La asistencia rompe todas las previsiones, con más de 3.500 agentes de la Benemérita y familiares llegados de toda España, que han exigido ante la sede del Ministerio del Interior la dimisión de su titular y el reconocimiento profesional, social y económico que merecen, incluido el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial.
Más de 3.500 guardias civiles procedentes de toda España se han manifestado esta mañana del sábado 18 de septiembre en Madrid para protestar contra el retroceso de sus derechos sociolaborales bajo el actual Gobierno. El acto de hoy ha culminado la campaña de movilizaciones que comenzaba el pasado noviembre frente a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, y que tuvo su continuación en una concentración llevada a cabo el pasado 5 de junio en la Puerta del Sol de Madrid.
El objetivo de esta manifestación, que arrancaba a las doce de la mañana en la calle de Génova, en los aledaños de la plaza de Colón, y que, tras recorrer distintas calles finalizaba frente a la sede del Ministerio del Interior, en el Paseo de la Castellana, ha sido, por un lado, concienciar a la ciudadanía de la falta de derechos y precariedad en las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la Guardia Civil. Por otro, trasladar a los grupos políticos y el Gobierno la necesidad de poner remedio a dichas precariedades y discriminaciones de manera inmediata.
De este modo, los trabajadores de la Benemérita han querido transmitir a la sociedad española que todavía siguen siendo ciudadanos de segunda, privados de derechos básicos como el de sindicación, o incluso de poder contar con una jornada laboral digna que les permita la conciliación familiar.
El acto, que ha transcurrido en un ambiente festivo, y en el que han estado presentes también numerosos familiares de los guardias civiles, ha sido cerrado por el secretario general de AUGC, Juan Fernández, el cual ha comenzado señalando que, de nuevo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha salido a la calle «para reivindicar democracia y dignidad. Para reivindicar lo que es de justicia para los guardias civiles. Que la Guardia Civil no sea tratada como un cuerpo policial de segunda»
Fernández ha vuelto a reiterar la petición de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el hombre que firmó el acuerdo de equiparación salarial y que lo da por cumplido, pese a que aún quedan importantes puntos por implementarse.
«¿Por qué tienen que seguir siendo los guardias civiles quienes más horas trabajen y peor remuneración reciban?»
El secretario general de AUGC ha recordado que los guardias civiles «llevamos meses, años, con pruebas y más pruebas; con promesas y más promesas, incluso con el incumplimiento de normas que dicen que los guardias civiles tienen derecho a una jornada laboral digna, con turnos de trabajo rotatorios, al igual que cualquier servicio de emergencias y por supuesto al igual que el resto de cuerpos policiales. Y no solo se debe implementar la misma jornada laboral en sus turnos, sino que se debe homologar la realización del mismo número de horas de servicio anuales entre Guardia Civil y Policía Nacional o cuerpos policiales autonómicos. ¿Por qué tienen que seguir siendo los guardias civiles quienes más horas trabajen y peor remuneración reciban?»
También ha señalado que, además de todo lo citado, queda otra cuestión pendiente, «y es el complemento de productividad. Los guardias civiles y sus familias saben muy bien de qué hablamos. Queremos que la penosidad del servicio nocturno y festivo sea justamente remunerada, queremos que esas Nochebuenas, Nocheviejas, esos días de Reyes que no podemos estar con nuestras familias, con nuestros hijos, no se paguen de la forma tan ridícula e insultante».
Hay que recordar que AUGC lleva solicitando desde hace varias semanas la dimisión de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, dado su desprecio en su gestión hacia los trabajadores del Cuerpo, que siguen careciendo de verdaderas herramientas para defender sus derechos. En este sentido, durante el acto los asistentes han coreado en repetidas ocasiones la exigencia de dimisión del Ministro, reclamando además su derecho a constituirse en un sindicato de pleno derecho.
