El sindicato reclama un plan extraordinario de refuerzo para proteger la asistencia sanitaria, los centros de menores, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y la seguridad privada ante una situación que amenaza con desbordar la capacidad de ambas ciudades autónomas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) manifiesta su profunda preocupación por el aumento de la presión migratoria que están soportando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, una situación que ya está teniendo un impacto directo sobre los servicios públicos esenciales y sobre los profesionales que, día tras día, sostienen la atención a la ciudadanía en condiciones cada vez más difíciles. Los acontecimientos registrados en Ceuta durante los últimos días, con miles de entradas irregulares por vía marítima y terrestre, han provocado el colapso de numerosos recursos asistenciales y han llevado a las propias autoridades ceutíes a reclamar una respuesta extraordinaria del Estado. Paralelamente, Melilla también está experimentando un incremento de la presión migratoria, con intentos de acceso y episodios de tensión en el perímetro fronterizo, lo que evidencia que ambas ciudades afrontan un mismo desafío que exige una actuación coordinada e inmediata del Gobierno de España. Desde CSIF advertimos de que esta realidad no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva migratoria. Nos encontramos ante una situación que afecta directamente al funcionamiento de los servicios públicos y a las condiciones laborales de miles de empleados públicos y trabajadores que desarrollan su labor en primera línea. Los profesionales sanitarios ven incrementada la presión asistencial con la atención urgente que requieren muchas de las personas que llegan a nuestras costas. Los trabajadores de los centros de protección de menores y los centros de estancia temporal de inmigrantes afrontan una sobreocupación creciente de los recursos disponibles. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto con los servicios de emergencias, realizan un esfuerzo extraordinario para garantizar la seguridad y la atención humanitaria. A ello se suma el importante papel que desempeñan los vigilantes de seguridad privada, cuya colaboración resulta cada vez más necesaria en instalaciones estratégicas y centros públicos. Todos estos colectivos vienen soportando desde hace años plantillas insuficientes, dificultades para cubrir vacantes y una sobrecarga laboral que esta nueva situación no hace sino agravar. La respuesta no puede seguir descansando únicamente sobre el compromiso y la profesionalidad de quienes trabajan en estos servicios esenciales. Por ello, CSIF exige al Gobierno de España la activación inmediata de un plan extraordinario específico para Ceuta y Melilla que contemple el refuerzo urgente de recursos humanos y materiales en la sanidad pública, los servicios sociales, los centros de menores, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y la seguridad privada vinculada a infraestructuras y centros públicos. Asimismo, reclamamos una planificación estable que permita anticiparse a este tipo de situaciones, reforzar las plantillas estructurales y garantizar que ambas ciudades dispongan de los medios necesarios para prestar unos servicios públicos de calidad sin comprometer la seguridad, la atención a la ciudadanía ni la salud laboral de sus profesionales. CSIF considera que el Gobierno no puede permanecer impasible mientras aumenta la presión sobre dos territorios que constituyen la frontera sur de España y de la Unión Europea. La protección de las fronteras, la atención humanitaria y el mantenimiento de unos servicios públicos eficaces son responsabilidades que corresponden al Estado y requieren una respuesta inmediata, coordinada y proporcional a la magnitud de los acontecimientos. Los empleados públicos y el resto de profesionales que sostienen estos servicios no pueden seguir siendo quienes asuman, en solitario, las consecuencias de una crisis cuya dimensión supera ampliamente la capacidad ordinaria de Ceuta y Melilla. Actuar ahora es imprescindible para evitar el colapso de unos servicios esenciales que garantizan la seguridad, la convivencia y la atención a toda la ciudadanía.