Los municipalistas piden que se diferencie entre los contribuyentes en función del uso residencial, turístico o comercial de su propiedad y que se establezcan exenciones o reducciones para quienes se comprometan con el reciclaje y la reutilización de los residuos.
Municipalistas Primero Canarias, el partido formado por los alcaldes, alcaldesas, dirigentes y militantes del nacionalismo progresista de nuestro archipiélago, reclama incorporar criterios más justos y equitativos a la nueva tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria. La formación, liderada en la capital grancanaria por Marcial Morales y Rafael Robaina, propone aprovechar la anulación de la tasa recientemente decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para repensar su puesta en marcha, modificar la idea de una cuota fija única para todos los contribuyentes por igual y adaptar la tarifa a cada caso particular, atendiendo a la tipología y los usos de cada propiedad. Los municipalistas también sugieren eximir o bonificar a aquellos hogares y empresas que se comprometan con la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos que generan.
Para Primero Canarias, no puede pagar lo mismo un modesto hogar residencial que, por ejemplo, una vivienda vacacional dedicada a la explotación turística. En este sentido, la anulación de la ordenanza municipal abre la oportunidad de reconocer los posibles errores cometidos con su aprobación, reflexionar sobre la naturaleza de la tasa, crear baremos para cada tipología de vivienda o de empresa y establecer criterios de proporcionalidad, tomando en consideración datos objetivos que permitan cumplir con el objetivo de la ley de que cada cual pague en función del volumen de basura que genera.
La propia sentencia del TSJC censura que el Ayuntamiento haya querido instaurar una cuota fija con el único criterio de dividir los costes fijos del servicio entre el número de contribuyentes, sin distinción de ningún tipo entre ellos, asignando una misma cuota a realidades tan distintas como viviendas de uso residencial, viviendas vacacionales, unidades alojativas hoteleras o establecimientos comerciales. Al TSJC le extraña que el Ayuntamiento haya prescindido de parámetros diferenciadores a la hora de contemplar posibles criterios de distribución de la tasa que derivaran en un cobro más justo, adaptado a las circunstancias de cada contribuyente.
Hay que recordar que, en cumplimiento La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular (LRSCEC), las entidades locales están obligadas a instaurar una nueva tasa municipal por el servicio de basura que debe ser obligatoriamente específica, diferenciada y no deficitaria, cubriendo el 100% del coste real del servicio, es decir, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos. Su diseño tiene que reflejar el principio de ‘quien contamina paga’ y debe incluir criterios objetivos para un cálculo proporcional, justo y equitativo de la tarifa aplicable a cada hogar o empresa. También puede establecer mecanismos para incentivar el compromiso ambiental, penalizando la excesiva generación de residuos y aplicando descuentos por buenas prácticas en reciclaje, como la participación en la separación de los residuos, la adhesión a programas de formación o proyectos piloto de reciclaje, la contratación de gestores especializados o el uso de puntos limpios. Caben, además, bonificaciones sociales con reducciones o exenciones para colectivos vulnerables, familias numerosas o personas desempleadas.
Los municipalistas animan al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a iniciar un amplio proceso participativo que sirva para implicar y concienciar a la ciudadanía y a los agentes sociales. En su opinión, tras la sentencia del TSJC, lo razonable e inteligente es aprovechar la anulación de la tasa para elaborar una nueva ordenanza que permita cumplir la ley y que cuente con el mayor consenso posible.
