En 1996 la OMS acordó que la violencia contra la mujer es un problema de Salud Pública e instó a los estados miembros a evaluar la dimensión de éste. Desde esa fecha no han dejado de realizarse esfuerzos, en todos los países, intentando visibilizarla.
Tales esfuerzos se traducen en estudios, investigaciones y grupos de trabajo que, desde las distintas áreas del conocimiento, tienen como objetivo contribuir a caracterizar el fenómeno.
En este sentido es preciso hacer una referencia especial al relevante papel que ha desempeñado el movimiento organizado de mujeres (movimiento feminista) en este proceso.
Sus esfuerzos han contribuido, por una parte, a sensibilizar a la población y, por otra, a que las Instituciones Públicas pongan en marcha medidas para el abordaje de la violencia contra las mujeres.
Sabemos que se trata de un fenómeno complejo, cuya primera dificultad está en el establecimiento de criterios universales para establecer la propia definición de “Malos tratos”.
Si bien la Organización de Naciones Unidas ha elaborado definiciones para los distintos tipos de violencia, estas concepciones son muy amplias y se demanda hacerlas más operativas, si se quiere investigar, con precisión, la magnitud del problema.
Además de la dificultad que existe con la definición, se suma el hecho que todavía la violencia contra la mujer es considerada por un importante sector de la población un problema privado e interno de la familia y no, un grave problema de Salud Pública que, nos afecta a todos. El hecho anterior facilita, aunque cada vez menos que, exista una gran tolerancia y permisividad social.
Las cifras de esta lacra social que afloran a luz pública, se cree que subestiman la magnitud real de la violencia existente, ya que la medida de la misma entraña gran dificultad.
Por una parte, algunas mujeres aceptan el maltrato como un hecho natural a su existencia (introyectada psicológicamente a lo largo de su educación vital). Por otro lado, también debemos ser conscientes que muchas mujeres, por vergüenza o por miedo a su cercano maltratador, no denuncian abiertamente su amarga e insostenible situación personal.
La violencia contra las mujeres tiene gran repercusión en su salud y, por ende, en el propio Sistema Socio-Sanitario del país. De este modo cuando el maltrato físico se ha producido y la mujer resulta herida en los episodios de violencia, recurren al Sistema Nacional de Salud y a sus profesionales en busca de cuidados médicos/enfermería.
De igual modo y, generalmente tras largos años de violencia doméstica, la mujer presentará cuadros de afectación en su salud mental y, acabarán requiriendo, también, la atención de los especialistas en esta disciplina de la psiquiatría y la psicología.
De igual manera, los recursos sociales vinculados al cuidado y protección de la mujer y de sus hijos, en caso de violencia machista, consumen una importante cantidad de recursos.
Dicho lo anterior, a nuestro entender, debemos encontrar los mecanismos para detectar, lo más tempranamente posible, las situaciones que puedan ser origen de maltrato de género, antes de la consumación en lesiones físicas, psíquicas, o peor aún, en la muerte de la mujer por su maltratador.
Se nos plantea un reto, a los Profesionales, al Sistema de Salud y, a la propia Comunidad, para detectar tempranamente la semiología que nos sirva para PREVENIR este problema de salud comunitaria.
Asumiendo esta responsabilidad para la detección preventiva de casos de malos tratos, los Equipos de Atención Primaria deberían ser capaces de” escuchar las llamadas de atención que se realizan por las mujeres que viven este problema”.
En la práctica diaria se constata la presencia de mujeres que acuden a los servicios de salud presentando y demandando, de manera repetida, asistencia por signos y síntomas inespecíficos, de carácter físico o psicológico, y en cuyo trasfondo puede subyacer la violencia como causa, pero que ni la mujer, ni el propio profesional la relacionan con ella.
Como consecuencia a lo anterior se prescriben pruebas diagnósticas y terapéuticas que resultan poco efectivas, incrementando las consultas a diferentes especialistas que, tampoco resolverán el problema.
Las y los profesionales del Equipo de Atención Primaria deberían desempeñar un papel fundamental en el proceso de resolución de la violencia, ya que de ellas y ellos dependerían, por un lado, la detección precoz de este problema de salud y, por otro, la elaboración de los informes que demuestren el carácter de habitualidad de los episodios violentos que, servirían para la correcta cumplimentación del «parte de lesiones». Todos estos informes son muy importantes para las mujeres, puesto que puede ser la base de una sentencia judicial favorable.
Para erradicar este grave problema social se debería adecuar e intensificar los protocolos, dentro de la cartera de servicio de los centros de salud, para la detección precoz de la violencia de género.
Sin embargo, el ejercicio de estas tareas asignadas al sistema sociosanitario y a sus profesionales, en la necesidad de afrontar la violencia de manera preventiva, requieren de la adecuación e incrementación de los recursos. Adecuación que tiene que ver, entre otras, con la sensibilización y formación de los profesionales, con profundización en el conocimiento en esta materia, a través de la utilización de los sistemas de información y vigilancia. En pocas palabras, realizar una gestión de los recursos desde la vertiente de la Salud Pública, dando significado y prioridad a la Prevención antes que a la Asistencia.
Hasta que no se ponga freno total a esta injusticia social, debemos mantener una beligerancia activa, ya que, si no fuera así, se desacredita nuestra sociedad y sus Instituciones, ya que ellas
deben ser las garantes de la seguridad de los individuos, hombres y mujeres que conformamos nuestra sociedad y, donde el Estado y sus políticos, son directamente responsable de hacer que se adecúen las medidas para preservar la igualdad entre ambos géneros.
