•   los detenidos se enfrentan a penas de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y la reposición al estado original del espacio natural protegido

El SEPRONA en Gran Canaria En el marco de la “Operación  Domos”,  investigó  a 136 personas, la  operación  se  inició  a principios del año 2023, al observar un incremento de construcciones en zonas donde está prohibido este tipo de uso, entre las consecuencias de este tipo delictivo esta la obligación de demoler la obra y llevar a cabo la reposición a su estado original del espacio natural protegido.

Las investigaciones se inician, tras detectarse por los agentes del SEPRONA la proliferación de construcciones ilegales con fines residenciales, recreativos e industriales en suelos protegidos, donde están prohibidos ese tipo de usos, hechos que conllevan la degradación de zonas ambientales sensibles, poniendo en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades locales legalmente asentadas.

Una vez iniciada la operación, se detecta un nuevo modus operandi en la comisión del tipo delictivo por parte de los principales promotores, los cuales procedían a la adquisición de fincas rusticas en las cuales el uso está muy restringido debido a su protección medioambiental, a un precio relativamente económico, procediendo posteriormente a su segregación y parcelación perfectamente delimitadas, las cuales son vendidas posteriormente a un precio mucho más elevado, con la falsa creencia de que las construcciones en esas parcelas quedarían legalizadas en el tiempo por prescripción.

Estos promotores llegaban al punto de facilitar a los compradores dotaciones de servicios, tales como la construcción de manera conjunta de los cerramientos exteriores, colocación de portones de acceso a las sub parcelas e incluso gestionando la contratación de suministros de abastecimiento de agua de consumo humano utilizando a un instalador autorizado, falseando los boletines de instalación para obtener el suministro.

Posteriormente, los nuevos propietarios sin contar con ningún tipo de licencia, procedían dentro de las sub parcelas que se adjudicaban, a la construcción de diferentes edificaciones de uso residencial, en su mayoría para segundas viviendas.

Como consecuencia, se crean núcleos poblacionales que no cuentan con los servicios mínimos necesarios, creando una problemática en la gestión de los residuos y accesos, no contribuyendo con el pago de los tributos urbanos para el mantenimiento de estos servicios, lo que causa un perjuicio en contra de los propietarios de las viviendas legalmente establecidas que pueden ver mermados sus servicios y calidad de vida.

Cabe destacar que este tipo de actuaciones, causan un daño al medio ambiente en ocasiones irreparable, puesto que estas obras dejan una huella sobre el suelo natural difícilmente restaurable, lo que conlleva una pérdida sustancial de espacios naturales, de suelo agrícola y de biodiversidad en un ecosistema tan delicado como es el Canario.

La Guardia Civil recomienda:

Para evitar este tipo de consecuencias penales, antes de comprar y realizar cualquier tipo de actuación urbanística, se solicite información sobre su viabilidad, ante el servicio de disciplina urbanística del municipio afectado o en su defecto ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Consecuencias:

Penas de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, así como la demolición de la obra y la reposición a su estado original, pudiendo ascender la cuantía de la sanción a más de 200.000 euros