Acto solidario hacia un compañero
En el escenario ante el que ha finalizado la manifestación, y antes de la intervención del secretario general de AUGC, se ha vivido un momento de intensa emoción en el acto de entrega a Alejandro González de un cheque solidario obtenido gracias a las aportaciones de sus compañeros, recibidas a través de una campaña promovida por AUGC. Alejandro, guardia civil destinado en el Destacamento de tráfico en Santa Olalla de Cala (Huelva), sufría el pasado 21 de marzo un grave accidente con su moto particular tras una salida de vía. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Zafra y posteriormente derivado al Hospital de Badajoz, donde fue intervenido de gravedad de las lesiones sufridas e ingresado en la UCI hasta el día 26 de abril. Dicho hospital emitió un informe donde aconsejaban e insistían en el traslado de Alejandro al Hospital de Parapléjicos de Toledo, por ser el de referencia nacional y especialista en la recuperación del paciente. Tras muchas dificultades administrativas, el trabajo y la presión de AUGC logró el ingreso de Alejandro en este centro de Toledo, donde hoy sigue recuperándose. Alejandro, visiblemente emocionado, ha recogido este cheque de manos de Eva María Gómez, secretaria general provincial de AUGC Madrid.
¿Qué reclama AUGC para los guardias civiles?
Las discriminaciones, precariedades y faltas de derechos que han llevado a AUGC a convocar la manifestación son muchas, diversas y antiguas. Los guardias civiles todavía no cuentan con una jornada laboral digna, con turnos de trabajo que permitan conciliar; el reparto de la Productividad premia a los altos mandos y deja las migajas a los agentes; pueden ir a la cárcel por una discusión laboral; sus representantes asociativos son represaliados; no hay derecho de sindicación; faltan medios humanos y técnicos…
Los guardias civiles continúan siendo los únicos trabajadores de los servicios de emergencia, incluidos, por supuesto, el resto de cuerpos policiales, que no cuentan con una turnicidad de trabajo estable y continuada -a pesar de que así lo marca la ley- que les permita conciliar su jornada laboral y familiar-. Esto es: los guardias civiles no conocen qué días tendrán que trabajar y cuáles librarán a apenas unas semanas vista.
A esto le tenemos que sumar, que un guardia civil es el policía que más horas de trabajo realiza anualmente, sin que este esfuerzo se vea recompensado en su nómina. Los guardias civiles continúan siendo tratados como policías de segunda.
Esta situación condiciona enormemente la vida de cualquier familia. Pero es que, además, para mayor agravio para los guardias civiles, como hemos señalado en el punto anterior, estos continúan privados de unos complementos dignos por el servicio realizado en horario festivo, nocturno o en horas extras.
Hay que recordar, además, que el acuerdo de equiparación salarial firmado con el Gobierno en 2018 no se ha cumplido y este es un compromiso incumplido del Gobierno con las asociaciones profesionales y sindicatos de Guardia Civil y Policía, respectivamente. Hay que revisar las cantidades inicialmente destinadas a la equiparación salarial con los Mossos y dar cumplimiento a la cláusula tercera, para que se puedan incorporar al servicio los guardias civiles en situación de reserva sin destino, y la cláusula octava para la tramitación de una ley que no permita en el futuro discriminaciones salariales entre cuerpos policiales que realizan las mismas funciones.
Otro agravio que sufren los guardias civiles es la pervivencia de la aplicación del Código Penal Militar en funciones policiales. Se trata es un anacronismo impropio en una verdadera democracia, que se emplea como herramienta laboral represora. Los números son claros: de las sesenta condenas impuestas por sentencias firme desde 2010 hasta 2019, 52 correspondieron a guardias civiles, mientras que cinco se aplicaron sobre suboficiales, y tres contra oficiales. En casi la mitad de los casos, el ‘delito’ cometido fue el de «Insulto a Superior». Por eso AUGC insiste en la necesidad de que deje de aplicarse el Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, tal y como se estableció en 2007. La reforma de 2016, decidida unilateralmente por el Gobierno del PP con el resto de fuerzas políticas en contra, supuso un enorme paso atrás en los derechos de los guardias civiles. Antes de esta reforma, el CPM sólo se les aplicaba en tiempo de conflicto armado; durante la vigencia del estado de sitio; o en el cumplimiento de misiones de carácter militar.
Sin derecho de sindicación.
Si bien es cierto que la legalización de las asociaciones profesionales, en 2007, supuso un avance en este sentido, todavía hoy los trabajadores de la Benemérita carecen de derecho de sindicación, algo fundamental a la hora de negociar con la institución mejoras sociolaborales.
Mientras que el resto de cuerpos policiales sí disfrutan de este derecho, al igual que el resto de españoles, los guardias civiles están privados de él. A esto se añade la persecución de los representantes asociativos de AUGC, pues son los únicos que sufren estas aperturas de expedientes y aplicación de sanciones, como práctica represora que tiene como claro objetivo amedrentar a los legítimos representantes de los guardias civiles.
