Torres y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, subrayan que, en términos per cápita y por el total de usuarios, las islas reciben más aportación que la media estatal
Frente al 10% de los viajes que representan los trenes de cercanía y de media distancia en la Península, en las Islas se bonifica el 50% del total del servicio público integrado, lo que supone una mayor inversión
A petición propia, Franquis detallará el acuerdo suscrito hoy en Madrid en una comparecencia en comisión en el Parlamento de Canarias
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, rubricó esta mañana, en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), y junto a la ministra del ramo, Raquel Sánchez, el protocolo de colaboración para coordinar la aplicación de la ampliación de las medidas transitorias de ayudas al transporte público regular y terrestre en las islas.
A la firma acudió también el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis. Tras la rúbrica, y en rueda de prensa, el presidente de Canarias subrayó la importancia de este paso para paliar la inflación consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia e insistió en que las islas reciben más ayuda para el transporte en guagua y tranvía que otras comunidades, al elevarse del 30 al 50% la aportación estatal.
Según señaló, y en los cálculos máximos, la medida puede suponer una aportación de 24 millones de euros por parte del Gobierno central, que se añaden a los 170 millones que derivan cada año las distintas administraciones al transporte público en las islas, “lo que supone un gran esfuerzo público en el mantenimiento y funcionamiento de estos servicios”.
Torres agradeció el trabajo realizado por los equipos de ambos gobiernos que han elaborado este protocolo y volvió a valorar “el esfuerzo que hace el Ejecutivo español en este momento complicado para, aunando a todas las administraciones y esforzándonos todos en el bien común, responder a la inflación que sufren los europeos, españoles y canarios, tomar medidas coordinadas y llevarlas a la práctica de la mejor manera posible”.
El presidente de Canarias recordó que estas medidas se aplicarán desde este mismo jueves y hasta el 31 de diciembre y, aunque espera que sean suficientes, no descarta su prórroga por parte del Gobierno central si es necesario pasado ese plazo. Torres insiste en que, si Canarias tuviera trenes de cercanía y media distancia, disfrutaría de un descuento del 100%, “pero no los tenemos y, por eso, planteamos que, ante las singularidades de las islas, había que recolocar los porcentajes según nuestro marco jurídico y fiscal del REF, subiéndolo del 30 al 50% para las guaguas y el tranvía del área metropolitana de Tenerife”.
Se bonifica al 50% el total del transporte público en las Islas
El presidente y el consejero de Transporte rechazan que haya un agravio comparativo con los canarios por la gratuidad de los trenes de cercanías y de media distancia. Según explicó, en Canarias se bonifica en un 50% el 100% del transporte público existente (guaguas y tranvías), mientras que esos trenes representan en el territorio peninsular sólo el 10% del total de desplazamientos. El presidente considera necesario el decreto, no entiende que algunos partidos que reclaman la gratuidad total hayan votado junto a la derecha y la ultraderecha cuando la inflación afecta a toda la economía y a todos los sectores poblacionales, “por lo que es contradictorio”.
Torres advirtió de que estas medidas cambiarán los hábitos de transporte y pidió comprensión para los posibles errores que pueda haber al principio, entre otras cosas por el gran volumen de viajes en guagua y tranvía que se producen en Canarias, “pues, por ejemplo, en el final de un año normal, como 2019, hubo más de 45 millones de viajeros. Los bonos bajan un 50% y esto hará que se use más el transporte público, que contamina menos y que conviene desde el punto de vista energético”.
“Siempre he defendido que haya trenes en Canarias, pues contaminan menos, y se puede pedir la gratuidad de todo, pero eso podría hacer que no tuviéramos el estado del bienestar actual. Lo que no es verdad es que haya un agravio comparativo con los canarios y los datos son contundentes por tratarse de un 50% de ahorro todo nuestros sistemas de transporte público, que es integrado, y de la gratuidad en la Península del 10% que usa trenes de cercanía o de media distancia. La aportación económica del Estado en las islas, por tanto, es mayor y hay que reconocerlo”.
El protocolo firmado hoy compromete a las dos administraciones a analizar la situación del transporte público regular, colectivo y terrestre en las islas y evaluar las propuestas de ayudas transitorias que se han aprobado en el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto. El objetivo pasa por promover la ampliación de ese tipo de mecanismo de ayudas transitorias que presta servicio en el Archipiélago, para lo que se ha elevado esos 20 puntos porcentuales.
Para explicar con detalle el acuerdo de hoy, el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias prevé comparecer en el Parlamento regional y aclarar cualquier duda o tergiversación sobre lo que suponen estas medidas en las islas y la comparación con el resto de españoles.
El Ejecutivo canario siempre ha sostenido que el transporte público regular, colectivo y terrestre en el archipiélago constituye una necesidad de primer orden para el desarrollo de las comunicaciones, atendiendo especialmente a la realidad geográfica y a la obligada interoperatividad con otros modos de transporte como el marítimo o el aéreo. Al respecto, tanto la insularidad como la intermodalidad obligada han conformado en Canarias un sector de transportes que presenta notables diferencias respecto a su ordenación, dimensión y funcionamiento en la Península.
Además, debido a esa especial configuración geográfica, la mayor parte de la movilidad realizada en Canarias se realiza mediante transporte terrestre y, de ésta, la más relevante corresponde a lo que puede denominarse movilidad insular. Por ello, el Gobierno de Canarias invoca el artículo 8 de la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), en el que se reconoce al transporte público regular de viajeros el carácter de servicio público esencial y que su planificación y gestión se llevará a cabo de manera integrada y con carácter insular, garantizándose su financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado.
