Cuando la violencia irrumpe sin aviso, la rapidez de la respuesta policial se mide entre el deber, la ley y el juicio público
El pasado sábado 17, el aeropuerto de Gran Canaria fue escenario de un episodio trágico y estremecedor. Un hombre, aparentemente fuera de sí, armado con un cuchillo, atacó a un taxista. Minutos después, se encaró con la Policía Nacional, que intervino con celeridad. El desenlace: cinco disparos y un cadáver en la terminal. El suceso ha reabierto un debate espinoso, inevitablemente cargado de emociones: ¿fue proporcional la respuesta de los agentes?, ¿era necesario abatirlo?, ¿se pudo evitar su muerte? El miedo se propagó como una onda sísmica entre los viajeros que presenciaron la escena, donde la violencia irrumpió sin previo aviso.
En medio del desconcierto, emergen con fuerza interrogantes legítimos, pero también juicios apresurados. Las redes sociales, tan instantáneas como implacables, se llenaron de vídeos, opiniones y críticas. Algunos cuestionaban el número de disparos; otros señalaban con razón que cinco cuchilladas certeras matan igual que mata un disparo certero. No se trataba de una pelea de bar ni de una gresca entre iguales. Un enfrentamiento entre un malhechor y la policía no es como subirse a un ring, con las mismas reglas para unos y otros. El agresor no anunciaba sus movimientos ni respetaba norma alguna. La policía, en cambio, sí está obligada a medir su actuación, bajo la presión del tiempo, del riesgo y del deber. Y eso —conviene recordarlo— no es una ventaja, sino un desafío mayúsculo.
La sociedad moderna vive entre dos extremos: el de la complacencia y el de la condena automática. Cada vez que ocurre un suceso como este, se levanta la disyuntiva moral entre disparar o esperar. Pero esperar, en esos pocos segundos de tensión extrema, puede costar vidas inocentes. La proporción está en la intención: ¿había intención de matar por parte del agresor? ¿se quiso neutralizar o ejecutar?, ¿se disparó para evitar más víctimas o como castigo instantáneo? En este caso, por la forma de actuar, podría incluso tratarse de un lobo solitario, de los que desgraciadamente, oímos hablar en los telediarios. No es el caso. No había reivindicaciones ideológicas ni religiosas. Parece ser que actuó movido por una pulsión violenta que brotó sin provocación previa.
Una amenaza que no entiende de contextos ni espera a ser desactivada por el diálogo. Frente a ello, la policía tiene la obligación de actuar, y la sociedad, la de comprender la diferencia entre una intervención legítima y un abuso. Sí, cada disparo es una derrota de la razón y un golpe a la conciencia colectiva. Pero también lo es cada cuchillo que hiere, cada víctima que sangra sin sentido. El dilema entre cinco tiros o cinco puñaladas no es trivial, ni se resuelve en blanco y negro. La seguridad exige decisiones duras, y a veces, decisiones trágicas.
Lamentamos la muerte. Lamentamos que siga habiendo personas dispuestas a sembrar el caos. Pero no deberíamos lamentar que quienes están para protegernos lo hagan con firmeza, dentro del marco legal, aunque eso nos enfrente a preguntas incómodas. Porque el desconcierto pasará, pero la verdad y la justicia, si las cuidamos, permanecen.
