La Guardia Civil interviene ocho kilogramos de pescado inmaduro que se vendía de forma ilegal en Las Palmas de Gran Canaria 

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El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en Gran Canaria, ha denunciado administrativamente a un vendedor ambulante de pescado que no contaba de nota de venta, etiquetado del pescado, autorización para la venta ambulante ni medida alguna de refrigeración y mantenimiento del pescado. Tampoco aporta registro sanitario ni carnet de manipulador de alimentos, siendo realizada la venta en condiciones poco higiénicas.

El servicio se desarrolló el pasado día 09 de diciembre a las 11:30 horas, cuando agentes de la Patrulla del SEPRONA observaron al esta persona vendiendo pescado en la calle Málaga, en la acera próximo al supermercado Hiperdino.

Dicha persona utilizaba una báscula pequeña, trapos, garrafas con agua y una caja con bolsas de plástico para su distribución a los clientes; el género se presentaba en una  caja de PVC de las utilizadas por los distribuidores de pescado,  en la que se contenían especies pesqueras y que, tras una primera visual de los agentes, identificaron como “samas de pluma” y “bocinegros” que aparentemente y a simple vista no alcanzaban la talla minima reglamentada,  realizando la medición de los mismos mediante un sistema homologado, comprobando que ninguno de los ejemplares alcanzaba la talla mínima reglada para su venta.

Las medidas para las samas de pluma (Dentex gibbous) son de 35 centímetros y para los bocinegros (Pagrus Pagrus)  28 cms, y  casi ninguno de los ejemplares de ambas especies alcanzaban los 25 cms.

Dicho varón carecía de nota de venta, etiquetado del pescado, tampoco presentó autorización para la venta ambulante ni medida alguna de refrigeración y mantenimiento del pescado. Carecía de registro sanitario ni carnet de manipulador de alimentos, siendo realizada la venta en condiciones poco higiénicas.

Por todo ello los agentes incautaron todos los ejemplares, resultando un total de 8,5 kilogramos de pescado inmaduro, por existir riesgo para la salud humana y al no poder entrar en la cadena alimentaria se destruirán.

Paralelamente los agentes denunciaron al vendedor a la Ley 17/2003 de Pesca de Canarias, a la Ordenanza Municipal de venta ambulante de Las Palmas de Gran Canaria, a la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición y al Real Decreto 109/2010 sobre manipulación de alimentos.

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