El Cierre Digital accede en exclusiva al testimonio de trabajadores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, entidad que gestiona el centro de Puerto Bello. Los educadores acreditan la remisión de correos electrónicos al Gobierno canario relativos a las irregularidades del centro, pero el ejecutivo regional nunca ha respondido. Un monitor ha comparecido ante la Fiscalía de Menores aportando pruebas del ‘infierno’ vivido por los migrantes, mientras exige transparencia a las instituciones.
Un monitor de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, entidad que gestiona el complejo turístico de los Apartamentos Puerto Bello, al sur de Gran Canaria, centro utilizado como recurso alojativo habilitado para ‘menas’ (Menores Extranjeros No Acompañados), ha comparecido voluntariamente este martes ante la Fiscalía de Menores en Las Palmas de Gran Canaria para poner en conocimiento, de manera presencial, una lista de presuntos delitos cometidos en este centro y cuyas víctimas serían los menores migrantes. Sin olvidar el menoscabo de la integridad física y moral sufrido, tanto por estos menores como por los propios monitores, debido a la «mala praxis» ejercida por esta fundación en el marco de la responsabilidad adquirida ante el Gobierno de Canarias en cuanto a la tutela de estos migrantes, siendo el ejecutivo regional, junto a la Delegación del Gobierno de Canarias, los principales responsables de la estancia de estos menores en el archipiélago .
ElCierreDigital.com ha accedido en exclusiva a las manifestaciones de algunos de los trabajadores de esta fundación, siendo este testimonio recogido en directo por la Fiscal de Menores, Beatriz Sánchez, ante quien han puesto de manifiesto el «infierno» que soportan los menores extranjeros a diario en Puerto Bello, en relación a presuntos abusos sexuales, prostitución, uso de drogas, tabaco y alcohol, conductas vejatorias y golpes violentos sufridos por menores migrantes en el centro, además de las irregularidades perpetradas respecto a la seguridad, condiciones sanitarias, habitabilidad, educativas y alimentarias, supuestos de los que esta fiscal ha tomado buena nota, según han informado a este medio.
Pero además, a mayor abundamiento de estos graves hechos descritos por los trabajadores de la fundación, estos monitores «valientes», siempre a favor de la «protección del menor» en base al código ético que marca el desempeño de sus funciones en Puerto Bello, han destapado ante la Fiscalía de Menores que «enviaron diferentes correos electrónicos a diversas autoridades del ejecutivo regional canario», misivas entre otras, remitidas a Presidencia del Gobierno, «sin que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, diera respuesta alguna, ni abriera ninguna investigación al respecto», explican.
La inacción del Gobierno
Según relatan algunos monitores a elcierredigital.com, «ni el presidente de Canarias, ni el resto de instituciones gubernamentales con las que contactaron de manera urgente por internet en varias ocasiones, a excepción de un miembro de Sanidad, quien recomendaba ‘denunciar estas supuestas negligencias ante un juzgado de guardia’, ninguno de los destinatarios de estas denuncias ‘preocupantes’, -esgrimidas por trabajadores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI-, jamás iniciaron de oficio inspección alguna en Puerto Bello, ni se ocuparon de las desgracias sufridas por los menores migrantes», para perplejidad de los propios educadores denunciantes, que acreditan su testimonio con los documentos de estas comunicaciones al gobierno, en exclusiva para ElCierreDigital.com.
Pero no existe constancia, presuntamente, de que estas instituciones públicas acudieran a la Fiscalía en ningún momento para informar de estos presuntos abusos sufridos por los menores migrantes en este alojamiento turístico en la localidad de Puerto Rico, según informan varios monitores de este centro.
Por otra parte, la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, reconoció públicamente que «tenía constancia de esta misma denuncia de manera anónima», -recibida el pasado 31 de mayo en su correo electrónico-, por lo que habría iniciado una investigación interna, así como hubo informado a la Policía Autonómica Canaria, dijo en una rueda de prensa. Sin embargo, la portavoz de la Fiscalía, Beatriz Sánchez, desmintió esta presunta «colaboración inmediata», de Santana en este asunto.
Aunque la Dirección General de Protección a la Infancia de Canarias salió, por el contrario, en defensa de las políticas de Santana, lo cierto es que su gestión institucional resultó cuestionada por el escándalo de lo acaecido con los menores en Puerto Bello, por lo que esta responsabilidad política fue puesta en tela de juicio en el Parlamento de Canarias durante la última sesión de control al gobierno regional.
Investigación de la Fiscalía de Menores
En relación a la personación voluntaria ante la Fiscalía de Menores, uno de los trabajadores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI subraya para este diario que «la fiscal Beatriz Sánchez, ha sido muy receptiva en este encuentro a todas las cuestiones que se advirtieron desde este grupo de monitores por correo electrónico a las autoridades políticas».
