La Concejalía de Tráfico junto con la Policía Local pone en marcha una campaña para retirar una veintena de vehículos y acabar con el impacto medioambiental y paisajístico que ocasionan.
El Ayuntamiento de Teror, a través de las Concejalías de Tráfico y Policía Local, pone en marcha una campaña de retirada de vehículos abandonados de la vía pública para su posterior tratamiento como residuo sólido urbano. El objetivo es eliminar los focos de infección y suciedad que pueden ocasionar el abandono de los coches, así como acabar con el impacto medioambiental y paisajístico que provoca.
El concejal de Tráfico y Limpieza, Manuel Farías, explica que “desde hace años venimos arrastrando un problema de seguridad y salubridad por el abandono constante de vehículos en la vía pública. No podemos tolerar que un municipio como el nuestro se convierta en un foco de contaminación, además de provocar un fuerte impacto visual, tanto para la vecindad, como para el visitante”. ”Este plan es una apuesta del Gobierno municipal, dentro de las acciones de limpieza que se están acometiendo en todo el municipio”.
La Policía Local de Teror prestará asesoramiento a quienes deseen poner fin a la vida útil de su vehículo. De manera especial en los diseminados del municipio hay una veintena de vehículos que permanecen en un evidente estado de abandono en la vía pública.
Los vehículos que se hallen en estado de abandono en terrenos o vías públicas, atendiendo al grado de deterioro, también les será de aplicación la ley de residuos de Canarias, con sanciones que podrían conllevar multas de 6.010,13 € hasta 300.506.05 €.
La actuación se desarrollará cuando el vehículo permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula; o bien cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente de este en un recinto privado, su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.
Se cumple así con la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que establece que la administración competente en materia de ordenación y gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un centro autorizado de tratamiento para su posterior destrucción y descontaminación cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el coche fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.
