“Cuando la cara se endurece con el tiempo”
¿Demoscopia o propaganda?
El debate necesario sobre el CIS de Félix Tezanos y el respeto al contribuyente
Cuando una institución pública financiada por todos los ciudadanos pierde credibilidad ante una parte significativa de la sociedad, el problema deja de ser estadístico para convertirse en un asunto de calidad democrática. Y cuando esa institución es la encargada precisamente de medir la opinión de los españoles, la preocupación resulta aún mayor.
“La confianza no se impone: se gana”
Pocas instituciones desempeñan una función tan delicada en una democracia como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Su misión debería ser clara: “conocer y reflejar con el máximo rigor posible el estado de opinión de la sociedad española”.
Sin embargo, desde la llegada de José Félix Tezanos a la presidencia del organismo en 2018, el CIS vive instalado en una polémica casi permanente. No porque publique encuestas, algo lógico y necesario, sino porque sus estimaciones electorales difieren con frecuencia de las elaboradas por la inmensa mayoría de las empresas demoscópicas privadas e incluso, en numerosas ocasiones, de los resultados que posteriormente arrojan las urnas.
La controversia ha vuelto a reavivarse tras la publicación del último barómetro, que sitúa al PSOE con una ventaja de 11,8 puntos sobre el PP, otorgando a los socialistas un 34% de intención de voto frente al 22,2% de los populares.
Naturalmente, una encuesta no tiene por qué coincidir con otra. Diferentes muestras, metodologías o procedimientos pueden producir resultados distintos.
El problema surge cuando esas diferencias parecen repetirse de forma sistemática y casi siempre en la misma dirección política.
“Los datos que alimentan la desconfianza”
Quienes cuestionan la neutralidad del CIS suelen apoyarse en un argumento sencillo: “la reiteración de las divergencias”.
Un análisis elaborado por Maldita.es señalaba que, hasta mediados de 2025, el CIS había sobreestimado al bloque de izquierdas en 41 de las 42 convocatorias electorales analizadas desde la llegada de Tezanos al organismo. Según dicho estudio, en las elecciones europeas de 2024 el CIS otorgó un 42,4% al conjunto formado por PSOE, Sumar y Podemos, mientras que el resultado final fue del 38,1%, registrando una desviación superior a la media del resto de encuestadoras.
Más llamativo todavía resulta que diversos medios hayan destacado que el reciente barómetro de octubre de 2026 es prácticamente la única gran encuesta nacional que concede una ventaja tan amplia al PSOE. Incluso algunos medios han subrayado que es la única de las últimas quince encuestas conocidas que sitúa a los socialistas como claros vencedores.
Por supuesto, ninguna de estas circunstancias demuestra por sí sola manipulación alguna. La demoscopia está lejos de ser una ciencia exacta. Sin embargo, cuando las diferencias se reproducen elección tras elección y barómetro tras barómetro, la exigencia de explicaciones por parte de los ciudadanos resulta legítima.
Y más aún cuando hablamos de un organismo sostenido íntegramente con dinero público.
“La pregunta incómoda”
Llegados a este punto surge la pregunta que muchos españoles se hacen:
¿Estamos ante una metodología discutible o ante una utilización partidista de una institución pública? La cuestión es incómoda, pero inevitable.
Y precisamente por su gravedad exige ser abordada con rigor, sin caer ni en la descalificación fácil ni en las acusaciones gratuitas.
Porque una democracia sana necesita instituciones fiables. Y cuando una parte creciente de la sociedad deja de confiar en ellas, la erosión institucional comienza a ser tan preocupante como los propios datos que generan.
¿Puede hablarse de prevaricación?
Desde una perspectiva estrictamente jurídica conviene actuar con mucha prudencia.
La prevaricación administrativa no consiste simplemente en equivocarse, ni siquiera en adoptar decisiones discutibles o controvertidas.
Para que exista dicho delito es necesario que una autoridad o funcionario dicte una resolución arbitraria siendo plenamente consciente de su injusticia. Es decir, se requiere demostrar tanto la arbitrariedad como la voluntad deliberada de actuar al margen de los principios que deben regir la función pública.
Por tanto, afirmar categóricamente que existe prevaricación sería una conclusión que corresponde exclusivamente a los tribunales.
