El martes 2 de diciembre hemos conocido que el Centro Nacional de Vulcanología se ubicará en la Isla de La Palma, según el acuerdo del Consejo de Ministros. La información real de lo que implica dicho acuerdo la ofrece el propio Ministerio (https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2025/diciembre/La-Palma-sede-Centro-Nacional-Vulcanologia.html). Y de dicho comunicado se deduce que el Gobierno estatal ha aprobado la sede física del futuro Consorcio “ “Centro Nacional de Vulcanología” en la isla de La Palma. No hay ninguna referencia en el acuerdo del Gobierno respecto a su ubicación física en la isla
En el acuerdo, el Gobierno introduce “nuevas condiciones”. Claramente, se limita a designar la sede física, con el procedimiento y los criterios ya fijados en el BOE (Real Decreto 209/2022 y la Orden que inició el procedimiento específico para el Centro, PJC/1042/2025). Además, recuerda el informe de la Comisión Consultiva publicado por Orden TMD/1052/2025 en el BOE, que es el que recoge los criterios de selección (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-18955)
El Consejo de Ministros no ha aprobado las condiciones de fondo. Por eso, quiero reiterar que lo único que hace el Gobierno es constar que la candidatura presentada (Cabildo de La Palma + Cabildo de Tenerife) satisface esos criterios y, en consecuencia, designa a La Palma como sede. Pero nunca entra en el detalle parcelario de su ubicación, ya que a juicio del Consejo de Ministros la decisión es del consorcio, y no es una cuestión de un solar concreto. El acuerdo no legitima ni avala explícitamente ninguna parcela concreta ni las obras locales asociadas; eso queda bajo responsabilidad –y posible control judicial– de las administraciones que las están promoviendo.
Sin embargo, de manera casi inmediata empiezan a oírse voces de que la sede física del Centro Nacional de Vulcanología será en un solar en Tacande. El discurso político y mediático que celebra la ubicación del Centro Nacional de Vulcanología “a los pies del Tajogaite” es profundamente demagógico: oculta la contradicción con los criterios oficiales del propio Estado, silencia la vinculación con obras de más que dudosa legalidad y utiliza el dolor de la erupción como coartada moral para operaciones urbanísticas y de poder que merecen, como mínimo, un escrutinio severo.
Si la información del Consejo de Ministros es sobradamente nítida, la clase política palmera, situando en primer lugar al Alcalde del Ayuntamiento de El Paso, no tiene ningún rubor en pasar de un discurso de la protección civil, de la emergencia y la reconstrucción, al marketing volcánico. Y sin ningún aspaviento, la clase política local está faltando a la verdad; pues está suficientemente escrito en el BOE que el “edificio deberá ser en sí mismo resiliente (…) y además deberá ubicarse fuera de la zona de mayor riesgo volcánico.” La lógica de la protección civil, como primer elemento clave para su ubicación, y de la continuidad operativa de dicho centro, exige alejar físicamente el centro de las zonas de máximo peligro.
Sin embargo, la noticia en los medios locales y el discurso del alcalde de El Paso empujan exactamente en sentido contrario. El emplazamiento se vende como “en Tacande, en un solar del Ayuntamiento de El Paso, rodeado por la imponente presencia del volcán Tajogaite”. Además, consideran que es un “emplazamiento estratégico accesible, próximo al volcán”, y una oportunidad de investigación “sobre el terreno más próximo al volcán Tajogaite”
El Alcalde de El Paso, el Presidente del Cabildo Insular de La Palma y toda una hornada de políticos locales, producen una inversión semántica reveladora, lo que en el BOE se concibe como riesgo a evitar, en la demagogia de sus palabras lo convierten en un discurso político-mediático de reclamo publicitario.
La gravedad de las declaraciones debería llevarlos a una rectificación inmediata ante la sociedad. No es solo una disputa de lenguaje técnico. Es un choque frontal entre la lógica de la legalidad del BOE y la prioridad de la protección civil frente a una supuesta lógica del marketing político local. Y se hace, además, en nombre de la ciencia y de las víctimas de la erupción.
El Real Decreto 209/2022 y las órdenes publicadas en el BOE construyen un relato de neutralidad. Exponen un procedimiento objetivo, transparente y competitivo, con criterios previos publicados, y unas memorias justificativas, análisis de impacto, etc. De hecho, yendo a dichos argumentos, la candidatura de La Palma ya argumentaba que ofrecía dos ubicaciones físicas, la antigua fábrica JTI y la Casa Massieu. Sin embargo, la prensa local, sobre todo, relata otra historia.