«La fiscal Sánchez es muy objetiva, ha realizado preguntas muy acertadas, está muy bien informada desde hace tiempo de algunos temas del centro de menores de Puerto Bello, tiene un interés real en llegar al fondo de la cuestión, así como ha solicitado los citados correos electrónicos de manera directa para evaluar la información recibida por el gobierno canario», relata este trabajador que, también por su parte, «solicita una inspección al centro de menores, y un ejercicio de transparencia de todos los compañeros, pues lo más importante es el estado de los niños, además de poner en valor la crisis y preocupación de algunos educadores por esta grave situación. Por ello, hay que llegar hasta el final», ha manifestado.
Coacciones a los trabajadores
Consultados monitores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que trabajan en el centro de menores de Puerto Bello, confirman que «se sienten coaccionados por esta entidad, pues en reuniones grupales en este complejo se les ha propuesto por parte de los responsables de la fundación que firmen un documento en el que se comprometen a decir que no han visto ni oído nada de los escándalos denunciados en los correos electrónicos destinados a los políticos», explican a este medio.
Sin embargo, aunque esta «petición de silencio desde la fundación», se ha realizado a la mayoría de los trabajadores del centro, alegan los monitores «valientes» que «no están dispuestos a callar el abuso sufrido por los niños ni las condiciones infrahumanas que se han vivido en Puerto Bello». Algunos educadores bajo su compromiso vocacional con la infancia, manifiestan, que «a pesar de las presiones para ocultar esta situación, estamos deseando que nos llame la Fiscalía para contar la verdad».
La Guardia Civil realizó advertencias
Los testimonios de algunos monitores de Puerto Bello, a los que ha accedido en exclusiva elcierredigital.com coinciden en «la continua presencia de la Guardia Civil en este centro por altercados casi a diario, en los que estos menores destrozaban el mobiliario de los apartamentos».
Pero también hay que recalcar que los guardias civiles llegaron a espetar a los directivos de la fundación que «los niños no podían fumar», así como indicaron que «estos alojamientos eran como una ratonera donde los propios agentes de la autoridad no estaban dispuestos a entrar en las habitaciones», dadas las agresiones, en algunas ocasiones, de los usuarios contra los policías. Es decir, ni los guardias civiles estaban dispuestos a acceder a estas instalaciones debido a las deficiencias de seguridad en estos apartamentos.
Confusión con menores fugados
Desde la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, según informan trabajadores, trascendió una lista de «once menores fugados del centro de Puerto Bello». Sin embargo, estas mismas fuentes consultadas alegan que «estos datos no son correctos» pues, al parecer, «estos menores migrantes, no se fugaron de este recinto, sino que fueron trasladados por esta organización en avión a otras localidades de la península».
Estos monitores subrayan su preocupación por el paradero de estos «menores no fugados», en el sentido de que sean localizados en sus destinos concretos derivados por esta fundación para que puedan prestar su testimonio ante la Fiscalía, explican.
Un motín en Puerto Bello
Según aclaran educadores de Puerto Bello, las irregularidades observadas en este centro, finalmente derivaron en lo que denominaron «un motín» provocado por los menores una noche del mes de febrero de 2021. «Simultáneamente, los ‘menas’ activaron altercados en diferentes dependencias de estos apartamentos, debido al hastío con la comida, ropa, ausencia de actividades y clases, discusiones, tensiones, hasta que la situación estalló, era imposible de controlar», matizan.
También afirman «el menoscabo físico y psicológico sufrido por los menores, debido a la mala gestión en este centro, cuando la mayoría de estos niños son pacíficos, mientras la minoría son conflictivos porque portan armas, consumen drogas y alcohol, o se prostituyen». Además, algunos niños eran tratados con pastillas antidepresivas por monitores sin titulación sanitaria, no había control sobre estos medicamentos que desaparecían de la recepción del centro ni había organización con la administración de estas medicaciones, denuncian.
Vídeos con supuestos abusos sexuales
La respuesta por parte de algunos monitores es rotunda, afirmativa, cuando se habla de «reparto de condones por educadores, presuntos abusos sexuales y prostitución entre los menores en Puerto Bello». Aunque no son testigos de los abusos, afirman que «existen unos vídeos que circulan entre los menores, al parecer, con estas presuntas agresiones sexuales», bajo el temor de que «uno de los niños llegara a fugarse al ser víctima de abusos y humillaciones».
Otra de las irregularidades que denuncian se produjo cuando «una única menor se alojó durante un mes en Puerto Bello, compartiendo alojamiento con 190 migrantes masculinos. La vigilancia era extrema, pues algunos varones intentaban entrar en su habitación para tener relaciones sexuales con la menor. Aquella niña estuvo recluida durante semanas sin salir de su habitación para no ser violada», relatan indignados los trabajadores de este centro.
Consumo de drogas
Existe constancia de que «algunos menores fuman, consumen drogas en el centro, trapichean con estas sustancias en un parque cercano a Puerto Bello, podrían incluso negociar entre los menores, incluso prostituirse a cambio de hachís, pastillas o alcohol», explican los monitores que indican «la peligrosidad de ciertos usuarios de estos apartamentos». Igualmente, destacan que uno de los niños tiene una shisha o narguilé para fumar en su habitación, autorizado por el ex director de esta fundación, Fernando Pérez Romero, cuando es algo totalmente prohibido.