Sin embargo, que algo no haya sido probado judicialmente no impide que exista un debate político, institucional o ético sobre el modo en que se gestionan los recursos públicos, y ese debate no es solo legítimo; es necesario.
“El verdadero problema: la credibilidad”
Quizás la cuestión principal ni siquiera sea si existe o no una conducta delictiva.
La cuestión es si los ciudadanos creen en los datos del CIS.
Porque cuando una encuesta pública se publica y una parte importante de la población la recibe con escepticismo automático, el problema ya no reside únicamente en las cifras; Reside en la confianza.
Las democracias necesitan árbitros independientes. Pero además necesitan que esos árbitros parezcan independientes.
Resulta difícil pedir confianza ciudadana cuando el presidente del organismo fue anteriormente miembro destacado de la ejecutiva del partido actualmente en el Gobierno, una circunstancia que, aunque legal, alimenta inevitablemente las sospechas de parcialidad entre muchos ciudadanos.
“Un organismo que pertenece a todos”
El CIS no pertenece al Gobierno. No pertenece al PSOE, no pertenece al PP, no pertenece a ningún partido, solo pertenece a los españoles.
Precisamente por ello debería someterse a niveles de exigencia, transparencia y control incluso superiores a los de cualquier empresa privada de estudios demoscópicos.
Quien administra dinero procedente de los impuestos de todos tiene la obligación moral de extremar la neutralidad, especialmente cuando su trabajo puede influir en la percepción pública de la realidad política.
Porque las encuestas no solo reflejan estados de opinión. También pueden contribuir a moldearlos.
“Una reforma necesaria”
Tal vez haya llegado el momento de abrir un debate profundo sobre el futuro del organismo.
Entre las posibles medidas podrían contemplarse: reforzar la independencia institucional de la presidencia del CIS. Establecer incompatibilidades para quienes hayan ocupado responsabilidades políticas recientes. Someter sus metodologías a auditorías externas e independientes. Incrementar el control parlamentario sobre sus procedimientos. Publicar con absoluta transparencia los criterios estadísticos utilizados en las estimaciones electorales.
Si el trabajo del organismo es impecable, estas medidas servirían para reforzar su prestigio, si existen problemas, ayudarían a detectarlos, pero una cosa si es cierta; n ambos casos saldría ganando la democracia.
“Cuando la duda también es un problema”
Quizás nunca pueda demostrarse que exista conducta delictiva alguna. Quizás las diferencias entre el CIS y el resto de las encuestas respondan únicamente a decisiones metodológicas legítimas, pero incluso en ese escenario seguiría existiendo una cuestión inquietante.
¿Cómo es posible que un organismo público financiado por todos los españoles aparezca una y otra vez tan alejado del consenso demoscópico nacional y de los resultados que posteriormente ofrecen las urnas?
Esa es la pregunta que merece una respuesta clara, porque en democracia no basta con ser neutral. También es necesario parecerlo. Le ocurre como a la mujer del César
Y cuando millones de ciudadanos comienzan a desconfiar de los instrumentos oficiales llamados a medir la realidad, el problema deja de ser estadístico para convertirse en institucional.
La confianza pública tarda décadas en construirse, pero basta una sospecha persistente para ponerla en peligro. Y ningún gobierno, ningún partido y ninguna institución debería olvidar nunca que el dinero del contribuyente no está para fabricar relatos, sino para buscar la verdad.
Cuando una institución pública financiada por todos los ciudadanos pierde credibilidad ante una parte significativa de la sociedad, el problema deja de ser estadístico para convertirse en un asunto de calidad democrática. Y cuando esa institución es la encargada precisamente de medir la opinión de los españoles, la preocupación resulta aún mayor.
“Los datos que alimentan la desconfianza”
Quienes cuestionamos la neutralidad del CIS, como yo, nos solemos apoyar en un argumento sencillo; esto es, “la reiteración de las divergencias”
Un análisis elaborado por Maldita.es señalaba que, hasta mediados de 2025, el CIS había sobreestimado al bloque de izquierdas en 41 de las 42 convocatorias electorales analizadas desde la llegada de Félix Tezanos al organismo.