Personalmente incluso llego a sospechar que existen posibles indicios de ilegalidad en el solar que se menciona, y la ejecución de una nueva vía de conexión entre la carretera LP-212 y la LP-2. El propio alcalde de El Paso explica que el solar de Tacande fue comprado antes de conocerse la decisión del Gobierno; y que gracias a una subvención del Cabildo (es decir, dinero público) que “movió ficha” para “asegurar un emplazamiento estratégico”. Es decir, posiblemente estemos ante un acto especulativo.
Dicho en plata. mientras el Gobierno central escenifica un procedimiento abierto, el nivel insular y municipal trabaja sobre la lógica del hecho consumado. Así, primero se habilita el suelo “adecuado”, para después se envuelve la operación con el prestigio de una infraestructura nacional. Finalmente, lo venden a la ciudadanía como si la ubicación fuera el resultado natural de un proceso neutral. En palabras vulgares, es un “pelotazo”.
Llama la atención que algunos medios digitales palmeros presenten este “adelanto” como una astucia política. La palabra “demagogia” empieza a encajar: se invoca el interés general, pero se ocultan al público los mecanismos concretos de cómo se ha llegado exactamente a ese solar y no a otro.
La vía “de emergencia” es una falacia. Es la vía que no existía. Detrás del proyecto de nueva vía que une LP-212 y LP-2 hay una operación que está bajo lupa judicial. El problema se agrava cuando se cruza la noticia de los medios palmeros con la denuncia que se presentó ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la que se señalan presuntos delitos relacionados con la obra de nueva conexión entre la LP-2 (zona Paraíso-Torreón) y la LP-212 (carretera de San Nicolás), en el término municipal de El Paso.
De las obras de reconstrucción, nunca mencionan esta vía de nueva construcción. Se presenta oficialmente como “recuperación de la conectividad vial tras la erupción”. Pero, según la denuncia y la propia cartografía previa, la vía sencillamente no existía antes de la erupción. La Fiscalía palmera no vio indicios, ciertamente, pero es un síntoma más del halo de obscuridad y presunta corrupción que envuelve muchas de las supuestas obras de reconstrucción tras el volcán. En Madrid, opinan de forma diferente al Fiscal palmero. Quiero presentar algunos de los hechos que denotan las presuntas operaciones que se esconden tras esta nueva vía y el emplazamiento que se quiere para el Centro Nacional de Vulcanología.
En primer lugar, se está haciendo un uso discutible de fondos estatales de reconstrucción, ya que el convenio con el Ministerio de Política Territorial (RD-ley 20/2021, art. 35) establece que la financiación estatal es del 50 %, pero para obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras dañadas por la erupción. Sin embargo, la llamada “calle conexión LP-2 – LP-211” o la nueva vía hacia la LP-212 no existían antes: estamos ante una obra de nueva ejecución, difícilmente encajable en el espíritu de “reparar lo dañado”.
El proyecto de esta vía, y la propiedad de los terrenos afectados, incluido el solar para la ubicación que han anunciado el Ayuntamiento de El Paso, está viciado y lleno de irregularidades, opacidad y oscurantismo. La declaración de “emergencia” sin urgencia real, se aprobó por un pleno y un alcalde en funciones, en mayo/junio de 2023. Firma de un contrato millonario por un alcalde en funciones.
El entonces alcalde en funciones, Sergio Rodríguez, nunca puede adoptar decisiones de tal calado económico, más allá de los actos de mero trámite. Una obra de más de 7 millones de euros. La adjudicación directa ofrece dudas mas que razonable, ya que la empresa a la que se le dio el contrato a dedo carece de solvencia empresarial para ejecutar dicha obra. De hecho, el plazo de ejecución está ampliamente sobrepasado.
Se trata de la empresa Excavaciones Vicarp, S.L. La menciono por su nombre porque es público dicho contrato en la página de contratación del Estado. Más de dos largo años después, la obra no está terminada; difícil conciliar eso con la figura de la emergencia.
La elección del solar y la apertura de la nueva vía está en plena contradicción con el planeamiento urbanístico. El PGOU de El Paso clasifica parte de la zona afectada como Ba2.1 de interés geomorfológico, donde se prohíbe expresamente la apertura de nuevas vías y movimientos de tierras salvo supuestos muy tasados. Ejecutar una nueva vía en suelo rústico de protección paisajística choca de lleno con esa normativa y abre la puerta a posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente (arts. 319, 325 CP).
La falta de transparencia y posible vulneración de garantías es aún más grave, cuando no ha habido ninguna garantía de expropiación. No consta expediente de expropiación en BOP ni BOC ni en ningún medio oficial. Realmente, el Ayuntamiento de El Paso ha ido a cada propietario pidiéndoles la cesión gratuita del solar. Casa por casa, y con promesas orales de recalificación futura. Repito con voz más alta, es mucho más que un pelotazo.
