- La aerononave no tripulada ocasionó el desvío de varios aviones así como cortes de tráfico aéreo
- Este hecho supuso la suspensión del aeropuerto durante aproximadamente una hora, afectado a más de 600 personas
La Guardia Civil de Fuerteventura, a través de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Puerto del Rosario, identificó y sancionó al piloto de un dron que realizaba vuelos no autorizados en las inmediaciones del Aeropuerto de Fuerteventura, a menos de un kilómetro de éste. El aparato operaba dentro de una Zona CTR (Controlled Traffic Region), un espacio aéreo controlado que rodea a los aeropuertos para garantizar la seguridad de las aeronaves tripuladas, especialmente durante las maniobras de despegue y aterrizaje. Estas zonas restringen el vuelo de drones a menos que se obtenga un permiso explícito del control de tráfico aéreo.
La alerta fue recibida por la Guardia Civil a través del personal del Aeropuerto, que observó el dron volando a baja altura y en perpendicular a las pistas. Esta actividad, además de vulnerar la normativa vigente sobre aeronaves no tripuladas, generó una situación de riesgo al provocar el desvío de dos vuelos hacia Las Palmas y la demora en el aterrizaje y despegue de otros cuatro vuelos. Como medida de seguridad, se suspendieron temporalmente todas las operaciones del aeropuerto entre las 07:00 y las 08:10 horas, afectando a unas 600 personas.
Una patrulla de la especialidad Fiscal y de Fronteras (PAFIF) se desplazó al lugar y localizó al responsable, quien operaba un dron de la marca DJI, modelo FLIP y 249 gramos de peso, en un espacio aéreo restringido sin la autorización del control de tráfico aéreo. El piloto manifestó desconocer la normativa aplicable.
Los hechos constituyen una infracción muy grave conforme al artículo 48.3 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, por el incumplimiento de las limitaciones operativas en materia de servidumbres aeronáuticas y uso del espacio aéreo.
La Guardia Civil ha recordado que el vuelo de drones en las proximidades de aeropuertos está estrictamente prohibido salvo autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Este tipo de prácticas no solo supone un riesgo directo para la seguridad, al interferir potencialmente en maniobras de aproximación y despegue de aeronaves, sino que además puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 90.001 y los 225.000 euros.
Asimismo, se insiste en que los operadores de drones tienen la obligación de conocer y respetar la normativa europea y nacional vigente, en particular el Reglamento (UE) 2019/947 que regulan el uso seguro de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).
Con esta intervención, la Guardia Civil reafirma su compromiso en la vigilancia y control del espacio aéreo en las inmediaciones de los aeropuertos canarios, garantizando la seguridad de los pasajeros, tripulaciones y operaciones aéreas.
