Cuando la justicia pide las pruebas que el gobierno no presenta

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“El Supremo paraliza cautelarmente el voto de miles de nuevos españoles al considerar insuficientemente acreditada la regularidad del censo electoral elaborado por la propia Administración a toda prisa”.

La suspensión cautelar de miles de nacionalizados por la Ley de Nietos abre un choque jurídico sin precedentes entre tribunales, Gobierno y garantías electorales. 

¿Quién debía demostrar la buena fe ante la tormenta jurídica de la Ley de Nietos y el desafío a la credibilidad institucional?

El anuncio del Gobierno social comunista que preside Pedro Sánchez, de estudiar un recurso ante el Tribunal Constitucional, podría articularse una reflexión como la siguiente:

Porque en cualquier Estado de Derecho (guste o no a Pedro Sánchez), existe un principio básico tan antiguo como la propia Justicia; “quién adopta una decisión administrativa, debe estar en condiciones de justificarla”. No basta con actuar; hay que demostrar que se actuó correctamente y de buena fe.

La reciente decisión del Tribunal Supremo de mantener cautelarmente suspendido el derecho de voto de miles de nuevos españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática y a toda prisa; Ley conocida popularmente como “Ley de Nietos”, no constituye una discusión menor sobre trámites burocráticos. Lo que está en juego es algo mucho más profundo; esto es: “la credibilidad de los censos electorales, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.”

Según la propia argumentación del Alto Tribunal, persisten dudas sobre la trazabilidad y verificación de determinadas incorporaciones al censo electoral exterior, hasta el punto de considerar prioritario preservar la exactitud, transparencia y veracidad del proceso electoral.

“Y aquí es cuando surge una pregunta incómoda”.

Si fue la propia Administración quien concedió esas nacionalidades y posteriormente incorporó a estas personas al censo, ¿cómo es posible que, llegado el momento de defender judicialmente la regularidad del procedimiento, no haya sido capaz de acreditar de manera concluyente la corrección documental de las inscripciones que ahora se cuestionan?

Porque, en esencia, eso es lo que está diciendo el Supremo; que la Administración no ha logrado despejar suficientemente las dudas planteadas sobre determinados procedimientos de acceso al censo.

Naturalmente, ello no implica “per se”, que exista fraude, ni que las personas afectadas hayan actuado irregularmente. Muy al contrario; la inmensa mayoría probablemente actuó de buena fe y siguiendo los cauces establecidos por el propio Estado español.

Sin embargo, la responsabilidad de acreditar la regularidad administrativa nunca puede recaer sobre el ciudadano sino sobre quien administra.

“Una decisión cautelar extraordinaria”

No conviene minimizar la gravedad institucional del asunto.

La suspensión cautelar del ejercicio del derecho de voto de más de 163.000 personas reconocidas como españolas constituye una medida excepcional en nuestra democracia. Precisamente por ello, la resolución judicial tiene una enorme relevancia.

Los magistrados no discuten aquí un programa político ni una ley aprobada por las Cortes. Lo que cuestionan provisionalmente es si determinadas incorporaciones al censo reúnen todas las garantías exigibles antes de participar en un proceso electoral.

De hecho, el Supremo sostiene expresamente que el derecho de sufragio, siendo fundamental, no posee carácter absoluto cuando entra en conflicto con la preservación de la pureza y veracidad del censo electoral.

Podrá el gobierno social comunista de Pedro Sánchez y su amigo y demostrado sanchista hasta decir basta, Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional compartir o no esa interpretación, pero jurídicamente resulta difícil negar que se encuentra, “razonada y fundamentada”.

“El inevitable choque con el Constitucional”

La dimensión política del conflicto es aún mayor.

El Gobierno, derrotado una vez más en sus intenciones, sospechosamente de tipo dictatorial chavista, ya ha manifestado su intención de estudiar la vía del Tribunal Constitucional para intentar revertir la decisión.

Muchos observadores dan prácticamente por hecho que el Constitucional de Conde Pumpido, no se atreverá a llevarle la contaría al gobierno y en consecuencia podría terminar adoptando una posición distinta a la mantenida por el Alto Tribunal Supremo.

