Ceuta: setenta días de crisis y una limpieza a contrarreloj ante la visita de los Reyes
¿Por qué algunas actuaciones que parecían imposibles durante semanas se aceleran cuando faltan apenas 48 horas para una visita institucional? Ceuta vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión incómoda: la diferencia entre solucionar los problemas y mejorar la imagen que se ofrece de ellos.
Hay coincidencias que merecen una explicación. Y la que estamos presenciando en Ceuta es una de ellas.
Después de más de dos meses de crisis migratoria, de asentamientos improvisados en las playas, de vecinos preocupados y de cientos de personas durmiendo en condiciones precarias, las autoridades han intensificado los desalojos y las labores de limpieza justo cuando se aproxima la visita de los Reyes de España.
El pasado 4 de octubre se desmanteló el asentamiento de la playa del Trampolín. Posteriormente se realizaron nuevas actuaciones en otras zonas y este domingo, 11 de octubre, la Policía Nacional ha intervenido en El Guano, con un amplio despliegue de la Unidad de Intervención Policial.
Todo ello sucede a dos días de la llegada de Felipe VI y doña Letizia, prevista para el martes 13 de octubre.
Y la pregunta es inevitable: ¿por qué ahora?
Es perfectamente razonable que una visita de los Reyes exija medidas extraordinarias de seguridad, limpieza y organización. Pero también resulta legítimo preguntarse por qué determinadas actuaciones se concentran precisamente en los días anteriores, cuando la situación llevaba semanas reclamando respuestas.
Porque Ceuta no necesita estar limpia solamente cuando llegan las autoridades. Necesita seguridad, atención humanitaria, servicios públicos y una gestión migratoria eficaz los 365 días del año.
Una ciudad no puede convertirse en un escaparate
Limpiar playas, retirar residuos y recuperar espacios públicos es una obligación de las administraciones, no una concesión extraordinaria.
Lo preocupante sería que la imagen institucional terminara teniendo más importancia que la realidad cotidiana.
Según las informaciones publicadas, la retirada de asentamientos ha supuesto también la reubicación o el retorno de numerosos migrantes. Sin embargo, otros continúan dispersos por distintos barrios de Ceuta. Es decir, que desaparezcan las tiendas de campaña de una playa no significa necesariamente que haya desaparecido el problema.
Desalojar no siempre equivale a solucionar. Limpiar no es lo mismo que gestionar. Y esconder una realidad de la vista pública no implica haberla resuelto.
La obligación de cualquier Gobierno es explicar qué medidas adopta, cuántas personas han recibido atención, cuál es su situación administrativa y qué soluciones estables se están poniendo en marcha.
También debe responder a los vecinos, que han soportado las consecuencias de una crisis extraordinaria.
La visita de los Reyes debería servir para mostrar Ceuta tal como es, con sus virtudes, sus dificultades y sus necesidades. No para ofrecer una fotografía cuidadosamente preparada que pueda confundirse con la normalidad.
¿Y qué sucede en la Puerta del Sol?
Hay otra cuestión que también merece atención.
Mientras en Ceuta se movilizan numerosos efectivos policiales para intervenir en asentamientos, la acampada de protesta por la vivienda continúa en la Puerta del Sol de Madrid.
La protesta surgida a finales de septiembre ha adquirido una dimensión considerable y ha abierto un debate sobre la ocupación del espacio público, el derecho de manifestación y las obligaciones de las administraciones.
Conviene preguntarse cuáles son los criterios que justifican la actuación de la Unidad de Intervención Policial en unos escenarios y no en otros.
No se trata de reclamar actuaciones indiscriminadas. Las circunstancias jurídicas, los riesgos de seguridad y los derechos afectados pueden ser diferentes.
Pero la ciudadanía tiene derecho a conocer qué criterios aplica la autoridad gubernativa, por qué se decide intervenir y por qué, en determinadas circunstancias, se opta por no hacerlo.
La transparencia también consiste en explicar las decisiones que no se toman.
Mari Carmen, la vivienda y las noticias que desplazan a otras
El caso de Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que falleció el pasado 7 de octubre, ha ocupado un espacio considerable en el debate nacional.
Se ha hablado de su pensión, de sus derechos como inquilina, de sus circunstancias personales y de la responsabilidad de las administraciones.
Según las declaraciones recogidas por distintos medios y verificadores, su pensión rondaba los 1.400 o 1.450 euros mensuales. Una cantidad que supera los ingresos de muchos trabajadores, pero que, por sí sola, no determina si una persona tenía derecho a permanecer en una vivienda ni resuelve el debate jurídico sobre su desahucio.
Se puede cuestionar la utilización política de su historia sin necesidad de descalificar personalmente a una mujer que ya no puede defenderse.
Pero aquí aparece otra pregunta: ¿qué sucede cuando una historia concentra tanta atención que otras crisis nacionales quedan relegadas a un segundo plano?
Mientras buena parte de la conversación pública giraba alrededor de Mari Carmen, Ceuta continuaba afrontando las consecuencias de una crisis migratoria extraordinaria.
¿Fue una cortina de humo deliberada? No hay pruebas suficientes para afirmarlo. Sin embargo, sí existe una responsabilidad periodística: impedir que una noticia, por emotiva o mediática que resulte, haga desaparecer del debate otras cuestiones de enorme trascendencia.
La crisis de la vivienda merece respuestas. La situación de Ceuta también.
Y ninguna debería utilizarse para evitar rendir cuentas sobre la otra.
El 29 de noviembre, las cuentas pendientes
España tiene convocadas elecciones generales para el próximo 29 de noviembre de 2026, según el Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre.
Será una oportunidad para que los ciudadanos examinen la gestión del Gobierno, las propuestas de la oposición y las responsabilidades de las distintas administraciones.
En ese examen también deberá estar Ceuta.
Las preguntas siguen siendo concretas: ¿qué se hizo durante los primeros días de la crisis?, ¿por qué se prolongaron determinados asentamientos?, ¿qué explica el calendario de los desalojos?, ¿cuánto ha costado la intervención y qué soluciones se han establecido para quienes permanecen en la ciudad?
Son preguntas que merecen documentos, cifras y explicaciones públicas.
Porque la política no debería medirse por la rapidez con que se adecenta una calle ante una visita oficial, sino por la capacidad de resolver los problemas cuando no hay cámaras esperando.
Que los Reyes vean la realidad, no solamente la fachada
La visita de Felipe VI y doña Letizia constituye un acontecimiento institucional relevante para Ceuta. También puede ser una ocasión para escuchar a sus ciudadanos y conocer sobre el terreno las consecuencias de la crisis.
Pero las autoridades harían bien en recordar algo elemental: una ciudad no se gobierna para una fotografía oficial.
Se gobierna para sus vecinos, para garantizar los servicios públicos, para proteger los derechos y para afrontar los problemas incluso cuando hacerlo resulta incómodo.
Y convendría que, una vez concluida la visita de los Reyes, continuaran las actuaciones con la misma determinación.
Porque si las playas necesitan limpiarse, deben limpiarse. Si existen problemas de seguridad, deben atenderse. Y si hay una crisis migratoria, debe gestionarse con eficacia, legalidad y humanidad.
Lo que merece una explicación no es que Ceuta se limpie antes de recibir a los Reyes.
Lo que merece una explicación es por qué han tenido que transcurrir tantas semanas para llegar a este punto.
Y, sobre todo, qué ocurrirá cuando termine la visita y las cámaras se marchen.
