Se cumplen 15 años de una Ley sumamente importante en nuestro país, que marca un hito en la cartera de servicios sociales especializados, La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia.
Esta Ley venía a transforma los servicios sociales de nuestro país, dando derechos y garantías a un amplio sector de nuestra población, especialmente a la población mayor dependiente y sus familias.
La Ley desarrolla un Sistema para La Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) como un conjunto de servicios públicos y privados, así como las prestaciones económicas destinadas a la Dependencia, situando la prevención como la parte fundamental para evitar o ralentizar las situaciones de dependencia.
Ni que decir tiene que nació con una ficha financiera ridícula para una Ley como ésta añadiendo el revés de los recortes ante la crisis financiera de 2008 que en nuestro país se llevó por delante gran parte de los servicios sociales.
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia se ha ido desarrollando en estos años de manera desigual en las diferentes comunidades autónomas. Con el argumento que Canarias ya venía desarrollando sus propios servicios, la comunidad aprovechó en 2007 no para aumentar la cartera de servicios, sino para ahorrarse con el dinero extra el servicio prestado. Las comunidades autónomas que decidieron seguir aumentando esos servicios desarrollaron de inmediato La Ley y en las primeras fases se atajaron los problemas de los grandes dependientes. Sin embargo, Canarias se queda estancada por años, de aquellos polvos estos lodos. Por tanto, pongamos las cosas en su justo sitio.
Al unísono de lo anterior, no hay excusas para lo que actualmente está ocurriendo, según el análisis explicativo de las estadísticas mensuales del sistema para la autonomía y atención a la dependencia del 30 de abril de 2021 (IMSERSO), Canarias es la última de las Comunidades Autónomas que menos servicios presta a los grandes dependientes Grado III y severos II. Somos los últimos de la cola en la implantación de servicios para este grupo más vulnerable existiendo 4.743 personas que no tienen ningún tipo de prestación, es decir personas encamadas o que necesitan de otras personas para la realización de las actividades de la vida diaria todo el tiempo, esto es 20,6% de los grandes dependientes y severos, no reciben ningún tipo de prestación de servicios ni remuneración para que se los presten, esto recae fundamentalmente en las familias y específicamente en las mujeres.
Además, somos los cuartos por la cola en la prestación de servicios a los dependientes de grado I, estamos hablando de prevención, de retrasar lo máximo la dependencia, atender en servicios de día, en ayuda domiciliaria o teleasistencia para evitar la institucionalización. Tenemos pendientes de concesión de prestaciones a 3.398 personas (32,82%), a través de servicios de Prevención de la Autonomía Personal. Hoy sabemos que las principales enfermedades neurodegenerativas, tipo Alzheimer, y otras demencias las podemos atrasar y ralentizar el deterioro cognitivo con terapias preventivas y sin embargo, poco se está haciendo hasta ahora.
Pero lo especialmente grave es que tenemos pendientes a muchas más personas que no han pedido nunca acogerse a la Ley de Dependencia por la falta de expectativas de servicios y son sus familiares, específicamente las mujeres las grandes cuidadoras principales, todas con una media de edad de 50 años, quemadas y cansadas por no encontrar apoyo de las instituciones, frustradas sus vidas por no poder conciliar vida personal, familiar y laboral.
En nuestra comunidad tenemos a personas que sus derechos están siendo conculcados y una vía que cada vez es más usual es acudir al dictamen de un juez, es decir dejamos a la justicia lo que no da respuesta la política.
En estos 15 años queda mucho por hacer y debemos hacer hincapié en la importancia del desarrollo de esta Ley y de generar sinergias para dar cobertura a la demanda de miles de personas mayores y dependientes en nuestra Comunidad. Debemos redoblar los esfuerzos para que las personas con dependencia puedan recibir de la mano de la administración el derecho a la cartera de servicios. Se necesita liderazgo para que todas las instituciones, desde las organizaciones no gubernamentales, las administraciones locales y las instituciones Autonómicas caminen de manera conjunta y coordinada para que las personas dependientes sean evaluadas en tiempo y puedan acceder a los servicios. Es fundamental, prevenir la dependencia y es fundamental ser eficientes en la gestión. Los próximos años son decisivos para marcar una impronta diferente de lo que se viene dando hasta ahora, miles de personas en el limbo de la dependencia o a la espera de ser evaluados. Canarias debe desalojarse del vagón de cola del desarrollo de estos servicios que son esenciales para las personas mayores y personas dependientes y sus familias, no tenemos excusas en el desarrollo de la Ley de Dependencia en Canarias, son tiempos nuevos donde la ciudadanía espera de gobiernos progresistas esfuerzos importantes en este sentido, no podemos defraudar, ni dar más de lo mismo de siempre.
