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CSIF exige responsabilidades por la destrucción de 3.500 bolsas de plasma en Canarias y reclama una gestión que garantice la eficiencia en la gestión

El sindicato denuncia que la pérdida de este material sanitario esencial evidencia una grave falta de planificación, compromete la calidad del servicio público y genera un importante sobrecoste para las arcas públicas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta su profunda preocupación tras conocerse, durante el Pleno del Parlamento de Canarias, la destrucción de aproximadamente 3.500 bolsas de plasma donado debido a una pérdida de temperatura en las cámaras de conservación.

El plasma constituye un recurso sanitario estratégico y esencial para la elaboración de hemoderivados como albúmina, inmunoglobulinas y factores de coagulación, medicamentos imprescindibles para el tratamiento de numerosas patologías y para la atención de miles de pacientes. Aunque una parte del plasma donado se destina directamente a transfusión, la mayor parte se utiliza para la fabricación de estos hemoderivados, cuya demanda supera la capacidad de autoabastecimiento de Canarias.

Para CSIF, la pérdida de miles de bolsas de plasma no solo supone el desperdicio de un recurso obtenido gracias a la solidaridad de la ciudadanía, sino que representa un grave perjuicio para el sistema sanitario público y para la salud de la población canaria. Cada donación perdida incrementa la dependencia de la compra de hemoderivados, encarece la asistencia sanitaria y reduce la capacidad del Servicio Canario de la Salud (SCS) para garantizar el abastecimiento de estos tratamientos esenciales.

El sindicato considera especialmente grave que ante el manifiesto deterioro de las cámaras frigoríficas, con más de quince años de funcionamiento ininterrumpido, no se adoptaran las medidas necesarias hasta que el daño ha sido irreversible. La pérdida de temperatura de los productos de plasma almacenados podría haberse evitado puesto que el importante deterioro de las cámaras frigoríficas ya había sido comunicado en 2024.

Esta falta de previsión pone de manifiesto una gestión deficiente de los recursos públicos que tiene consecuencias sanitarias y económicas. No solo se pierde un producto biológico de valor incalculable, imposible de sustituir sin la generosidad de los donantes, sino que además obliga a incrementar el gasto público mediante la adquisición de hemoderivados procedentes del exterior, un coste que podría haberse evitado con una adecuada planificación e inversión en infraestructuras.

Desde CSIF exigimos al Servicio Canario de la Salud y a la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia que asuman las responsabilidades que correspondan y actúen con la máxima transparencia, haciendo públicos los informes técnicos relacionados con este incidente, el número definitivo de bolsas destruidas y el impacto económico derivado tanto de esta pérdida como de la compra extraordinaria de hemoderivados necesaria para cubrir las necesidades asistenciales.

Asimismo, reclamamos la elaboración urgente de un plan de inversión que garantice la renovación de las infraestructuras de los Bancos de Sangre de Canarias, la disponibilidad de sistemas alternativos de conservación, el refuerzo de los recursos humanos y materiales y una planificación eficaz que permita avanzar hacia el autoabastecimiento de sangre y plasma con todas las garantías de calidad y seguridad.

CSIF recuerda que la sanidad pública debe sustentarse sobre la anticipación, la prevención y la buena gestión de los recursos. La protección de la salud de la ciudadanía no puede quedar expuesta por decisiones tardías o por la falta de inversiones en infraestructuras esenciales.

Finalmente, el sindicato hace un llamamiento a la ciudadanía para que continúe donando sangre y plasma, así como a las instituciones públicas y privadas para que faciliten y promuevan las campañas de donación. La solidaridad de los donantes merece el máximo respeto y debe ir acompañada de una gestión rigurosa que garantice que cada donación llegue a quienes más la necesitan.

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El desalojo de la antigua Casa de Mr. Leacock está previsto a partir de las 12:00 horas en Santa María de Guía

