Se cumplen cinco años de aquel 19 de mayo de 2021, una fecha que marcó un antes y un después en la historia reciente de la democracia española. Lo que en su día comenzó como una filtración desde Francia terminó siendo una realidad reconocida oficialmente: el terminal móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron comprometidos mediante el software israelí Pegasus. No fue un bulo; hubo una extracción masiva de datos confirmada por el propio Ejecutivo en mayo de 2022. Sin embargo, hoy, media década después, el vacío informativo sigue siendo la nota dominante.

Un silencio que erosiona las instituciones

El problema central ha dejado de ser únicamente la brecha de seguridad para convertirse en un «sospechoso silencio oficial». Resulta incomprensible que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tardara un año en detectar una intrusión de este calibre en la máxima autoridad del Estado. Esta dilación temporal genera preguntas que el pueblo español merece ver contestadas con claridad meridiana: ¿Qué volumen de información fue sustraído? ¿Afectaba a decisiones estratégicas? ¿Por qué se ocultó a la ciudadanía durante doce meses?

El Gobierno ha optado por levantar un muro de opacidad escudándose en la seguridad nacional. Pero en una democracia madura, la seguridad del Estado no puede ser el escondite de la falta de transparencia. No todos somos hijos de un plan educativo dogmático; la ciudadanía española demanda altura de miras y respuestas, no una gestión de la información que recuerda a dinámicas de democracias bajo sospecha.

El tablero geopolítico: Entre el Monte Tropic y el Magreb

Es imposible analizar este caso sin observar el contexto diplomático de aquel entonces. Las infecciones se produjeron en un momento de tensión máxima con Marruecos, con las reivindicaciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla y la delimitación de las aguas territoriales canarias sobre la mesa. No podemos olvidar el valor estratégico del Monte Tropic, ese antiguo volcán submarino al suroeste de El Hierro, cuyas riquezas minerales son objeto de deseo internacional.

Si bien no existe una atribución judicial firme —lo que permite al Ejecutivo refugiarse en la prudencia exterior—, los análisis técnicos apuntan de forma recurrente hacia Rabat. En ese espacio de «imposibilidad probatoria» es donde crece la inquietud pública. Mientras no se aclare qué información poseen terceros, la sombra del chantaje o la presión diplomática planeará sobre cada decisión que tome el Gobierno respecto a nuestros vecinos del sur.

La voz de la experiencia contra el ocultismo

Como quien ha servido en la Armada durante los convulsos tiempos de la «Marcha Verde» y ha visto de cerca las idas y venidas de la política africana, uno aprende a reconocer cuándo la estrategia es débil. La gestión de este asunto, liderada en la superficie por figuras como el ministro Albares, parece carecer de la «altura de cresta» necesaria para un envite de esta magnitud.

La política moderna ha demostrado que los vacíos se llenan de hipótesis. Si el Gobierno de Sánchez administra la información a cuentagotas, lo que fomenta es la incertidumbre y la desconfianza. El espionaje al presidente no es un asunto privado ni una cuota de partido; es una auténtica cuestión de Estado.

«En el mar, preferimos un macho jorobado antes que una cabra partida. En política, preferimos la verdad incómoda antes que el silencio cómplice.»

Cinco años después, el balance es paradójico: sabemos que fuimos vulnerables, pero ignoramos las consecuencias reales de esa vulnerabilidad. Es hora de que el Ejecutivo rinda cuentas ante el Parlamento y la sociedad. La soberanía de una nación no solo se defiende en sus fronteras, sino también en la transparencia de sus líderes.