Tras un año de acusaciones, ceses y un complejo proceso judicial, el líder de Unidos por Gran Canaria en Santa María de Guía comparece para presentar los autos de archivo que desmienten las supuestas irregularidades en su gestión y denunciar una «persecución personal y familiar» orquestada desde el actual grupo de Gobierno.
Por: Redacción Guía
Hay silencios que no son sumisión, sino espera. El de Felipe Pérez Reyes ha durado un año, el tiempo que ha tardado la justicia en poner negro sobre blanco lo que él ha defendido desde que fuera cesado el pasado 6 de febrero de 2025: que las acusaciones de «facturas irregulares» y «mala gestión» no eran más que un andamiaje para sacarlo del tablero político antes de las elecciones de 2027.
En una comparecencia cargada de documentos y con un tono que osciló entre la firmeza institucional y la herida personal, Pérez Reyes dio por zanjado el capítulo más oscuro de su carrera pública. Con los autos de archivo judicial en la mano, el ex primer teniente de alcalde fue rotundo: «Me trataron prácticamente como a un ladrón en los plenos y en los medios. Hoy los juzgados dicen que los servicios se prestaron, que eran legales y que no hubo tal irregularidad».
La anatomía de un cese anunciado
El relato de Felipe Pérez sitúa el origen de su salida en una reunión a puerta cerrada donde se le ofrecieron tres salidas: seguir cobrando un sueldo sin delegaciones (el conocido como «retiro de oro»), renunciar voluntariamente o ser expulsado. Eligió la tercera. «Me dijeron que habían perdido la confianza por hablar con el antiguo alcalde o por poner un teléfono de atención ciudadana. Excusas estúpidas para alguien que solo buscaba documentación que el propio alcalde, Alfredo Gonsálvez, me negaba», explicó.
Para Pérez Reyes, su pecado fue «trabajar demasiado» y ganar una visibilidad que incomodaba. Proyectos como el paso del World Rally Car (WRC) por el casco del municipio o el evento «Cañas al Sol» —que atrajo a más de 3.000 personas— se convirtieron, según su versión, en el detonante de los celos políticos. En un giro irónico, denunció que un evento que iba a ser gratuito para las arcas municipales terminó costando 30.000 euros tras la intervención del Ayuntamiento para restarle protagonismo.
Traiciones y «transfuguismos»
Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa fue el análisis de la lealtad dentro de su propio bloque. Pérez Reyes no ocultó la decepción con los concejales Nayra Pérez y José Guillén, a quienes acusó de haber orquestado la traición un mes antes del cese. «La lealtad al partido no se negocia», sentenció, lamentando que el proceso administrativo para declararlos tránsfugas se viera frenado por cambios estatutarios y tiempos judiciales, aunque subrayó que la «condena social» ya está dictada.
El líder de Unidos por Gran Canaria también lanzó dardos a la gestión económica actual, preguntando por qué han pasado tres interventores en menos de dos años y criticando el uso de fondos de financiación para «corregir el desastre económico» que, a su juicio, está generando el actual equipo de Gobierno mientras se gasta en asesorías externas y festejos.
El coste humano: «Han sido muy crueles»
Más allá de las cifras y los expedientes, Pérez Reyes quiso poner el foco en el daño colateral. «Yo conozco a todos los miembros del Gobierno, nos hemos criado juntos. Pero han traspasado la línea al atacar a mi familia», confesó con la voz entrecortada al recordar cómo sus hijos escuchaban en el instituto que su padre era un «ladrón».
A pesar de la gravedad de las calumnias, el político descartó emprender acciones legales por difamación contra el grupo de Gobierno: «Los vecinos de Guía no tienen la culpa de las acciones de determinadas personas. No quiero que el municipio pague por esto. Mi respuesta será trabajar».
Mirada puesta en 2027
Con el archivo definitivo de las facturas y la documentación en mano, Felipe Pérez Reyes cierra este capítulo con la vista puesta en las próximas elecciones. «Si Felipe Pérez era un riesgo político, lo sigue siendo», advirtió.
La comparecencia terminó con un mensaje de agradecimiento a su equipo jurídico y a los vecinos que, «entre estanterías de supermercados y barras de bar», le han mantenido el apoyo durante este año de ostracismo. La batalla por Santa María de Guía no ha hecho más que empezar, y esta vez, el aspirante a la alcaldía llega con el aval de los juzgados y una cuenta pendiente con el honor de su apellido.
Las claves del descargo:
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Justicia: Los procedimientos por facturas irregulares han sido archivados; el juzgado reconoce los servicios prestados.
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Gestión: Denuncia que el «contrato marco» de la Sociedad de Promoción sigue sin renovarse 13 meses después.
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Política: Reafirma su candidatura para 2027 y descarta querellas personales para «no costar dinero al pueblo».
