El grupo de gobierno desmiente que el Ayuntamiento de Guía haya privatizado el servicio de ayuda a domicilio

Ante la información publicada por Coalición Canaria-Guía en sus redes sociales a este respecto, la concejala de Política Social, Carolina Bolaños, explicó en el Pleno que el Ayuntamiento, como la mayoría de municipios de Canarias, se ha auxiliado de una empresa, manteniendo siempre el control sobre la prestación de este servicio en el municipio

El Ayuntamiento de Guía no ha privatizado el servicio de ayuda a domicilio ni éste va dirigido a las personas dependientes, según explicó la concejala de Política Social, Carolina Bolaños durante el último Pleno ordinario. Este asunto se abordó por parte de la responsable municipal en el apartado de Ruegos y Preguntas al contestar sobre la veracidad de la información que Coalición Canaria-Guía publicó en sus redes sociales bajo el título ‘Pedro Rodríguez privatiza el servicio a domicilio de las personas dependientes en Guía de Gran Canaria’.

Carolina Bolaños comenzó su intervención explicando que el servicio de ayuda a domicilio se integra dentro de las prestaciones básicas de servicios sociales cuya prestación corresponde a los municipios, mientras que este servicio “cuando se trata de personas dependientes, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias a través del Sistema Autonómico de la Dependencia”, señaló.

En tal sentido, puntualizó que el Ayuntamiento de Guía “como la mayoría de municipios de Canarias, ha tramitado contrato de servicios para que un operador económico auxilie en la ejecución del servicio de ayuda a domicilio dirigidos a personas no dependientes, careciendo de competencias sobre los dependientes”, subrayó.

La concejala de Política Social señaló asimismo que “los cargos públicos de esta Corporación tenemos que tener bien clara la diferencia entre privatizar y externalizar o que la iniciativa privada auxilie a la administración en la ejecución de tareas concretas”. En tal sentido explicó que privatizar implica suprimir el servicio público y trasladar esa obligación al sector privado “y como es sabido eso sólo se puede realizar por una ley del Parlamento de Canarias que por razones obvias queda fuera de este salón de sesiones; mientras que encargar a un operador económico privado mediante contrato administrativo la asunción de ciertas y concretas tareas, manteniendo la Corporación la competencia del servicio, la asignación de la demanda y su control y fiscalización entra dentro de la lógica de la gestión de los servicios públicos locales”, concluyó