Haciendo gala de un claro oportunismo electoralista, el Gobierno de Canarias anuncia medidas de última hora en determinados sectores, en los que aspira a obtener rédito político, mientras ningunea y traiciona a la Educación Pública y sus trabajadores.
CSIF Canarias lleva tiempo exigiendo la regulación del teletrabajo en el sector docente, para aquellas acciones que no impliquen docencia directa (claustros, consejos escolares, reuniones de coordinación, etc.) tal y como se hacía en pandemia y hasta septiembre del 2022. Mientras la Consejería de Educación no se ha dignado, siquiera, a responder a los escritos presentados por esta organización sindical al respecto, el Gobierno de Canarias anuncia, con fecha 11 de mayo, la mejora en las condiciones de Teletrabajo del personal administrativo, con hasta 3 días semanales de teletrabajo. Unos tanto y otros, porque no interesan, tan poco.
Escandaliza, también, el reciente anuncio de la Consejería de Educación sobre la mejora de las condiciones en los acuerdos con la Educación Concertada. Mientras cierra unidades, centros, desplaza a docentes de sus destinos definitivos, crea decenas de aulas mixtas, por falta de alumnado, mejora las ratios de los centros concertados para mantener todos los conciertos y que no pierdan unidades, ni dinero. Al tiempo que alega problemas presupuestarios para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes en la escuela pública, mejora el salario de los docentes de la escuela concertada. CSIF Canarias considera positivo las mejoras de los trabajadores de la escuela concertada, pero no podemos dejar pasar por alto, que el 100% de los costes de los trabajadores se paga con dinero público y la selección del personal no está bajo el control de la administración, sino al contrario, son escogidos a dedo por el centro privado. De igual forma, anuncia mejoras en las partidas presupuestarias para otros gastos en la concertada, mientras muchos centros públicos claman por reformas urgentes o denuncian la falta de personal administrativo, de comedores y, ante una Secretaría General Técnica que, ni está, ni se la espera.
No se debe obviar que la figura de la escuela concertada estuvo justificada en tiempos en los que la escuela pública no podía asumir la demanda de atención educativa y siempre como subsidiaria de la pública, pero actualmente nos encontramos ante un grave problema de falta de matriculación en la escuela pública, que obliga a tomar decisiones duras y precariza las condiciones de trabajo de los docentes y la calidad del servicio recibido por el alumnado en las zonas de influencia de esos centros. Resulta inadmisible que, ante este panorama, el Gobierno de Canarias apueste por inyectar dinero a negocios privados, cuyo servicio ya no resulta necesario. Los partidos llamados de progreso, que gobiernan la administración educativa de canarias, comienzan su campaña electoral con palabras como “la defensa y apoyo a la enseñanza pública y justicia social” mientras que en la realidad potencian la segregación escolar y pronto convertirán a Canarias en la segunda o primera comunidad más segregadora de España, pero siendo la penúltima en renta per cápita.
Ante lo expuesto, no cabe duda al afirmar que el Gobierno de Canarias ha decidido traicionar a la Escuela Pública y sus trabajadores.
