Bajo un titular que puede parecer deliberadamente irónico, late una preocupación real que hoy comparten millones de ciudadanos: la sensación de que una pieza maestra del engranaje democrático se ha vuelto prescindible. La incapacidad sistemática del Gobierno para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), recurriendo año tras año a la prórroga, no es solo una curiosidad administrativa; es una anomalía política que abre interrogantes profundos sobre nuestra salud institucional.
Para el ciudadano de a pie, aquel que cumple puntualmente con sus deberes fiscales, resulta incomprensible que el incumplimiento de un mandato constitucional básico se haya normalizado hasta el punto de la indiferencia. Ante este panorama, conviene detenerse en cuatro ejes fundamentales.
1. La utilidad real de las cuentas públicas
Los Presupuestos no son un frío fajo de documentos técnicos para economistas. Son, en esencia, la traducción numérica de un proyecto de país. En ellos se plasma el «quién es quién» de las prioridades políticas: cuánto se destina a sanidad, a educación, a nuestras carreteras o a la dependencia. Sin ellos, el control parlamentario sobre el dinero de todos se difumina, y el Ejecutivo se ve obligado a gestionar una realidad económica que ya no existe, utilizando herramientas del pasado para problemas del presente.
2. El abuso de la excepción constitucional
Nuestra legislación prevé la prórroga automática para evitar el vacío legal y el bloqueo del Estado. Sin embargo, lo que se diseñó como una «válvula de seguridad» para momentos excepcionales se ha convertido en el modus operandi habitual.
Gobernar sine die con presupuestos heredados desnaturaliza el espíritu de la Constitución, que exige una rendición de cuentas anual. Esta práctica transmite un mensaje peligroso a la sociedad: que las normas fundamentales son elásticas y pueden estirarse indefinidamente sin que pase nada.
3. Una factura que pagamos todos
Vivir en una prórroga constante genera una onda expansiva de efectos negativos:
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Rigidez económica: El Estado pierde agilidad para responder a crisis o nuevas necesidades sociales.
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Parálisis de inversión: Los proyectos estratégicos que requieren nuevas partidas quedan, sencillamente, en el limbo.
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Desgaste institucional: Se erosiona la confianza del ciudadano y se genera inseguridad jurídica para las empresas.
A largo plazo, esta dinámica no solo frena el crecimiento, sino que degrada la calidad de nuestros servicios públicos y, lo que es peor, nuestra cultura democrática.
4. ¿Qué «pensaría» la Constitución de este escenario?
Si bien la Carta Magna de 1978 no «opina», sus reglas son nítidas. El texto establece que el Gobierno debe elaborar los presupuestos y las Cortes deben examinarlos y aprobarlos.
Es cierto que no existe una sanción automática por prorrogar, pero estamos ante un cumplimiento formal que vacía de contenido el cumplimiento material. Se respeta la letra de la ley para esquivar su espíritu. Al evitar el debate presupuestario, el Gobierno evita también el coste político de negociar y la obligación de rendir cuentas, debilitando así el principio de responsabilidad política.
Reflexión final: Lo excepcional como norma
Si nuestra Constitución tuviera voz, probablemente advertiría que el verdadero peligro no es la herramienta de la prórroga en sí, sino su uso estructural para evitar el consenso.
Lo que queda claro es que la gestión actual —marcada por esa coalición que lidera Pedro Sánchez— está flaco favor le hace al país. Para quienes observamos la realidad con el pragmatismo de la tierra, esto no resulta una sorpresa. Como solemos decir «los maúros de Telde»: «Quien nace barrigón, ni que lo fajen de pequeñito». Y es que, aunque parezca increíble en una democracia madura, ¡casos se han dado!
Lo preocupante no es que los presupuestos sirvan o no; lo alarmante es la creciente indiferencia de quienes deberían velar por ellos. Cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, el problema deja de ser contable para convertirse en un fallo del sistema.
¡Que Cosas!
