la creciente “politización real” de las instituciones.
Cuando un miembro del Ejecutivo cuestiona públicamente una resolución judicial, como es el caso que nos ocupa este artículo de opinión, y aunque no implique una interferencia directa, puede contribuir a la erosión de la confianza en la imparcialidad del sistema judicial. Esto es especialmente delicado en casos mediáticos, donde la presión social y política pueden influir en la percepción pública de la justicia
La confianza en las instituciones es un pilar esencial para la estabilidad democrática. En España; diversos estudios han señalado una disminución en la percepción de independencia judicial, tanto entre ciudadanos como entre empresas. La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por ejemplo, y la politización de ciertos nombramientos han sido factores claves en esta percepción.
Las declaraciones de altos cargos gubernamentales pueden reforzar la idea de que el Poder Judicial está sujeto a presiones externas, lo que debilita la credibilidad del sistema. Además, pueden generar un efecto de deslegitimación de las decisiones judiciales, afectando la seguridad jurídica y la confianza en la aplicación de la ley.
En Conclusión, la super ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno de Pedro Sánchez, la Sra. Doña María Jesús Montero, la miremos por donde la miremos y por mucho que se le quiera justificar desde el mismo gobierno y sectores “progres”, no tiene un pase ¡Vamos!… Que la chiquilla esta vez, se “pasó tres pueblos y la mitad del otro” en cuanto a no respetar la separación de poderes, cosa que es esencial para la salud democrática de un país como España.
Si bien es legítimo que los representantes políticos, como humanos que son, expresen opiniones sobre cuestiones judiciales, también es fundamental que lo hagan con prudencia, para evitar socavar la confianza en el sistema. Eso es algo de primer curso de Derecho y no vociferando tipo “verdulera” en un mitin de su partido, donde le aplaudían hasta con las orejas ¡Qué vergüenza!
La independencia judicial debe ser protegida de cualquier intento de influencia externa, garantizando que las decisiones de los Tribunales se basen exclusivamente en el Derecho y no en presiones políticas o sociales y PUNTO PELOTA, amigo.
Si señora ministra Montero, en Canarias decimos que… “La penca de tuno que está para uno, no hay baifa que se la coma, y en esta ocasión, le aseguro chiquilla que, usted se la jincó toda, solita y enterita… ¡Qué cosas!
(Para mis amigos peninsulares que quieran conocer el significado del vocablo aborigen canario, “baifo/baifa , les aconsejo, que consulten mi libro: “Léxico Canario, Expresiones y Nombres Aborígenes”)
Fdo. Julio César González Padrón
Marino Mercante y escritor
