Día Mundial de la salud mental: de la patologización a la justicia social
Cada 10 de octubre se hace un llamamiento al autocuidado, la resiliencia y la gestión de las emociones. Sin embargo, la práctica diaria de la psicoterapia muestra una realidad más cruda cuando trabajamos con mujeres en exclusión social y precariedad económica. Si a esto sumamos el hecho de ser víctimas de violencia de género, se hace aún más patente que su sintomatología —ansiedad, depresión, trauma…— no se debe a problemas de su química cerebral, sino que son respuestas lógicas a un entorno hostil. Todo ello viene muy bien explicado a través de la pirámide de Maslow, donde se establece que la ausencia de cobertura de necesidades básicas (alimento, sueño, techo, estabilidad económica, salud física, necesidades afectivas, seguridad…) conlleva problemas de salud mental.
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre desde 1992, impulsado por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) y la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo es visibilizar los trastornos psicológicos, acabar con el estigma social y exigir políticas públicas eficaces. En 2026, bajo el lema global «Escuchemos a las personas con experiencia vivida», se hace urgente tener en cuenta a quienes se enfrentan a una doble vulnerabilidad: las mujeres. En ellas es evidente cómo la violencia estructural, la precariedad económica, el desempleo y la falta de vivienda frenan sus propios procesos de recuperación individual. En estos casos, el sufrimiento psíquico también viene determinado por variables sociales que tienen efectos devastadores cuando concurren con la violencia de género. La psicoterapia no puede resolver sola lo que la desigualdad social destruye. Sanar la mente requiere garantizar entornos seguros y la cobertura de los derechos humanos más elementales.
Según la OMS, las mujeres presentan el doble de prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión mayor debido a las dobles jornadas, el rol de cuidadoras, el estado de alerta y el agotamiento. La precariedad económica reduce su autonomía, dejándolas expuestas a entornos abusivos. Además, se suma la tendencia a la medicalización con antidepresivos y ansiolíticos, en lugar de atender a las causas estructurales que los provocan. Diseñar políticas públicas que aseguren una vivienda digna, un empleo regulado y un sueldo básico no es solo una medida de bienestar social: es una intervención preventiva de salud mental necesaria y urgente. El fin último de la terapia y la política sería dotar a las mujeres de condiciones reales para levantarse y tener su propia soberanía (poder sobre su vida, su cuerpo y sus decisiones), porque, tal y como expresó Angela Davis: «No voy a seguir aceptando las cosas que no puedo cambiar. Voy a cambiar las cosas que no puedo aceptar».
