La intención de la supuesta autora era provocar molestias al padre de su expareja, una persona de avanzada edad que sin embargo no precisaba de ningún tipo de asistencia médica a domicilio
La Guardia Civil del Puesto de Teror, en Gran Canaria, ha investigado el pasado día 26 de junio a una mujer de 34 años de edad e iniciales R.M.M.S., vecina de Las Palmas de Gran Canaria, como presunta autora de un delito desórdenes públicos, al realizar varias llamadas al 112 solicitando ambulancias para asistencia de una persona sin ésta necesitarlo.
Denuncia ciudadana
El pasado día 17 de noviembre de 2019 se recibe una denuncia en la Guardia Civil de Teror, donde al parecer, un vecino del municipio había solicitado asistencia médica a través del CECOES 1-1-2 en varias ocasiones, no siendo necesaria.
Dado que las molestias se habían producido hasta en tres ocasiones, con el consiguiente perjuicio en el ámbito de emergencias al activar hasta tres ambulancias de soporte vital básico para asistencias de gravedad, se procedió abrir una investigación sobre los hechos.
Investigación
Las pesquisas policiales, desarrolladas posteriormente, permitieron averiguar que R.M.M.S. presuntamente realizaba las llamadas sin estar en la vivienda de la supuesta persona con necesidad de atención médica, llamando al 112 únicamente con el objetivo de causar molestias -realizando alguna incluso durante la noche- por su mala relación familiar, alertando falsamente de que el denunciante se encontraba inconsciente y en el suelo.
Tras la investigación en colaboración con la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, que está a cargo del CECOES 1-1-2, se pudieron recopilar tanto las grabaciones de las llamadas en los diferentes días, así como el registro de los números desde donde se habían realizado las mismas.
Una vez que se obtuvo la titularidad de las líneas telefónicas mencionadas, a nombre de diferentes personas pero con relación entre sí, se puedo esclarecer la supuesta autoría de los hechos.
Desórdenes públicos
El coste total de los servicios activados ascendía a casi 700 euros, según los precios públicos de Servicios Sanitarios, conllevando mayor incidencia -en términos de emergencia- la movilización de ambulancias situadas en lugares estratégicos, máxime la de soporte vital avanzado, que presta servicio en un número limitado y para casos más graves.
Se recuerda que según el artículo 250 de la Ley 1/2015 por la que se modifica el Código Penal: “Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un años o pena de multa de tres a dieciocho meses”
Tanto la investigada como las diligencias han quedado a disposición del correspondiente Juzgado de Instrucción Nº 2 de la localidad de Arucas.