Según dicho estudio, en las elecciones europeas de 2024 el CIS otorgó un 42,4% al conjunto formado por PSOE, Sumar y Podemos, mientras que el resultado final fue del 38,1%, registrando una desviación superior a la media del resto de encuestadora.
Más llamativo todavía resulta que diversos medios hayan destacado que el reciente barómetro de octubre de 2026 es prácticamente la única gran encuesta nacional que concede una ventaja tan amplia al PSOE. Incluso algunos medios han subrayado que es la única de las últimas quince encuestas conocidas que sitúa a los socialistas como claros vencedores.
Por supuesto, ninguna de estas circunstancias demuestra por sí sola manipulación alguna. La demoscopia está lejos de ser una ciencia exacta. Sin embargo, cuando las diferencias se reproducen elección tras elección y barómetro tras barómetro, la exigencia de explicaciones por parte de los ciudadanos resulta legítima.
Y más aún cuando hablamos de un organismo sostenido íntegramente con dinero público. Por cierto, Félix Tezano gana 120.000 euros al año, mas dietas y transportes, que no es precisamente “moco de pavo.”
¿Puede hablarse de prevaricación?
Desde una perspectiva estrictamente jurídica conviene actuar con mucha prudencia.
La prevaricación administrativa no consiste simplemente en equivocarse, ni siquiera en adoptar decisiones discutibles o controvertidas.
Para que exista dicho delito es necesario que una autoridad o funcionario dicte una resolución arbitraria siendo plenamente consciente de su injusticia. Es decir, se requiere demostrar tanto la arbitrariedad como la voluntad deliberada de actuar al margen de los principios que deben regir la función pública.
Por tanto, afirmar categóricamente que existe prevaricación sería una conclusión que corresponde exclusivamente a los tribunales y no a mi
Sin embargo, que algo no haya sido probado judicialmente no impide que exista un debate político, institucional o ético sobre el modo en que se gestionan los recursos públicos, y ese debate no es solo legítimo; yo diría que necesario.
Porque cuando una encuesta pública se publica y una parte importante de la población la recibe con escepticismo automático, el problema ya no reside únicamente en las cifras sino en la confianza.
Las democracias necesitan árbitros independientes. Pero además necesitan que esos árbitros parezcan independientes; “Como la mujer del Cesar”
Pero resulta difícil pedir confianza ciudadana cuando el presidente del organismo fue anteriormente miembro destacado de la ejecutiva del partido actualmente en el Gobierno PSOE, transformado a hora en Sanchista; una circunstancia que, aunque legal, alimenta inevitablemente las sospechas de parcialidad entre muchos ciudadanos. ¿De quién depende la fiscalía? Se preguntaba y contestaba en público el propio Pedro Sánchez y se quedaba tan ancho el pollo.
Como siempre digo mi conclusión, propia de un viejo lobo de mar y maúro de Telde”
Cuando la duda también es un problema, quizás nunca pueda demostrarse que exista conducta delictiva alguna. Quizás las diferencias entre el CIS de Félix Tezano, y el resto de las encuestas respondan únicamente a decisiones metodológicas legítimas. Pero incluso en ese escenario seguiría existiendo una cuestión inquietante.
¿Cómo es posible que un organismo público financiado por todos los españoles aparezca una y otra vez tan alejado del consenso demoscópico nacional y de los resultados que posteriormente ofrecen las urnas
Esa es la pregunta que merece una respuesta clara., porque en democracia no basta con ser neutral. También es necesario parecerlo.
Y cuando millones de ciudadanos comienzan a desconfiar de los instrumentos oficiales llamados a medir la realidad, el problema deja de ser estadístico para convertirse en institucional.
“Y lo triste es la confianza pública tarda décadas en construirse, pero basta una sospecha persistente para ponerla en peligro. Y ningún gobierno, ningún partido y ninguna institución debería olvidar nunca, que el dinero del contribuyente no está para fabricar relatos, sino para buscar la verdad.
Y si a esto que hace Félix Tezano mes tras mes no se le puede calificar de “PREVALICACIÓN CON MAYÚSCULA” que venga Dios y lo vea; aunque bien pensado y teniendo en cuentas que todos son ateos, poco les va a importar, la opinión de nuestro Señor porque…. ¡Casos se han dado!
¡Qué cosas!