Sin embargo, conviene actuar con prudencia. A fecha de hoy, nadie puede afirmar con certeza cuál será la decisión del Tribunal Constitucional. Lo único acreditado es que el Gobierno está analizando esa posibilidad y ya ha dado instrucciones concretas a Conde Pumpido y su bancada progresista de cómo deben actuar.

No obstante, si finalmente el Constitucional levantara las restricciones cautelares y permitiera votar a los afectados el 29 de noviembre, la consecuencia política sería inevitable;  una parte significativa ante   la opinión pública, que  volvería a interpretar el episodio como un nuevo enfrentamiento entre altos órganos del Estado y ante Europa, una vez más quedaríamos como el mejor ejemplo de republica bananera dictatorial del tipo chavista, aunque esto poco no nada le importa al gobierno Social comunista de Pedro Sanchez, que se sabe derrotado en las próximas y agarrase ahora a cualquier clavo, por muy  ardiente que esté, lo va a intentar sí o sí.

Y eso resulta especialmente delicado en un momento en que la polarización política ya ha erosionado considerablemente la confianza ciudadana y hasta la propia CE tiene sus dudas en la forma de actuar de muchas instituciones españolas. Y muy particularmente en la cada vez mas evidente falta de independencia judicial, a la que el gobierno no para de abordar.

“La repercusión en España y en Europa”

Si, le guste o no a este gobierno social comunista actual presidido por Pedro Sánchez, la cuestión también trasciende, por desgracia, a nuestras fronteras.

España se presenta ante la Unión Europea, con serias dudas de   una democracia consolidada, con garantías electorales homologables a las de cualquier país de su entorno y una clara intención del gobierno social comunista de Pedro Sanchez en actuar sobre el poder judicial, para ponerlo bajo sus órdenes.

Por ello, que el máximo órgano jurisdiccional ordinario considere necesario suspender cautelarmente la participación electoral de más de 163.000 ciudadanos extranjeros , por tener dudas fundadas relacionadas con la formación del censo, constituye, un hecho que inevitablemente ha llamado la atención dentro y fuera del país.; más aún, si el conflicto termina convirtiéndose en un pulso entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la imagen exterior de España no dependerá  únicamente de quién gane la batalla jurídica, sino de que los ciudadanos perciben claramente  que las reglas no son transparentes, estables y aplicadas con criterios que inspiren confianza necesaria en un país de la CE , como lo es España.

“A todas estas, la conclusión a que llega este viejo lobo de mar y maúro de Telde para más señas, es que…”

Más allá de simpatías ideológicas o preferencias partidistas, este episodio deja una enseñanza realmente preocupante.

Si una Administración concede nacionalidades, incorpora ciudadanos a un censo electoral a toda prisa y posteriormente no puede acreditar de forma inmediata y convincente ante los tribunales la plena regularidad de los procedimientos realizados, el problema no es de los ciudadanos afectados.

El problema es de la propia Administración, porque como decimos en mi pueblo de Telde… “Aqui hay algo que no coneja, por el pestazo a trapo quemado que desprende desde el principio”

Y cuando esa falta de claridad termina afectando a un derecho tan esencial como el voto, el daño trasciende el ámbito jurídico para instalarse en el terreno más peligroso de todos, que es la desconfianza ciudadana.

Porque en democracia tan importante es votar como estar absolutamente seguros de que el censo sobre el que se construye ese voto es incuestionable.

Y cuando esa certeza desaparece, la verdadera perjudicada acaba siendo siempre la misma: la credibilidad de las instituciones.

Así que, y usando una vez mas una exclamación canaria, le digo a Pedro Sánchez, ya te salió bien una primera vez con tu propio nombramiento como secretario general del PSOE, pero en esta ocasión, se te ha visto con tiempo el plumero… Y Compadre, amarre las cabras que tengo el macho suelto, que quien avisa no es traído, mira que… ¡Casos se han dado!”

¡Qué cosas!