Una de las habitaciones de Puerto Bello.
Sin embargo, otros menores somatizan la tensión diaria y recuerdan cómo uno de los niños se cosió la boca a sí mismo, otros se autolesionan continuamente y solamente uno de los menores, entre los 190 usuarios, estudia español por su cuenta. Sin embargo, en el centro no hay formación ni clases.
Los educadores sostienen a modo de crítica que «no se exige a los menores las facturas de objetos como televisiones, teléfonos móviles u otros enseres que llevan a Puerto Bello, para verificar la procedencia, y descartar que sea material robado».
Incumplimientos sanitarios
Las críticas de educadores de la fundación también hacen hincapié en la falta de cumplimiento de las normas de la Covid-19 en el centro, la proliferación de enfermedades y la carencia de material sanitario EPI para la protección de los trabajadores, dado los contagios y la suciedad extrema en las habitaciones de algunos usuarios, que también podría afectar a los monitores por falta de recursos.
‘Maltrato’ a los menores
La manera de despertar a los niños por las mañanas por parte de ciertos educadores, durante una temporada al menos, consistía en apuntar a los menores con linternas, tirarles la manta de la cama o gritar en sus habitaciones, métodos poco educativos que favorecen un clima hostil, describen otros monitores con disgusto por estas actuaciones.
Imagen del interior de los apartamentos.
«Algunos monitores tenían la mano muy larga con los niños pues llegaron a pegarles, empujarlos, gritarlos», incluso «chantajeaban a los niños para que hicieran tareas e intercambiaban fotos en los teléfonos cuando está totalmente prohibido tener relaciones personales con los usuarios», relatan a este medio.
Igualmente, expresan su malestar por «no contar con agua caliente en el centro» lo que provocó que algunos menores usaran electrodomésticos para secar ropa, o calentar agua, con riesgo de accidentes, incendios, o electrocución. Así, recuerdan cómo un menor se quemó la cara al mezclar jabón con un encendedor, al sufrir una pequeña detonación.
Roce laboral
Uno de los escollos de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, según afirman educadores de habla hispana, es la forma informal de contratar al personal del centro pues «la mayoría de los educadores al ser de origen marroquí, no usan el idioma español en Puerto Bello, tampoco tienen titulación para trabajar en este centro, y es prácticamente inviable la comunicación con el resto de monitores que no hablan marroquí, produciéndose un choque cultural y de comunicación entre trabajadores a la hora de ejercer sus funciones con los niños». Y recalcan que «se sienten en minoría en estas instalaciones, sin saber realmente lo que pasa en cada momento al no poderse comunicar en la misma lengua».
Vox señalado por Puerto Bello
La valoración que realizan algunos trabajadores de Puerto Bello, respecto a la gestión de la extrabajadora de este centro, María Ángeles Barroso, -actual secretaria de VOX Las Palmas-,
es «poco positiva» e indican que «tenía un comportamiento autoritario con los menores y con los compañeros de trabajo», así como que era considerada «la mano derecha del ex director de este centro, Fernando Pérez Romero«.
Barroso recibía fuertes críticas de los menores por sus actitudes pero en la actualidad también es criticada por su gestión en otro centro que regenta de la misma fundación. Así mismo, Pérez procede de otro centro de menores de Lanzarote, «función de la que se vanagloriaba», dicen sus compañeros, que, a su vez, recuerdan que este alojamiento fue intervenido por la policía por presunta prostitución de menores.
Barroso y Pérez ya no trabajan en Puerto Bello sino que fueron trasladados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI para dirigir otros dos centros de menores en Gran Canaria, pero no se descarta que sean requeridos por la Fiscalía de Menores, según indican a ElCierreDigital.com.
Denuncias políticas
La denuncia enviada por internet al Gobierno canario desde un correo electrónico el diez de junio por algunos de los monitores de los menores de Puerto Bello, también fue remitida simultáneamente a Presidencia, Educación, Juventud y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán.
Por este motivo, la alcaldesa de este consistorio, Onalia Bueno, puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos, lo que dio origen a la apertura de unas diligencias de investigación con la consiguiente citación judicial de algunos de los responsables de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, con el fin de esclarecer la comisión de estos delitos.
En este sentido, el Partido Popular, a través de su portavoz, Australia Navarro, anunció la solicitud de una comisión de investigación si se confirman los delitos en Puerto Bello, e igualmente, inquirió al presidente autonómico en sede parlamentaria reprochando al Gobierno de Canarias que «no haya trasladado aún a la Fiscalía las presuntas agresiones a los menores que tutela».
En cualquier caso, sin duda alguna, la grave situación de estos menores en Puerto Bello «podría reventar el acuerdo de Gobierno canario entre PSOE y Podemos como socios, junto a los otros dos partidos locales del pacto», señalan fuentes socialistas consultadas, «además de dejar totalmente al descubierto en el Parlamento de Canarias esta mala praxis política, del propio presidente del ejecutivo regional, el socialista Ángel Víctor Torres, junto a la responsable de políticas sociales, Noemí Santana» (de Unidas Podemos), indican a elcierredigital.com.