Y a pesar de las irregularidades, la prensa local canta las virtudes del solar para el Centro Nacional de Vulcanología en la Carretera de San Nicolás. No mencionan ni una sola línea sobre esta controversia urbanística y de contratación, ni sobre el hecho de que el acceso y la puesta en valor de ese solar están íntimamente ligados a esta carretera “de emergencia” cuestionada. De nuevo, la demagogia glorifica el resultado (“un centro a los pies del volcán”) sin explicar a la ciudadanía la cadena de decisiones opacas y discutibles que lo hacen posible.
Después del acuerdo del Consejo de Ministros, y conociendo la denuncia en su momento ante Fiscalía, no tengo dudas que hay que hacer llegar a la Fiscalía Anticorrupción del Estado los entresijos que se esconden. Madrid debe saber que ha adjudicado un Centro Nacional, montado sobre un andamiaje local clientelar.
El contraste entre el BOE y la realidad local es, discursivamente, escandaloso. Si el Estado habla de sistema “objetivo, transparente y competitivo”, basado en principios de buena administración, con un proyecto de resiliencia y alejamiento de las zonas de mayor riesgo, y un consorcio nacional que refuerza la I+D+i y la gestión de riesgos, a nivel insular y municipal, se actúa en una dirección totalmente opuesta.
El Alcalde de El Paso, el Presidente del Cabildo Insular de La Palma, utilizan las emociones y el dolor del volcán, para crear un corazón de demagogia. Se usa el lenguaje de la reparación de los daños y del interés general para operaciones que, en buena medida, responden a dinámicas clásicas de clientelismo y urbanismo creativo. Se invoca la ciencia y el riesgo volcánico para justificar una ubicación que, sobre el papel, contradice el propio criterio estatal de no situar la sede en la “zona de mayor riesgo volcánico”. Se sentimentaliza el discurso (El Paso “corazón” del centro, “imponente presencia del Tajogaite”) para tapar preguntas incómodas
Quiero, para finalizar, hacer un llamado a la actitud y el pensamiento crítico. Los medios locales tienen derecho a celebrar una buena noticia para la isla. Lo que no es aceptable es convertirse en amplificador acrítico de un relato político que oculta datos fundamentales. Invito a la reflexión de los hechos, porque no se contextualiza que la conexión vial asociada a esa ubicación está bajo la lupa judicial por posibles delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delitos urbanísticos y medioambientales. No se confronta el entusiasmo local con el criterio objetivo del BOE de mantener la sede fuera de la zona de mayor riesgo.
Cuando un medio omite estos elementos, no está informando: está haciendo relato. Y cuando ese relato rebaja la complejidad jurídica y técnica a un eslogan (“Tacande, corazón del Centro Nacional de Vulcanología”), cruza la línea hacia la demagogia mediática.
Mi aportación no es contraria a que La Palma sea la sede del Centro Nacional de Vulcanología. Mis argumentos apuntan a que no se puede levantar un centro de ciencia sobre una colada de irregularidades. El Centro Nacional de Vulcanología es, en sí mismo, una buena idea. España necesita una estructura seria, coordinada, capaz de mejorar la predicción, la gestión del riesgo y la respuesta social ante erupciones futuras. La Palma y Canarias, por su historia y su realidad volcánica, tienen argumentos sobrados para albergar ese centro.
Los políticos palmeros deben rectificar. El discurso político no puede distorsionar los criterios técnicos del propio Estado. No se puede romantizar una ubicación que choca con el principio básico de protección civil (no situar la sede en la zona de máximo riesgo). Y, sobre todo, que es inadmisible que se silencie que el solar “estratégico” está entrelazado con una obra cuestionada judicialmente por presuntas ilegalidades en contratación, financiación, planeamiento y protección del suelo.
Un centro nacional no puede nacer sobre una colada de irregularidades jurídicas y urbanísticas ni sobre un mar de silencios interesados. Si de verdad queremos que La Palma sea referente mundial en gestión de riesgos volcánicos, el primer riesgo que habría que gestionar es el riesgo de que la demagogia política y el urbanismo oportunista acaben devorando la credibilidad científica y moral de un proyecto que debería ser ejemplar.
La transparencia, el respeto escrupuloso a la ley y el cumplimiento literal de los criterios fijados en el BOE no son trámites incómodos: son la única base sólida sobre la que construir un auténtico Centro Nacional de Vulcanología. Todo lo demás es propaganda con lava de fondo.
*Profesor jubilado. Licenciado en Química y Pedagogía. Presidente de Tierra Bonita