El lanzamiento judicial afecta al asentamiento existente en la histórica finca de Becerril, en un contexto marcado por la presión habitacional que atraviesa Canarias Santa María de Guía afronta este martes el desalojo de la antigua Casa de Mr. Leacock, previsto a partir de las 12:00 horas, salvo suspensión, aplazamiento o acuerdo de última hora. La actuación judicial afecta al asentamiento existente en el entorno de la antigua finca y fábrica vinculada a Mr. Leacock, situada en la zona de Becerril, junto a la carretera que conecta Guía con Gáldar. El lanzamiento se produce en un espacio que lleva años ocupado de manera irregular y que ha ido acumulando una compleja realidad social, administrativa y patrimonial. En el lugar residen familias y personas en distintas circunstancias, incluidas situaciones que deberán ser valoradas por los servicios sociales competentes conforme a los protocolos establecidos. El Ayuntamiento de Santa María de Guía ya había advertido de que la dimensión del caso excede el ámbito exclusivamente municipal y solicitó la intervención de la Delegación del Gobierno en Canarias, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. La petición municipal se centraba en coordinar medidas de seguridad, atención social, protección de menores, salud pública y posibles recursos de acogida temporal para los casos que legalmente correspondan. En las imágenes remitidas a esta redacción durante la mañana se observa presencia policial en el entorno de la finca, en una jornada marcada por la ejecución prevista del procedimiento judicial. La hora señalada, a partir de las 12:00, sitúa el operativo en una fase decisiva y obliga a las administraciones implicadas a actuar dentro de sus competencias. La cifra de personas afectadas ha variado según las fuentes. El Ayuntamiento llegó a hablar de aproximadamente 200 residentes en el inmueble, mientras que otras informaciones periodísticas han señalado un número inferior de personas empadronadas en la antigua finca. En cualquier caso, el procedimiento no afecta a una vivienda aislada, sino a un asentamiento consolidado durante años en un enclave de titularidad privada. El desalojo ha sido promovido por la propiedad del inmueble en el marco del procedimiento judicial correspondiente. La ejecución del lanzamiento responde, por tanto, a una resolución que busca recuperar la posesión de una propiedad privada ocupada, aunque su desarrollo práctico obliga también a activar respuestas sociales e institucionales cuando existan menores, personas enfermas o situaciones acreditadas de vulnerabilidad. Un enclave con peso en la memoria agrícola del Norte La antigua Casa de Mr. Leacock no es un edificio cualquiera dentro de la historia reciente de Santa María de Guía. Su nombre está vinculado a la presencia de la familia Leacock en el desarrollo agrícola del Norte de Gran Canaria, especialmente en torno al agua, la caña de azúcar y el posterior auge del plátano. Diversas referencias históricas sitúan a la familia Leacock entre los nombres relevantes de la agricultura de exportación en la comarca norte. En 1909, John Milberne Leacock adquirió la fábrica de azúcar de Guía, vinculada a la firma Lathbury y Compañía, una operación que forma parte de la huella empresarial británica en la zona. Con el paso de las décadas, aquel espacio asociado a la actividad agrícola fue perdiendo uso y acabó deteriorándose. La finca, que forma parte de la memoria económica y agraria del municipio, quedó progresivamente abandonada y fue ocupada por distintas personas hasta convertirse en el asentamiento irregular que hoy afronta su desalojo. Una actuación judicial en plena crisis habitacional El caso de la Casa de Mr. Leacock no puede analizarse al margen del contexto general que vive Canarias. El Archipiélago atraviesa una fuerte presión habitacional, con dificultades crecientes para acceder a una vivienda digna y asequible, especialmente entre rentas bajas, jóvenes, familias trabajadoras y personas en situación de vulnerabilidad. Por eso, el debate no debe limitarse únicamente a este inmueble ni presentarse como un caso aislado. En Canarias hay muchas personas y familias con necesidades severas de vivienda, algunas sin acceso estable a un techo, otras atrapadas en alquileres inasumibles y muchas pendientes de recursos públicos insuficientes. La ejecución judicial sobre la antigua Casa de Mr. Leacock plantea así una cuestión más amplia: cómo actuar ante ocupaciones consolidadas en el tiempo sin convertirlas en una solución habitacional de hecho, pero también sin ignorar las obligaciones públicas de asistencia cuando existan situaciones acreditadas de vulnerabilidad. El equilibrio es complejo. La propiedad privada cuenta con protección legal y los procedimientos judiciales deben cumplirse. Al mismo tiempo, las administraciones deben aplicar los mecanismos previstos para evitar situaciones de desprotección, especialmente cuando haya menores o personas que requieran atención específica. Esa respuesta, en todo caso, debe insertarse dentro de una política más amplia, justa y ordenada, que no deje fuera a tantas familias canarias que también atraviesan graves dificultades. A partir de las 12:00 horas, Santa María de Guía queda pendiente de una actuación que tendrá consecuencias judiciales, sociales y patrimoniales. La antigua Casa de Mr. Leacock vuelve al primer plano no solo por el desalojo, sino por lo que representa: un enclave histórico deteriorado, una ocupación prolongada, una propiedad que reclama su recuperación y una crisis de vivienda que afecta a todo el Archipiélago. El desalojo de este martes puede cerrar una etapa en la antigua finca de Becerril, pero no resuelve el problema de fondo. Canarias sigue necesitando respuestas estructurales ante la emergencia habitacional, con criterios claros, recursos suficientes y una atención equilibrada para todas las personas que se encuentran en situación de necesidad.