Doce años. Se dice pronto, pero es una cifra que pesa. Doce años han transcurrido desde aquel 2014 en el que una denuncia por cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales prometía sacudir los cimientos de la clase política. Doce años de titulares, de solemnes promesas parlamentarias de “llegar hasta el fondo” y de una instrucción que parecía eterna. Y ahora, en este 2026, el final ha llegado. Pero no ha llegado para hacer justicia, sino para certificar su defunción. El número doce tiene algo de bíblico, de solemne, de piedra grabada en mármol. Sin embargo, en el Caso Pujol, el doce solo simboliza la incapacidad —o la falta de voluntad— de un sistema para concluir lo que empezó. Tras una década de investigar, revisar, aplazar y volver a revisar, el proceso se archiva. Ha durado tanto que el propio Código Penal habría tenido tiempo de jubilarse por años de servicio. El milagro médico de la «oportuna» amnesia La causa se cierra y se guarda en un cajón con la delicadeza con la que se oculta un jarrón roto que nadie se atreve a tirar para no dar explicaciones. La razón oficial esgrime que el principal investigado ya no posee las «condiciones cognitivas» necesarias para afrontar un juicio. ¡Qué precisión suiza! ¡Qué milagro médico tan puntual! Resulta asombroso cómo la memoria, esa facultad tan humana, decide volverse frágil como el cristal justo cuando el calendario aprieta. Como ciudadano, y especialmente como contribuyente, uno no puede evitar sentir esto como un insulto a la inteligencia. ¿De verdad pretenden que creamos que doce años son suficientes para olvidar dónde se guardó lo ajeno? Ni en doce años ni en cien. La indignación que recorre las calles no es un arrebato emocional; es una conclusión racional frente a un patrón que se repite: cuando ciertos apellidos entran en el juzgado, el tiempo deja de ser un problema para convertirse en el mejor abogado defensor. Una justicia de dos velocidades Mientras el ciudadano corriente —ese «ser humano de a pie» que paga sus impuestos religiosamente y teme la llegada de una carta de Hacienda con tono amenazante— es perseguido hasta el último céntimo, observamos cómo una estirpe entera justifica fortunas en el extranjero apelando a la «herencia del abuelo». Un abuelo que, no lo olvidemos, ya protagonizó episodios oscuros como la quiebra de Banca Catalana, dejando a miles de familias en la ruina mientras los responsables salían indemnes. «La justicia en España no es lenta; es selectiva. El calendario no es un instrumento neutro, es un aliado para quienes saben manejar los hilos del poder.» Es vergonzoso que, en una democracia que presume de modernidad, se repita la historia: un caso de enorme relevancia pública se cierra sin juicio, sin responsabilidades y sin la devolución del dinero presuntamente defraudado. Ni el patriarca, ni la esposa, ni los hijos han tenido que responder ante un tribunal. Es la constatación de que existen dos velocidades: una para el administrado y otra, pausada y comprensiva, para los privilegiados. El espejo incómodo de una nación El mensaje que se envía a la sociedad es devastador: hay quienes nunca pagan. Vivimos en un ecosistema donde la ley parece flexible para unos y un muro infranqueable para otros. El archivo del Caso Pujol no es solo el fin de un procedimiento judicial; es un espejo incómodo que nos muestra una herida abierta en la credibilidad de nuestras instituciones. Como «viejo lobo de mar» y maúro de Telde, no puedo evitar sentir que esto es una bofetada a la confianza de quienes aún creíamos en el rigor del sistema. Doce años después, no nos queda una resolución, nos queda una sátira involuntaria; una tragedia con tintes de comedia que termina siendo una patada en el orgullo de los españoles de bien. Me quedo con el amargor de quien ve cómo la impunidad se convierte en costumbre. Y para aquellos que en la península puedan malinterpretar mis palabras o mi léxico, les invito a distinguir entre un «peninsular» y lo que aquí llamamos, con toda la carga de la palabra, un «godo». Porque hay comportamientos que no entienden de geografía, sino de una prepotencia que ya va siendo hora de señalar por su nombre. Doce años después, lo que queda no es justicia. Es una vergüenza nacional que no estamos dispuestos a olvidar.