La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en representación del Ayuntamiento de Mogán, ha acudido este martes a la capital grancanaria a presentar una denuncia en la Fiscalía Provincial de Las Palmas para poner en su conocimiento los supuestos casos de agresión sexual, prostitución, violencia física y otras irregularidades que tendrían lugar en el complejo de apartamentos Puerto Bello (Puerto Rico), actualmente activo como centro de menores extranjeros no acompañados. Los hechos han sido denunciados por empleados de este centro.
El Consistorio moganero recibió un correo electrónico cerca de las 14:00 horas del viernes 10 de junio procedente de un grupo de trabajadores anónimos de la Fundación Respuesta Social S.XXI, que denuncian una serie de situaciones que han ocurrido y continúan manifestándose en Puerto Bello y que podrían ser constitutivas de delito.
El informe remitido relata de forma precisa cómo una auxiliar técnico educativo comunica que un grupo de menores le ha reportado las repetidas agresiones sexuales que ha sufrido un menor – identificado incluso por sus iniciales – por parte de otros dos usuarios alojados en el centro ya certificados como mayores de edad. Parece además que el menor agredido ha tenido que fugarse para evitar ese tipo de situaciones y las humillaciones de sus compañeros por lo ocurrido. Un auxiliar del turno de noche llega a indicar la existencia de vídeos de las agresiones sexuales y se asegura que varios menores también informan de lo ocurrido.
Por todo ello, el equipo educativo solicita a la dirección del centro un refuerzo de los turnos de noche e interponer la correspondiente denuncia. Según data el informe, nada de esto se ha llevado a la práctica. Lo mismo parece suceder con los casos de prostitución, pues se refiere que la dirección conoce que al menos tres menores la han ejercido dentro y fuera del centro y que no se ha actuado al respecto. De igual forma, se señalan repetidas e injustificadas agresiones psicológicas y físicas a los jóvenes que van desde los insultos y vejaciones, a la intimidación y contenciones físicas –colocando una rodilla sobre el cuello de los menores o practicando la “estrangulación desnuda”–.
También delatan otro tipo de negligencias como la falta de atención médica de los menores que tienen un tratamiento psiquiátrico o los que requieren antibióticos, así como el inexistente protocolo anti COVID-19. Asimismo, las deficientes condiciones de habitabilidad que presentan las instalaciones por los altercados que se han sucedido en los últimos meses y el mal estado de las instalaciones de suministro eléctrico y de agua.
Este grupo de trabajadores de la Fundación Respuesta Social S.XXI denuncia la ausencia de prestación de servicios básicos como la educación, transcribiendo que desde hace meses no se imparten clases de alfabetización ni talleres emocionales o sociales que permitan la integración de los menores. Se relata el descontrol generalizado en el personal del centro que supuestamente permite el tráfico y consumo de estupefacientes, y la falsificación de los informes sobre la ejecución de proyectos contratados por la Administración.
Por último, indican que los hechos descritos se han puesto en conocimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, la última vez el 31 de mayo, y que esta aún no ha llegado a inspeccionar el complejo.
La alcaldesa, que lleva meses denunciado públicamente y ante el Gobierno de Canarias la situación en la que se encuentran los menores extranjeros no acompañados en este complejo, en el que además son frecuentes las intervenciones de la Policía Local del municipio y Guardia Civil, es consciente de la extrema gravedad de los hechos que denuncia el grupo de trabajadores y confía en que la Fiscalía esclarezca la veracidad de estos y actúe en consecuencia.
