“Aunque incomode a la rama “sanchista” del actual gobierno social comunista” Hay momentos en la vida democrática de un país en los que uno siente que se está cruzando una línea que jamás debería tocarse. En España, esa línea es “la separación de poderes”, el principio que garantiza que el Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y los jueces juzgan. Y sin embargo, desde hace meses, asistimos a un fenómeno inquietante, que es: “la erosión deliberada del prestigio del Poder Judicial por parte del propio Ejecutivo”, especialmente cuando las decisiones de los tribunales afectan a personas del entorno del Gobierno.   “Una deriva, la actual, demasiado preocupante” El caso del juez Juan Carlos Peinado —que ha imputado a Begoña Gómez por dos presuntos delitos— ha sido el punto de inflexión. No por la decisión judicial en sí, que podrá ser recurrida, discutida o revisada, sino por la “reacción política” que ha desencadenado el propio gobierno social comunista que preside Pedro Sánchez La portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, afirmó en rueda de prensa que la actuación del juez es una “aberración” y que la esposa del presidente es “inocente”. No dijo “presuntamente”. No dijo “según la defensa”. No dijo “lo demostrará en juicio”. Dijo inocente, como si la inocencia fuera un decreto gubernamental y no una conclusión judicial. Y se quedó tan pancha. ¡Tomaya ya ¡ Con esa frase, la ministra no solo desacredita la instrucción, sino que “insinúa que el juez prevarica”, que actúa movido por intereses políticos y que forma parte de una supuesta ofensiva contra el Gobierno. Es una acusación gravísima, impropia de un Ejecutivo democrático y profundamente dañina para la imagen de España ante el mundo, pues nos coloca a la altura de una república bananera tercermundista.   “La normalización del ataque” Lo más preocupante es que esta actitud ya no es excepcional. Ministros, portavoces, diputados y socios parlamentarios han convertido en rutina el cuestionamiento de jueces, fiscales y tribunales cada vez que una resolución no les favorece. Se ha pasado de la prudencia institucional a “la descalificación sistemática”. De respetar las decisiones judiciales a insinuar conspiraciones. De aceptar los controles del Estado de derecho a tratarlos como obstáculos políticos. Y así, poco a poco, se está alimentando una narrativa tóxica, que es la idea de que los jueces españoles actúan movidos por ideología, que responden a intereses partidistas y que forman parte de una estructura hostil al Gobierno empeñada en derribarlo como sea.   “El daño internacional” España es observada de cerca por la Unión Europea, por el Consejo de Europa y por organismos internacionales que evalúan la calidad democrática de los Estados. Cuando un Gobierno acusa a jueces de prevaricar, de actuar políticamente o de intentar “derribar al Ejecutivo”, el mensaje que se proyecta es devastador: “Que el Poder Judicial español no es independiente. Que los jueces no son profesionales. Que las instituciones están contaminadas”. Y eso es falso. Rotundamente falso. Los jueces españoles han demostrado durante décadas una profesionalidad ejemplar. Han juzgado a políticos de todos los colores, a empresarios poderosos, a miembros de la Casa Real y a delincuentes comunes, y siempre con las mismas garantías procesales. Han actuado con rigor, independencia y sometimiento exclusivo a la ley.   “El Tribunal Constitucional como excepción interesada” Resulta llamativo que, en este clima de desconfianza hacia los jueces, el único órgano que el Gobierno elogia sin reservas sea el “Tribunal Constitucional”. ¿Casualidad? No. Lo preside Cándido Conde‑Pumpido, antiguo ministro socialista y sanchista hasta decir basta. Esa selectividad en el respeto institucional es, en sí misma, una forma de presión política; como queriendo dejar claro ante su parroquia “sanchista” que, “los tribunales son legítimos solo cuando fallan a favor del Gobierno”.   “España no es una república bananera” España es un Estado de derecho consolidado. Aquí se juzga al yerno del Rey, a presidentes autonómicos, a ministros, a alcaldes y a cualquier ciudadano con las mismas garantías. Aquí no hay intocables. Aquí no hay inocencias decretadas desde un atril. Aquí la Ley es la que decide, no el Gobierno, le guste a Pedro Sánchez o no. Por eso es imprescindible defender la independencia judicial con firmeza. Porque sin jueces libres, imparciales y respetados, “la democracia se convierte en un decorado”.   “Porque el respeto institucional no es opcional” El Gobierno puede discrepar de una resolución judicial. Puede recurrirla. Puede criticarla con argumentos jurídicos. Lo que no puede —lo que jamás debe hacer— es “acusar a los jueces de actuar políticamente”, de prevaricar o de conspirar. Eso no es crítico; es “deslegitimación institucional”. Es “erosión democrática”. Es “un ataque directo al Estado de derecho”. Y España, que ha construido su prestigio jurídico con décadas de profesionalidad, no puede permitirse que su propio Gobierno sea quien lo ponga en duda. Aquí no cabe aquella famosa frase muy propia de los lideres comunistas de la república, cuando se disponían a expropiar bienes y le llegaba el turno a actuar sobre una casa de uno de ellos, exclamaban ¡ALTO CAMARADAS QUE ESTA ES DE MAMÁ!   O como decíamos en el Casino de Telde los mauros de mi pueblo, cuando jugábamos al “subastado” … ¡Tapa bien esas cartas, que se te ve la Perica chiquillo! Que estas cosas hay que hacerlas bien, de ahora para después y no me salgas diciendo  con que te hice fullera, qué… ¡Casos se han dado! ¡Qué cosas!