La Ley de Nietos, entre la reparación histórica y la batalla electoral
“Cuando la historia, la justicia y la política se cruzan”
La convocatoria anticipada de elecciones generales ha devuelto a la actualidad un asunto que parecía reservado a consulados, registros civiles y despachos jurídicos: “la denominada «Ley de Nietos».
De repente, miles de ciudadanos escuchan hablar de nacionalidades, censos electorales, suspensiones cautelares y posibles consecuencias políticas sin tener del todo claro qué está ocurriendo realmente.
Y, como suele suceder en España, “cuando el ruido sanchista aumenta, la claridad jurídica disminuye”
Conviene, por tanto, explicar qué es exactamente esta Ley, qué ha suspendido realmente el Tribunal Supremo y por qué se ha abierto un debate que trasciende lo jurídico para convertirse en una cuestión de enorme repercusión política.
¿Qué es la llamada Ley de Nietos?
La popularmente conocida como «Ley de Nietos» no es una ley independiente, sino una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022.
Su objetivo era permitir que hijos y nietos de españoles que abandonaron España durante la Guerra Civil y la dictadura pudieran acceder a la nacionalidad española, corrigiendo situaciones que, según el legislador, constituían una injusticia histórica.
Posteriormente, una instrucción administrativa amplió considerablemente la interpretación de quién podía ser considerado descendiente de exiliados, estableciendo una presunción automática de exilio para los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Esa interpretación facilitó enormemente la obtención de la nacionalidad y provocó un incremento muy significativo de solicitudes y concesiones.
¿Qué ha suspendido realmente el Tribunal Supremo?
Aquí surge una de las mayores confusiones.
El Tribunal Supremo no ha anulado la Ley de Memoria Democrática ni ha retirado la nacionalidad española a quienes la obtuvieron por esta vía. Lo que ha acordado es “una suspensión cautelar” de determinados efectos electorales derivados de esas nacionalidades mientras resuelve el fondo del litigio.
En otras palabras; los afectados continúan siendo españoles, conservan su nacionalidad y sus derechos civiles, pero el Supremo ha decidido paralizar provisionalmente la incorporación electoral de una parte de esos nuevos ciudadanos al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hasta que exista una sentencia definitiva.
La excepción la constituyen aquellos casos en los que pueda acreditarse documentalmente que el padre, la madre, el abuelo o la abuela sufrieron efectivamente el exilio contemplado por la ley.
¿Pero por qué el Supremo ha adoptado esta medida?
El origen del conflicto no está tanto en la Ley como en la interpretación posterior realizada para aplicarla.
Los recurrentes sostienen que la instrucción administrativa fue más allá de lo previsto por el legislador al presumir automáticamente la condición de exiliado a amplios colectivos sin necesidad de acreditar individualmente esa circunstancia.
El Supremo, sin entrar todavía en el fondo de la cuestión, ha considerado que existen motivos suficientes para adoptar una medida cautelar mientras estudia si esa interpretación fue o no conforme a Derecho.
Es importante subrayar que una medida cautelar no equivale a una sentencia. No supone que el tribunal haya decidido ya quién tiene razón. Significa únicamente que opta por congelar temporalmente una situación hasta resolver el litigio.
¿Por qué algunos consideran que beneficia electoralmente a un partido?
Aquí es donde comienza el terreno de la interpretación política.
Diversos sectores sostienen que una parte importante de los nuevos nacionalizados reside principalmente en países de Hispanoamérica y que muchos de ellos podrían mostrar una sensibilidad ideológica cercana a las formaciones que impulsaron la Ley de Memoria Democrática. Esa es la tesis defendida por quienes ven en estas incorporaciones un potencial beneficio electoral para la izquierda.
Sin embargo, conviene ser prudentes. Nadie dispone de datos concluyentes que permitan afirmar con certeza cómo votarían cientos de miles de nuevos ciudadanos españoles repartidos por numerosos países y con realidades sociales muy distintas.
Convertir automáticamente a estos nuevos españoles en votantes cautivos de una determinada opción política resulta, cuando menos, una simplificación excesiva.
Lo que sí parece evidente es que la mera posibilidad de incorporar un importante número de nuevos electores al censo en un escenario político muy polarizado ha despertado recelos, sospechas y una fuerte confrontación partidista.
¿Qué ocurre con quienes ya se habían acogido antes de la suspensión?
Ésta es probablemente la pregunta más importante para los afectados. La respuesta es que depende de cada situación concreta.
Quienes obtuvieron la nacionalidad no la pierden en ningún caso.
Respecto al derecho de voto, el Supremo distinguió entre diferentes supuestos. En aquellos expedientes donde se pueda acreditar la condición de descendientes de exiliados conforme a los requisitos exigidos, la suspensión cautelar no resultaría aplicable.
Además, la complejidad administrativa es enorme. Algunas informaciones apuntan a que los consulados tendrían serias dificultades para revisar individualmente cientos de miles de expedientes en un plazo reducido.
Por ello, aún quedan aspectos prácticos pendientes de aclaración y es previsible que los tribunales, la Junta Electoral y la Administración deban pronunciarse de nuevo para concretar cómo se aplicará finalmente esta suspensión en relación con los próximos procesos electorales.
A la conclusión que llego como viejo lobo de mar y maúro de Telde, que después de tanta mar vista, ya no me fio ni de mi sombra, y es que…
La denominada Ley de Nietos nació con una finalidad legítima Si, esto es, para reparar situaciones derivadas de uno de los periodos más dolorosos de la historia de España. Sin embargo, una cuestión concebida originalmente como un mecanismo de reconocimiento histórico ha terminado convirtiéndose en un nuevo frente de confrontación política, que aparentemente le vienen muy bien al Sanchismo.
Lo preocupante no es que existan discrepancias jurídicas, algo normal en cualquier democracia avanzada. Lo preocupante es que una decisión de enorme trascendencia para miles de familias españolas dispersas por el mundo haya acabado siendo interpretada casi exclusivamente en clave electoral.
La justicia deberá determinar si la aplicación que se hizo de la norma se ajustó o no al espíritu de la ley. Mientras tanto, quizá convendría recordar algo esencial y es que, detrás de cada expediente no hay una estadística electoral, ni un cálculo de escaños. Hay personas, familias y descendientes de españoles que buscan mantener o recuperar un vínculo con la tierra de sus antepasados.
Y ese vínculo, afortunadamente, debería estar muy por encima de cualquier batalla partidista.
Porque como decimos por mi tierra…. “A Santo de que, tengo yo que creerme estas prisas que de repente ahora se le ha metido al gobierno social comunista de Pedro Sánchez, que más parece que lleva un volador encendido, pegado en el culo y nos asegura. Que… “Juradito por el Niño Jesús”.,. ¡Ar favó! Y no me vengas ahora con esas, que bien sabes que la Ley, no solo fue concebida para hacer justicia con la historia, sino para ver si te podrían proporcionar un manojo de votos de posibles nietos de republicanos exiliados”, cuando has dejado atrás tantas cosas más recientes, como investigar más a fondo los crímenes de ETA; de los cuales, todavía quedan 820 casos sin resolver o reparar la dignidad y consuelo d sus familiares vivos , y estos no son nietos, sino padres, hermanos y compatriotas de primera generación que siguen viviendo en España , aunque no le guste admitirlo a Marlaska, Zapatero y resto de resentidos, que no hay forma de que permitan que se entierre de un vez y de por vida, el oxidado y caduco hacha, del odio de las dos Españas.
Y ahora, no te me hagas el “choni” Pedro, que sabes bien que… ¡Casos se han dado!
¡Qué cosas!
